A 40 AÑOS.... Susana Malcorra dice que desclasificó archivos de la dictadura

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto difundido el jueves 24 fue replicado por varios medios, sobre todo por los más oficialistas. La cartera que conduce Susana Malcorra anunciaba que “en el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar en nuestro país, la Cancillería Argentina ha desclasificado 847 documentos históricos referidos a violaciones de DDHH durante la última dictadura”.

La novedad generó, naturalmente, el interés de todos quienes hace años luchan por Memoria, Verdad y Justicia y contra la impunidad en Argentina. Sin embargo por el momento el anuncio es solo eso. Un mero anuncio barnizado de una supuesta “voluntad del Estado de garantizar el derecho a la verdad”, según la definición del propio comunicado.

La escueta comunicación de prensa de Cancillería afirma que “los documentos echan luz sobre actos represivos y violaciones a los derechos humanos, y permiten conocer la gestión de gobierno y posibilitan colaborar con las solicitudes judiciales en curso”.

Entre la documentación “desclasificada”, dice Cancillería, “se destacan cables de embajadas que se refieren a denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina; cables sobre casos notificados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refieren al informe producido por ésta; remisión de artículos en periódicos internacionales que denuncian la situación en Argentina y cables enviados por la Misión Permanente ante los Organismos de Naciones Unidas en Ginebra al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto referidos a comunicaciones de la División de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la detención y desaparición de personas en la Argentina”.

Cuestión de Estado

Si bien el anuncio suena a “poco”, sobre todo al ser realizado justo cuando se cumplieron 40 años del golpe cívico-militar, no deja de confirmar tres supuestos que hace años manejan los propios organismos de derechos humanos, especialmente los que durante el kirchnerismo se mantuvieron independientes y no fueron cooptados por el Estado.

El primero de esos supuestos es que al día de hoy, contrariamente a lo que muchos sostienen, en infinidad de edificios, oficinas y dependencias estatales existen archivos y documentación sustancial sobre los hechos, las circunstancias y sus protagonistas, acontecidos durante la dictadura cívico-militar. Un material que, pese a la exigencia permanente de los organismos, sigue siendo guardado bajo siete llaves por el Estado.

El segundo supuesto es que todas las fuerzas políticas a las que les tocó gerenciar el Estado, desde 1983 a la fecha, se arrogaron la potestad de “desclasificar”, “desarchivar” y “dar a conocer” retazos de esa documentación más que sensible, cuándo y cómo se les dio la gana. Sin dudas en eso hizo punta el kirchnerismo, que a lo largo de una década presentó cada “apertura” de archivos circunstancial como un hecho único y épico, muchas veces por cadena nacional.

Y el tercero es que, pese a la retórica, los gestos y los símbolos, cuando el kirchnerismo tuvo la manija del Estado estuvo muy lejos de dar un vuelco real en la búsqueda de la verdad y la justicia. Que hoy Malcorra diga que se desclasificaron 847 archivos, no sólo habla de su propio oportunismo derechista (su Ministerio hizo el anuncio con mucho menos entusiasmo que con el que se babeó por la visita de Obama) sino que delata al kirchnerismo porque no los desclasificó. Las gestiones de Rafael Bielza, Jorge Taiana y Héctor Timerman tuvieron el mismo acceso a esos archivos (o más incluso) que la de Malcorra. Obviamente, al no saberse aún de qué archivos se trata, a los cancilleres anteriores los asiste el beneficio de la duda sobre el nivel de responsabilidad que les cabe por no haberlos “desclasificado” entre 2003 y 2015. ¿Será un nivel de responsabilidad alto, muy alto o altísimo?

Lo cierto es que la decisión de abrir o mantener en secreto esa infinidad de archivos militares, policiales, políticos, económicos, eclesiásticos y civiles es una verdadera cuestión de Estado. Es que los intereses de las clases dominantes (las que llamaron y sostuvieron al golpe, las mismas que hoy siguen siendo las dueñas del país) deben resguardarse a como dé lugar.

Que se abran todos

La exigencia de “apertura de todos los archivos de la dictadura” fue creciendo a lo largo de las décadas del 80, 90 y los 2000. Y con el kirchnerismo en el poder se acentuó, ya que justamente se trataba de un gobierno que hizo alarde de la defensa de los derechos humanos como ninguno de sus predecesores.

Por otra parte, desde la anulación de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 (producto de la larga lucha de los organismos y una parte importante de la sociedad) en cada nuevo juicio a los genocidas salieron a la luz datos, nombres, fechas y lugares, provistos centralmente por los testimonios de sobrevivientes y familiares.

Ante cada nueva pista que pudiera permitir avanzar en investigaciones, procesamientos y condenas, las querellas y los organismos de derechos humanos exigieron que se abran los archivos en poder del Estado, sobre todo aquellos más sensibles que pudieran echar luz sobre el pasado. Pero en contadas ocaciones esas exigencias fueron respondidas satisfactoriamente.

Ni siquiera los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Daniel Scioli abrieron los archivos de las policías Bonaerense y Federal y de los servicios de inteligencia estatales para buscar esclarecer la desaparición de Jorge Julio López en septiembre de 2006, un hecho en el que está comprobada la participación de esas fuerzas y oficinas de espionaje.

Es así que al día de hoy sobrevivientes, familiares y compañeros de las víctimas y el pueblo trabajador de conjunto siguen luchando por saber el destino de los 30 mil, siguen buscando a los 400 nietos que faltan y, en consecuencia, siguen peleando por encarcelar a todos y cada uno de los culpables, sean militares o empresarios, policías u obispos, penitenciarios o burócratas sindicales. Y esa lucha se da día a día contra el propio Estado y sus instituciones.

Por eso la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman (PTS), abogada querellante en causas de lesa humanidad, informó esta semana que presentará en el Congreso un proyecto de ley “para que sean abiertos los archivos de la represión, que continúan en poder del Estado”. El proyecto abarca a los archivos del período que va desde el 21 de noviembre de 1973 (cuando la Triple A atentó contra el abogado Hipólito Solari Yrigoyen) a la asunción del Gobierno constitucional el 10 de diciembre de 1983 y “que obran en poder de los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Nación”.

En ese marco Bregman afirmó que “tenemos derecho a saber qué información tiene almacenada el Estado sobre las personas y organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, obreras y populares cuyos integrantes fueron espiados, secuestrados, torturados y desaparecidos. Queremos que los archivos se hagan públicos para quebrar este pilar de la impunidad que rige desde la dictadura hasta el día de hoy”.