Había sido ordenado por una jueza de primera instancia. En una sesión exprés el Tribunal Supremo suspendió la medida
Jueves 8 de agosto de 2019 00:00
El pasado miércoles la jueza federal Carolina Lebbos ordenó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea trasladado a un "establecimiento" de Sao Paulo desde Curitiba, donde cumple una pena de prisión por el fallo de una causa arbitraria armada en su contra.
En una sesión exprés, el Tribunal Supremo dejó sin efecto la medida con 10 votos a favor de la suspensión y solo 1 en contra. La defensa del ex mandatario interpuso un pedido para evitar el traslado hasta tanto no se analice el "habeas corpus" en el que se cuestiona la actuación del entonces juez Serio Moro en la causa que terminó en la condena de Lula en primera instancia.
El recurso de la defensa incluía, además, un pedido para que el ex presidente fuera puesto en libertad de manera inmediata. A esto el Tribunal Supremo respondió con una abrumadora votación en contra.
Lula se encuentra detenido desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde cumple una condena de 8 años y 10 meses, producto del autoritarismo judicial que tuvo un objetivo central, impedir el derecho democrático elemental del pueblo a elegir a quién votar en las elecciones.
El encarcelamiento del ex presidente derivó en las elecciones presidenciales más manipuladas de la historia reciente de Brasil. Un verdadero show mediático, con filtración de conversaciones y fallos basados en “convicciones” y sin pruebas concretas, como salió a la luz en los recientes chats de Telegram el juez Sérgio Moro y su brazo derecho, el fiscal federal Deltan Dallagnol.
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La magistrada Carolina Lebbos subrayó "la plena pertinencia de la transferencia" para Sao Paulo y recordó que "no hay razones" para mantener el cumplimiento de la pena "en un lugar distante del núcleo familiar y social".
Desde la defensa del expresidente, insistieron en que "Lula es víctima de una intensa humillación ilegal impuesta por parte del sistema de justicia", según señaló en una nota el abogado Cristiano Zanin Martins.
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La detención de Lula es una expresión del avance del autoritarismo judicial y la derecha. La exigencia de la libertad inmediata de Lula, sin apoyar a Lula ni al PT políticamente, es parte de rechazar todos los ataques del poder judicial contra los derechos democráticos de la población, que poseen un objetivo central de debilitar las posiciones de los trabajadores en el interior del régimen político más endurecido y autoritario, dificultando la organización sindical y las luchas obreras a fin de descargar la crisis capitalista sobre las espaldas de los trabajadores, como expresa la reforma previsional y el ajuste que busca aplicar el gobierno de Bolsonaro.
