Viernes 19 de septiembre de 2014 13:16
El juez platense Luis Federico Arias dictó ayer un fallo que suspende la aplicación de la resolución que permitía el alojamiento de detenidos en comisarías. La medida era “regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención”, por lo que “podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado”, según las declaraciones del magistrado. El fallo de Arias hace mención a la visita de la Relatoría de la Comisión Interamericana de DD.HH. a la provincia de Buenos Aires del 7 al 10 de junio de 2010, la que señaló que “las comisarías de policía son centros concebidos para detenciones transitorias que no cuentan con la infraestructura ni los servicios básicos para asegurar condiciones dignas de detención. Además, debido a su formación, el personal policial no está preparado para cumplir con la función de custodia de detenidos”.
El fallo de Arias se desprende de la medida cautelar presentada por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica) a principios de septiembre con el objeto de poner fin al hacinamiento de detenidos en comisarías. Durante los últimos años, según los registros del Ministerio de Seguridad bonaerense, la cantidad de detenidos en comisarías se duplico progresivamente de 894 en 2012 a 1.694 en 2014, aunque según trascendidos las estimaciones consideran un subregistro que superaría más de 3000 detenidos. La población carcelaria del Servicio Penitenciario Bonaerense llegó al record de 33.166 detenidos (la gran mayoría jóvenes pobres sin condena).
El fallo de marras contraría la Resolución 642, mediante la cual el ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados dispuso la rehabilitación de los calabozos de las comisarias bonaerenses, según los requerimientos del gobernador Daniel Scioli respecto de la declaración de emergencia pública en materia de seguridad, signada en el pasado mes de abril. Desde ese momento se disparo la “cantidad de delincuentes abatidos en hecho de inseguridad”, como declaro Scioli.
Las políticas de mano dura y criminalización de la pobreza de Sergio Berni y Alejandro Granados ya mismo procuran abrirse paso postulando la construcción de nuevos penales, ante los signos recesivos de la situación económica.
