Tribunal constitucional acogió solicitud de abogados Mario Araya y Claudio Fierro, quienes piden la inadmisibilidad de la aplicación de la Ley de seguridad del Estado contra el profesor de matemáticas Roberto Campos, quien habría golpeado un torniquete del metro en el contexto de la revuelta.
Sábado 24 de abril de 2021
Los abogados habrían apelado a la inadmisibilidad de la aplicación de la LSE porque afirman que "se ha utilizado históricamente de manera política y eso se ve reflejado en que la única forma de aplicarla es que el Gobierno la invoque, como es el caso que afecta a Campos. Siendo así, esto impediría al Ministerio Público calificar el delito, finalmente lo haría el poder político, es decir, el Ejecutivo, y eso impacta en que la conducta delictual que se imputa no esté completamente descrita en la ley, lo que afecta el principio de tipicidad o taxatividad, garantizados en la Carta Magna". (Fuente: la tercera)
Por la libertad y desprocesamiento de tod@s l@s pres@s politic@s
Como demuestra el caso del profesor Roberto Campos y los cientos de jóvenes presos de la revuelta popular, el poder judicial de la mano con el ejecutivo, en complicidad también con los testimonios de policías "intramarchas", buscan criminalizar, amedrentar y reprimir las expresiones de descontento contra el régimen.
El alegato de inconstitucionalidad de la aplicación de la ley de seguridad del Estado, abre la puerta a una salida institucional para quienes están siendo víctimas del ensañamiento judicial del Estado y el gobierno de Piñera.
Necesitamos garantizar la libertad de tod@s l@s pres@s polític@s de la revuelta mediante un indulto que sea impuesto por la fuerza de la organización de miles. No puede rescatarse ni un solo párrafo de la nueva constitución sin la libertad de todos los presos políticos.
Debemos levantar la más amplia organización contra la represión y el terrorismo de Estado. Contra la persecución política de la juventud que saltó los torniquetes.
