Un fuerte cuestionamiento al Tribunal Constitucional se abrió luego de que éste fallara a favor de la eliminación del artículo 63 de la Ley de Educación Superior, el cual prohibía el lucro en la educación.
Akemi Matsubara Egresada Derecho Universidad de Antofagasta
Sábado 31 de marzo de 2018
El Gobierno de Piñera ha realizado diversos ataques a menos de un mes de asumir la presidencia del Estado, en miras de cerrar el ciclo de cuestionamiento abierto por el movimiento estudiantil.
Entre los distintos ataques, podemos encontrar el decreto que amplía la objeción de conciencia y limita la ley de aborto 3 causales, la futura creación de una unidad policial antiterrorista para reprimir al pueblo mapuche, y el último fallo del Tribunal Constitucional que da luz verde al lucro en la educación.
Un tribunal dictatorial
Si bien el Tribunal Constitucional (TC) fue creado en 1970, fue disuelto el 10 de noviembre de 1973 en plena dictadura militar. No es hasta 1980 que se repuso como organismo y se estableció dentro de la Constitución de 1980, y desde entonces ha funcionado como un férreo protector de la herencia de la dictadura fundamentada en la ilegitima Constitución de 1980.
Ya lo vimos en las reiteradas veces en que la derecha ha acudido a este órgano para defender el gobierno de los empresarios y detener los avances de los movimientos sociales: Para impugnar la reforma laboral, el cual eliminó en aquel momento la titularidad sindical, o cuando acudieron para echar por tierra el proyecto de ley de aborto 3 causales y la reforma al sistema binominal.
O el 2017 cuando el TC rebajó 7.200 millones de pesos en multas de 2 involucrados en el caso Cascadas, el cual ya en 2016 el mismo tribunal aplicó la rebaja para Roberto Guzmán León, quien también está implicado en el caso Cascadas, disminuyendo la multa desde los 550 mil UF hasta 15 mil UF, el cual deja en la impunidad a los empresarios que financiaron a los parlamentarios corruptos.
Pero no es sólo una institución que es herencia de la dictadura y como tal la protege, sino que además es un órgano que es sumamente antidemocrático, pues cumple el rol de “tercera cámara”, pues tiene el poder de declarar la inconstitucionalidad de un proyecto o ley a pesar de haber sido aprobado por el Congreso.
En este marco, es que la composición del propio TC es un escándalo autoritario tremendo: ¡No los escoge nadie!: tres son designados por el Presidente de la República, cuatro son elegidos por el Congreso Nacional y tres son elegidos por la Corte Suprema, y la duración del cargo es de 9 años. Esto es una clara demostración de que es una institución creada para proteger los principios de la Constitución de la dictadura basados en la defensa de la propiedad privada y el monopolio de la fuerza. Ambos puntos benefician directamente la ganancia para una minoría y trabajo precario para millones.
Ante esto, la Nueva Mayoría y ex Concertación, han sido cómplices de mantener desde el retorno a la “democracia” un órgano que ha sido un opositor a las reformas planteadas por los movimientos sociales, trabajadores, estudiantes y mujeres. Pues la reforma encabezada por el ex Presidente Lagos el 2005 no eliminó este órgano, sino que lo fortaleció, dándole más atribuciones como la "acción de inaplicabilidad" (que antes estaba en manos de la Corte Suprema), aumentó el número de jueces designados por el Presidente, entre otros.
Tribunal Constitucional: un gran estorbo y un aliado de la derecha
Frente a cómo opera y para quiénes trabaja ésta institución, hay que cuestionarse si realmente es necesario que siga funcionando. El Gobierno de Piñera fue enfático en que no reformará el tribunal, pues el Ministro Chadwick aclaró a la prensa que están “concentrados en prioridades que creemos más urgentes de sacar adelante”, manteniendo el TC como un gran aliado de los empresarios, y por supuesto, la derecha.
Ante esto, es insuficiente una simple reforma a un tribunal que durante décadas se ha encargado de proteger los pilares de la dictadura de Pinochet y a sus políticos empresariales, tal como lo vemos hoy con el fallo a favor del lucro en la educación, que no solamente ocurre por la propia existencia del Tribunal, sino que por las mismas reformas de la NM, que no terminaron con el negocio educativo (más bien lo perfeccionaron) y también por la estrategia de conciliación y negociación parlamentaria que el Frente Amplio apoyó, votando leyes que no acabaron con el mercado en la educación, tal como lo hizo Giorgio Jackson
En base a esto Dauno Tótoro, ex candidato a diputado por el distrito 10 por el Partido de Trabajadores Revolucionarios, criticó férreamente al tribunal y propuso la eliminación de éste: “Es necesario eliminar un tribunal que ha respondido históricamente a los empresarios y políticos corruptos, y que nuevamente actúa como un guardián férreo de la Constitución de Pinochet, permitiendo el lucro en la educación, el cual en ningún caso el gobierno de la Nueva Mayoría se propuso finalizar.”
Tótoro realizó un llamado a fortalecer la movilización y la unidad con otros sectores para frenar los ataques de la derecha: “Hoy en día, el Confech, el CDP y la Cones están convocando a una marcha para el 19 de abril, tenemos que fortalecer esa convocatoria y que sea un paro de unidad entre trabajadores y estudiantes, como un primer puntapié para desarrollar un plan de movilizaciones, para buscar efectivamente poner fin a la educación de mercado en todos sus sentidos, y esto será exclusivamente a través de la educación gratuita universal financiada mediante aportes basales directos por parte del Estado hacia las instituciones, con una apertura de matrículas que permita el acceso irrestricto para que quien quiera estudiar pueda hacerlo gratuitamente, cumpliendo con un derecho social básico”.
