La masacre de Tanhuato, recién acreditada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pone de nueva cuenta en crisis no sólo a las fuerzas represivas del Estado, sino que, de conjunto, cuestiona la estrategia de seguridad nacional implementada en nuestro país bajo las órdenes de Estados Unidos.
Martes 23 de agosto de 2016
La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó su informe sobre el caso Tanhuato, en donde 42 personas que fueron asesinadas en mayo de 2015, durante un supuesto enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los resultados fueron claros: en Tanhuato se cometió una ejecución sumaria por parte de elementos de la PF en contra de civiles.
Leer: Conclusiones de la CNDH
Este informe se publica apenas unos días antes de la instalación del 55 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el gobierno federal estaba “comprometido” con el “castigo sin miramiento” de las violaciones a los derechos humanos. El secretario puntualizó que éstas debían ser comprobadas.
En este evento, Chong aseguró que el gobierno mexicano “ha cumplido” con las sentencias y recomendaciones emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de asegurar que el federal había avanzado en “abrirse al escrutinio de la ciudadanía”, así como de organismos autónomos nacionales e internacionales. Esta versión se contrapone con lo visto durante la investigación en torno al caso Ayotzinapa, por mencionar tan sólo un ejemplo, en donde tanto el equipo de peritos enviado por la CIDH, como los padres de los 43 normalistas y sus abogados, denunciaron en repetidas ocasiones las trabas que el mismo gobierno ponía con tal de imponer su “verdad histórica”.
“Miente la CNDH”: excomisionado Nacional de Seguridad
El actual comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, aseguró que los policías habían actuado en “legítima defensa” y pidió que se regulara el uso de la fuerza, despertando entre la opinión pública el cuestionamiento de ¿qué no ya la Policía Federal cuenta con una regulación vigente sobre el uso de la fuerza? ¿Falló? Y si falló ¿por qué? ¿Quiénes son los responsables?
La responsabilidad sobre la ejecución de 42 personas en Tanhuato en mayo de 2015, está no sólo sobre la Policía Federal, sino sobre laestrategia de seguridad nacional que han implementado desde el gobierno de Felipe Calderón.
Esta política tiene su expresión más visible en la “guerra contra el narcotráfico”, la militarización del país y el financiamiento de parte del gobierno estadounidense a través de la Iniciativa Mérida, pero también se expresa en la aprobación de leyes y protocolos para avalar la represión, así como continuos ataques a conquistas históricas de sectores muy importantes de la población. Todo con el fin de preparar el terreno e imponer el conjunto de reformas estructurales.
Por su parte, el excomisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, respondió al informe de la CNDH, por medio del columnista del diario Excelsior, Francisco Garfias, en una entrega publicada el día de hoy. Rubido asegura que la Comisión miente y que hay en el informe “infinidad” de inconsistencias, al mismo tiempo que repite la versión oficial.
Este informe cae sobre la administración peñanietista como un elemento más de lo que se está convirtiendo en una verdadera fractura en la credibilidad de las instituciones, que si bien pasó por un grave momento de tensión con el caso Ayotzinapa, ésta aún no se relaja y con casos como Tlatlaya, Tetelcingo o Nochixtlán se ve muy lejos aún de estabilizarse. De nuevo se perfila una operación política y mediática para dejar en la impunidad el accionar de las fuerzas represivas del Estado.
