Ione Belarra presenta una tasa a las grandes fortunas que busca recuperar perfil de izquierda tras la salida de la reforma laboral con el apoyo de Cs, la CEOE y el Santander ¿Es realmente un impuesto a los ricos? Analizamos la propuesta, otros referentes internacionales y discutimos contra la obsesión del reformismo en Moncloa de no molestar demasiado a los poderosos.

La semana termina con una crisis sin retorno del PP. Las acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje entre la dirección nacional del Casado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, son sintomáticos de la crisis que atraviesa al partido histórico de la derecha española. Al cierre de esta edición la intervención de los barones territoriales ha logrado una primera claudicación de Casado, que ha retirado el expediente contra Ayuso. El final de todo esto es incierto. Pero lo que parece seguro es que tras el surgimiento y emergencia de Vox en 2018, una de las dirigentes del PP mejor valoradas por su base social, puede provocar o un recambio en la dirección que acerquen al PP, todavía más, a la suerte de trumpismo ibérico, o un hundimiento que entregue facilite el sorpasso de los de Abascal.

El avance de estas tendencias reaccionarias, como mostraron también las elecciones castellanoleonesas del domingo pasado, ha abierto un debate, incluso entre las fuerzas del gobierno y sus socios parlamentarios acerca de con qué políticas hacerle frente. Que la extrema derecha, en sus diferentes variantes, avanza capitalizando el malestar que deja el enésimo gobierno de “izquierda” que aplica políticas de derechas, es cada vez más evidente.

Unidas Podemos plantea ahora que son necesarias políticas valientes desde la izquierda, pero la credibilidad del nuevo discurso es realmente baja. Lo ensayan justo después de aprobar la reforma laboral de la CEOE y el Banco Santander, los Presupuestos de los Fondos NextGeneration o el rescate al SAREB.

Como parte de este relato, Unidas Podemos presentaba este martes en el Congreso una proposición no de ley con su proyecto de reforma fiscal. Además de la modificación de los tipos más altos del IRPF, el impuesto de Sociedades para algunas empresas y el IVA de algunos productos básicos, la propuesta incluye un denominado como “impuesto a las grandes fortunas” que ha generado revuelo entre los grandes medios de comunicación, las derechas y su propio socio de gobierno.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la calificó de “inoportuna”, y la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, respondió que “lo realmente inoportuno es que los trabajadores y las PYMES paguen el doble que las grandes empresas”. Una nueva disputa en el gobierno de coalición que, si sucede como en resto de ámbitos en que esto ha sucedido como vivienda, reforma laboral o rescate a la banca, muy probablemente acabe con las ministras y ministros de Unidas Podemos tragándose otro sapo más.

Aunque la finalidad de esta proposición no de ley no pase de hacer algo de precampaña y revertir la imagen de haber dada con la aprobación de la reforma laboral, pone sobre la mesa el debate de quien paga impuestos y quien no, cuanto dejan de pagar las grandes empresas y fortunas, y, sobre todo, como los gobiernos de distinto signo, incluido el “progresista”, mantienen un sistema fiscal al servicio del IBEX35 y las grandes familias.

Examinemos cuál es el estado de la cuestión, los compromisos del pacto de gobierno, las propuestas de Unidas Podemos y, ya de paso, si éstas son el “techo de los posible” o si hay otros ejemplos y referencias internacionales que podríamos tomar para, efectivamente, hacerles pagar a los ricos.

¿Qué decía la reforma fiscal del acuerdo de gobierno?

En el pacto suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras las elecciones de noviembre de 2019 el apartado fiscal se redujo a fórmulas tan ambiguas como el de "una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales". Entre las pocas medidas concretas establecidas se fijaba una tributación mínima del 15% para las grandes corporaciones y de 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos. La primera de estas medidas ya se incorporó a los Presupuestos Generales del Estado con un impacto mínimo en la recaudación: 400 millones de euros, es decir el 0,2% del total del techo de gasto de 197 mil millones.

A las grandes empresas se les aplicaría por lo tanto un tipo que está 10 puntos por debajo de la tasa oficial del impuesto sobre los beneficios empresariales – que es del 25%, el 30% en caso de bancos y petroleras -. Esto quiere decir que la mayor parte de las bonificaciones fiscales de las que se aprovechan se mantienen intactas, según lo acordado entre el PSOE y UP. Para las PYMES el acuerdo de gobierno incluía rebajarles del 25% al 23%. Sobre el IRPF el acuerdo fijó una subida del 45% al 47% a partir de 130 mil euros y del 47% al 51% para las rentas superiores a los 300 mil euros. Estas modificaciones todavía siguen sin haberse efectuado.

Respecto a las grandes fortunas el acuerdo no cerró ningún compromiso concreto. Se dio por bueno el llamado impuesto de Patrimonio. Una relajada tasa que oscila entre el 0,2 y el 2,5% para patrimonios superiores a los 167.000 euros – excluyendo el valor de la vivienda habitual y otros bienes – y que gracias a las bonificaciones y exenciones de hasta el 99% que aplican la mayor parte de las Comunidades Autónomas, en 2021 solamente recaudó 1.527 millones de euros.

¿Quién paga impuestos en el Estado español?

La respuesta a esta pregunta es muy clara, sobre todo las familias. El 92% de la recaudación fiscal proviene del impuesto sobre la renta que grava los sueldos, las cotizaciones sociales – que son parte del salario indirectos de las y los trabajadores – y el IVA y otros impuestos indirectos especiales, que gravan el consumo. Las grandes empresas solamente aportan a la caja un 2% del total de los ingresos.

Esto sucede así por un alto y consentido nivel de fraude fiscal, que en el Estado español está un 65% por encima de la media, y que suponen más de 80 mil millones cada año. Según reconocen los propios técnicos de Hacienda, las principales bolsas de fraude, el 72% del total, no están en el pequeño autónomo donde se concentran la mayor parte de las inspecciones, sino en las grandes empresas y patrimonios.

Pero la mayor evasión de impuestos se hace con el amparo de la ley. De las 35 grandes del IBEX, 27 tienen filiales en paraísos fiscales. A la cabeza de número de ellas están el Santander, ACS, Repsol y Ferrovial. Una de cada tres multinacionales está pagando menos del 10% de su beneficio global, gracias a este entramado de empresas pantalla. Inditex es una de ellas, que dejó de pagar más del doble del presupuesto de su supuesta fundación filantrópica – la de las donaciones de equipos a hospitales – transfiriendo beneficios a Irlanda, Holanda y Suiza.

Las mimadas de la fiscalidad son por tanto este puñado de grandes empresas. Las grandes eléctricas, que en 2021 han amasado beneficios que solo tomando las tres más grandes – Endesa, Iberdrola y Naturgy – superan los 6 mil millones a costa de la escalada del precio de la luz, las compañías del IBEX35 que tuvieron un 2021 de récord, con 53 mil millones de beneficio en total, o la banca que superó los previos a la pandemia en un 45%, llegando a los 20 mil millones.

Los muy ricos también se van de rositas y su patrimonio no deja de crecer. En 2020 los patrimonios por encima del millón de dólares – unos 800 mil euros – sin contar la residencia habitual, bienes de consumo o duraderos, ascendían a 236.100 individuos, según el Informe de Riqueza Mundial de Capgemini. El Estado español se situaba así en el número 15 de la lista de países con más millonarios. Las 100 mayores de estas fortunas ascendieron en 2021 a los 153.575 millones, un 17% más que en 2020, demostrando que la pandemia no les había sentado nada mal.

¿Qué dice la propuesta de Unidas Podemos?

La propuesta presentada por Unidas Podemos pretende hacer cumplir las medidas pendientes del acuerdo de legislatura con sus socios de gobierno e incorporar nuevos impuestos que no estaban incluidos explícitamente en el texto. Según sus cálculos, los nuevos tipos y tasas permitirían recaudar 29.800 millones más.

Un tercio de esta cifra se obtendría de una nueva tasa denominada como un impuesto a las “grandes fortunas”. Vendría a sustituir al impuesto de Patrimonio, quedaría blindado a cualquier bonificación autonómica y podría recaudar, según la formación, unos 10 mil millones anuales. Se aplicaría sobre los patrimonios de 1,4 millones en adelante, quedando exenta la vivienda habitual hasta un valor fiscal de 400 mil euros, con una tasa progresiva que iría desde el 2% inicial, el 2,5% para patrimonios superiores a los 10 millones, el 3% para más de 50 millones y un máximo del 3,5% para superiores a 100 millones.

La otra gran partida de ingresos se obtendría en el impuesto de Sociedades. Darían por bueno el tipo del 15% ya aplicado este año con los escasos efectos recaudatorios que decíamos. Para las bonificaciones que permiten no tributar casi nada de las plusvalías y dividendos obtenidos en filiales se rebajarían del 95% actual al 85%. Se pondría fin a los privilegios fiscales de las SICAV – algo que ya acaba de entrar en vigor este mes de enero -, se aplicaría una tasa a la venta de acciones que aportaría unos 1.500 millones y para las eléctricas y las petroleras se impondría un recargo de 10 puntos en el de Sociedades para las primeras y el tipo efectivo del 30% que ya marca la ley, pero no lo cumplen, para las segundas.

De todo este segundo bloque se pretenden sacar unos 12.000 millones, algunos de los cuales, como los 1.500 millones que saldrían del recargo a las eléctricas tendrían un destino fijado. En este caso la bonificación del pago de la luz para familias vulnerables, una medida social que permitiría a su vez que este dinero termine retornando del mismo lugar del que salió.

Hay otras medidas que gravarían a los propietarios, como una tasa de 5 euros por metro cuadrado de las viviendas vacías, que sumarían 1.700 millones. Lo reducido de la cantidad hace que difícilmente disuada la especulación, un piso de 100 metros pagaría solamente 500 euros de tasa anual. También proponen subidas a las rentas más altas como las acordadas con el PSOE más un punto extra: del 48% para las de 120 mil a 150 mil, el 50% hasta 300 mil y el 52% para las superiores a esta cifra. Unas subidas del IRPF que aportarían 6.000 millones más a los Presupuestos.

Entre las rebajas fiscales propuestas se incluyen la del impuesto de Sociedades al 23%, ya incluido en el acuerdo con el PSOE, y del IVA en varios productos de primera necesidad e higiene femenina al 4%.

Una reforma inspirada en la del peronismo argentino, a la que se presentó alternativa desde la izquierda

El proyecto de Unidas Podemos, al menos en sus medidas estrella, parece inspirado en uno de los referentes políticos del neorreformismo español: el peronismo argentino. En agosto de 2020, en plena crisis de la pandemia, el Congreso de Argentina debatió dos proyectos de ley. Ambos proponían medidas fiscales extraordinarias para atender la situación de emergencia generada por el impacto de la primera ola y un confinamiento que, en el caso del país austral, se extendería durante meses. Sin embargo, el alcance y la filosofía de cada uno de ellos era realmente diferente.

El presentado por el peronista Frente de Todos, que fue defendido por el diputado del Partido Comunista Carlos Heller, proponía recaudar unos 2.500 millones de euros. Una cantidad que quedaba superada con los servicios de deuda abonados por el gobierno de Alberto Fernández entre enero y julio de ese año. El origen de estos millones extra vendrían de una tasa para los patrimonios con un valor fiscal superior a 200 millones de pesos – 1,6 millones de euros - de entre el 2% y el 3,5%. Tramos y rangos patrimoniales casi idénticos a los propuestos por Unidas Podemos.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores – Unidad, por su parte, presentó el segundo de los proyectos. En este caso los diputados Nicolás del Caño del PTS y Romina del Plá del PO, fueron quienes lo defendieron en la cámara. Su impuesto a las grandes fortunas se proponía gravar a aquellos patrimonios a partir de 100 millones de pesos, unos 800 mil euros, con cuotas progresivas de 5% al 15%. A su vez proponían impuestos del 20% a las ganancias de los bancos, del 10% al 20% a las ganancias extraordinarias de las empresas, el 5% a las grandes propiedades agrarias y entre un 3% y un 5% del valor fiscal de las viviendas vacías. En total la propuesta del FITU pretendía recaudar entre 9 mil y 13 mil millones de euros, casi 5 veces más que el Frente de Todos.

El diputado Carlos Heller quiso defender su proyecto declarando que “a los que van a hacer este aporte no les va a cambiar la vida, pero a los que reciban sus beneficios la vida les va a ser un poco mejor”. Desde el FITU justamente respondían que es imposible cambiarles la vida a millones de personas en situación de pobreza y precariedad sin afectar de verdad a los dueños del país. Intentar no molestar a los poderosos, era incompatible con atender la situación de emergencia.

Por eso, además de las diferencias en los gravámenes a realizar de uno y otro proyecto, el del FIT-U se enmarcaba en una propuesta más global de desconocer y dejar de pagar la deuda externa y los compromisos de ajuste con el FMI. Algo que el pagador en serie del gobierno del FdT no se plantea en absoluto.

¿Nos tenemos que conformar con no molestar a los poderosos?

¿Qué supondrían los casi 30 mil millones de ingreso extra que aportaría la reforma de Unidas Podemos si saliera adelante? Desde la formación morada plantean que se podrían desarrollar algunas políticas sociales como el refuerzo del sistema de dependencia, la cobertura universal de la educación de 0 a 3 años, una prestación universal de crianza de 100 euros mensuales (125 para familias monoparentales), reforzar la sanidad pública y ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 24 semanas para cada progenitor.

Ahora bien, si atendemos a los últimos Presupuestos Generales del Estado, vemos que este aporte quedaría muy por debajo de las millonadas de dinero público que se siguen embolsando la banca y las grandes empresas.

La misma cantidad que recaudaría la reforma fiscal de Unidas Podemos, 30 mil millones, se irán a pagar los intereses de la deuda, fundamentalmente a la banca. Pero es que, además, el rescate de la SAREB, han supuesto la emisión de otros 35 mil millones en deuda pública. Así que, la banca se llevaría, de entrada, el doble de la cantidad estimada por el partido de Ione Belarra con su reforma fiscal.

Lo mismo ocurre con las grandes empresas constructoras, energéticas y de telecomunicaciones. El capítulo de inversiones asciende a 40 mil millones, la mayor parte proveniente de los 27 mil millones de los Fondos NextGeneration, que irían directos a estas grandes multinacionales.

Estas son solo algunas de las partidas que corroboran aquella máxima de Marx de que el Estado es el Consejo de Administración de las grandes empresas de cada país. No solo no fueron cuestionadas por Unidas Podemos, sino que son parte de sus cuentas, presentadas también en su momento como las “más progresistas de la historia”.

Quitarle a las grandes empresas y patrimonios con la mano izquierda, lo que después se les devuelve con creces con la derecha. Este sería el techo de expectativas para Unidas Podemos ¿Sería posible un impuesto a las grandes empresas y patrimonios que, realmente, afectase a los dueños del país para resolver las necesidades y cambiarle a la vida a millones? Por supuesto que sí.

Si tomáramos como referencia la propuesta del Frente de Izquierda de Argentina, como Unidas Podemos toma la del peronismo, un impuesto a los patrimonios por encima del millón de dólares – unos 800 mil euros – afectaría a esos 236 mil individuos de los que hablaba el informe de Capgemini en 2020. Unas tasas de entre el 5% y el 15%, podrían también quintuplicar lo recaudado solo con el impuesto a las grandes fortunas. Solamente tomando los más de 150 mil millones de las 100 mayores fortunas, sería un ingreso neto de 22.500 millones.

Sobre los beneficios de las grandes empresas y la banca ¿por qué mantener las bonificaciones fiscales que las dejan por debajo del 25% del tipo general y el 30% de las entidades financieras y las petroleras? Una tasa del 30% para las eléctricas, la banca y el resto del IBEX35, serían otros 18 mil millones. La aplicación efectiva de esta tasa a los beneficios del resto de grandes empresas supondría elevar un 30% el ingreso por el impuesto de sociedades, es decir casi otros 15 mil millones más.

En el Estado español hay 300 mil grandes tenedores de vivienda, es decir con más de 10 inmuebles en propiedad. El valor medio de la vivienda es de 225 mil euros, con lo que el valor fiscal mínimo medio está siempre por encima de los 2 millones de euros. Un impuesto sobre el valor fiscal de las viviendas de los grandes tenedores del 5%, recaudaría un piso de otros 30 mil millones.

Quintuplicar los 30 mil millones de euros que pretende recaudar Unidas Podemos con su reforma fiscal sería perfectamente posible. Bastaría con aplicar tipos a las ganancias empresariales y los beneficios empresariales como los que gravan los salarios y el consumo. La cantinela de “no hay dinero” para reforzar la sanidad pública, duplicar el número de docentes para reducir ratios, garantizar ingresos mínimos de al menos el SMI a toda aquella persona sin empleo y a todas las pensionistas o desarrollar un verdadero sistema público de dependencia, choca con la cruda realidad de unos números que ni el ala “más progresista” del “gobierno progresista” se atreven a poner sobre la mesa para “no molestar” demasiado a los poderosos.

No es solo una cuestión fiscal, hace falta un programa para que efectivamente esta crisis la paguen los capitalistas

Pero como muestran los Presupuestos Generales del Estado no es suficiente con gravar más. Hay también que dejar de regalar millones a las grandes empresas y la banca. Un programa que realmente quiera resolver los grandes problemas sociales, no puede detenerse en el respeto de los privilegios de un puñado de capitalistas, ni mucho menos asumir los Fondos NextGeneration como su hoja de ruta, como plantean Belarra y Yolanda Díaz.

Los miles de millones de la UE vienen condicionados a su empleo en la financiación de inversiones de las grandes empresas y a la realización de ajustes y contrarreformas, como hemos visto con la revalidación de la reforma laboral de 2012 con la de Yolanda Díaz y la aprobación del Mecanismo RED que socializa de forma sistemática las pérdidas empresariales.

Frente a esos millones con “sorpresa” o los que vienen del aumento perpetuo de la deuda pública, hacen falta verdaderos impuestos excepcionales a las grandes fortunas y beneficios empresariales y también otras medidas de emergencia.

Como el no pago de la deuda generada en la última década por las políticas de rescate de la banca y las grandes empresas. Como la nacionalización del conjunto del sistema financiero, la única manera de evitar la evasión de capitales, beneficios y rentas, permitida con total libertad por los diferentes gobiernos. Y a la vez proteger los depósitos de los pequeños ahorristas y terminar con la asfixia de las hipotecas y créditos contra las familias trabajadoras y los pequeños productores y autónomos. O la expropiación y puesta bajo control de trabajadores y usuarios de las empresas estratégicas, como las energéticas, para acabar con la escalada del precio de la luz y poder abordar una transición ecosocial que no se haga a costa de los de siempre.

La izquierda reformista de Unidas Podemos nunca levantó un programa tan ambicioso, ni pretende hacerlo ahora. Más bien su breve historia es la de una secuencia de rebajas permanentes de demandas y expectativas hasta conformarse con ser parte del enésimo gobierno social-liberal que asume los lineamienros económicos de la CEOE y la Comisión Europea. La reforma fiscal presentada, aún si no la tomamos como un globo sonda para marcar algo de perfil de izquierda, no se sale ni cuestiona esta “gestión de lo posible” que condena a que para millones la existencia sea cada vez más imposible.

Esta actitud respetuosa con las grandes empresas y fortunas contrasta con el descaro neoliberal con el que las diferentes derechas abordan la cuestión fiscal. Si tomamos el caso de Vox, plantean hacer tributar a las rentas de entre 14 y 18 mil euros, hoy exentas de hacerlo si tienen un solo pagador, mientras que dejaría el tipo máximo para las más altas en el 30% (17 puntos menos que en la actualidad), eliminaría por completo el de Patrimonio, Sucesiones y a los dividendos empresariales, subiría los impuestos a las cooperativas, aplicaría una rebaja general del de Sociedades y subiría el IVA para todos los productos de primera necesidad que hoy lo tienen reducido.

Ante las posiciones radicales de la derecha para seguir efectuando un masivo trasvase de recursos de abajo a arriba, lo que necesitamos para plantar como dique y alternativa a esta es otra izquierda que no dude en pelear por un programa igual de radical pero en sentido opuesto. Construir una izquierda que, como el FIT-U en Argentina, pelee contra la resignación a la que nos quieren condenar es una tarea capital, también para frenar el avance de la derecha y la extrema derecha. No se trata de conformarse con que los ricos paguen un poco más sin que les cambie la vida, como defienden Heller o Belarra. Sino de acabar de una vez con los privilegios de una exigua minoría social para poner los recursos y riqueza que se obtienen del trabajo de millones, para el beneficio de las grandes mayorías sociales.