En Chile es innegable la relación que tienen las iglesias con el estado. Unidos por miles de lazos económicos y políticos, logran imponer una agenda valórica que niega los principales derechos civiles.
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Martes 19 de septiembre de 2017
En nuestro país existe, al menos formalmente, la separación entre la Iglesia y el Estado desde el año 1925. En aquella época se determinó el carácter laico del estado. Pero hoy por hoy, esto es una verdad a medias en la realidad, ya que es innegable la profunda influencia que tiene la iglesia, tanto política como económicamente en nuestra sociedad.
Las iglesias cuentan con una importante riqueza, que aparte de las donaciones se robustece con un enorme patrimonio inmobiliario y también con acciones en las principales empresas del país como Enersis, Endesa, Madeco y Gasco, que según los registros de la Superintendencia de Valores y Seguros tendrían entre sus inversionistas a las iglesias Adventista, Metodista, Pentecostal y Luterana, por mencionar algunas.
Reciben, además, enormes aportes económicos del Estado. Sistemáticamente reciben subsidios por educación; por ejemplo, la iglesia católica recibió el 2013 cerca de 109 mil millones de pesos. También se da el caso de aportes especiales, como el reciente aporte de 5 mil millones de pesos para ser invertidos en la Catedral Evangélica.
Con este enorme poderío económico han logrado desarrollar fuertes lazos políticos, con lo que buscan imponer en Chile una agenda valórica para negar los principales derechos que miles han exigido en las calles.
Esta agenda la impulsan de la mano de la derecha como lo demostró la ovación a Piñera en el Te Deum evangélico. Es más, actualmente pretenden formar una “bancada evangélica” para fortalecer esta agenda basada en “la vida y la familia” junto a los Piñera y los Kast. Esta moral de la iglesia, junto a la derecha, es la principal oposición a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, como el derecho al aborto y al matrimonio igualitario. Esto se suma a la histórica negativa de la derecha frente a otros derechos básicos, como salud y educación gratuita.
Es en base a todo esto que nos cuestionamos cómo las iglesias mantienen férreos lazos con el gobierno y la política a la hora de imponer parte de su agenda al gobierno. Necesitamos una real separación entre el estado y las iglesias. Desde esta candidatura buscaremos impulsar la efectiva separación de la iglesia y el estado, no solo eliminando la moral religiosa del currículum educativo, sino que cortando con todo aporte estatal al culto eclesiástico.
