Genocidio de clase. Techint: complicidad y represión en la dictadura militar

Agostino Rocca con el presidente de Fabricaciones Militares, el general Chescotta

El hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca y su familia, hicieron su fortuna sobre las espaldas de miles de obreros. Gobiernos como la dictadura del 1976 prestaron grandes servicios al grupo Techint para combatir a la oposición obrera previa y durante la dictadura.

En estas ajustadas líneas intentaremos dar cuenta de la participación y responsabilidad de la familia Rocca de Techint en el último genocidio de clase que tuvo comienzo el 24 de marzo de 1976.

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Agostino Rocca comienza su carrera empresarial durante la época del régimen fascista de Benito Mussolini. Fue manager de Estado en la gestión de las principales empresas siderúrgicas, sobre todo las ligadas a la industria bélica. Luego de la caída del fascismo en Italia, en Argentina funda la empresa Techint (Tecnología Internazionale) con ayuda financiera del Estado y el Vaticano. En 1954 monta Dálmine (Tenaris-Siderca) en Campana, y en 1968 Propulsora Siderúrgica (Ternium-Siderar) en Ensenada. El montaje de estas plantas representaron las bases de la activa cooperación entre el Estado y Techint, dejando enormes ganancias y beneficios para los Rocca.

La fuerza de trabajo empleada por Techint era muy joven, a la que le brindó una capacitación acelerada para manipular tecnología de punta, altos salarios y amplios beneficios sociales. Sin embargo los turnos rotativos, los ruidos, el contacto permanente con distintos metales, el calor, los golpes de las herramientas generan trastornos en la salud de los trabajadores. Esta fue la chispa para el surgimiento de miles de activistas.

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A nivel internacional se abrió una etapa de ascenso obrero y popular que atravesó la época. En Argentina comenzó con el Cordobazo en 1969. En esos años se dieron las más avanzadas experiencias de la clase obrera mostrando una creciente organización política y gran combatividad. Los trabajadores de ambas plantas no estuvieron exentos de ellas. Llegaron a organizarse en las Coordinadoras Interfabriles peleando por mejores condiciones laborales, pero también para barrer a las conducciones sindicales burocráticas e imponiendo a la CGT en 1975 las movilizaciones que derrotaron los planes de los ministros José López Rega (mentor de la Triple A y mano derecha de Isabel Martínez de Perón) y Celestino Rodrigo. Esta jóven generación obrera sabía que para cambiar el mundo primero lo tenían que hacer desde sus lugares de trabajo que era donde sufrían la explotación.

El proceso represivo previo al golpe del 76

Durante esos años varias comisiones internas fueron recuperadas por distintas agrupaciones clasistas y combativas que se oponían a la burocracia sindical de la UOM a manos de Lorenzo Miguel.

A lo largo de 1974 hubo enormes gestas de lucha contra las patronales y la dirección del sindicato a nivel regional tanto en Siderca (Campana) como en Propulsora (Ensenada). En aquel año, durante la Huelga Grande en Propulsora se tomó la fábrica más de un mes y se continuó el conflicto por tres meses. En ese marco, comienza a darse la primera ola represiva dentro de las fábricas, donde se evidenció la infiltración de agentes de inteligencia de la policía, atentados a trabajadores con ametralladoras, amenazas de muerte, etc. Si bien no hubo víctimas fatales, mostraba a qué estaban dispuestos los Rocca y en aquel entonces, el gobierno de Juan Domingo e Isabel Perón.

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Para 1975 la organización obrera había pegado un salto y se habían conformado las Coordinadoras Interfabriles, cuyo objetivo era enfrentar los despidos, los planes de ajuste al salario del gobierno y las patronales y las persecuciones a activistas por las bandas paramilitares de ultraderecha como la Triple A y la CNU. Luego de las jornadas de Junio y Julio de 1975, las organizaciones de base de la clase obrera comenzaron a crecer en activismo.

Es así que aumentó la acción paramilitar de la Triple A formada por Perón y López Rega contra la vanguardia de la clase obrera. Estas organizaciones no actuaban por propia cuenta, sino que tenían estrechos lazos con las Fuerzas Armadas que tenía como objetivos “aniquilar la subversión y sus ideólogos”, operando en Zárate-Campana y Gran La Plata entre otras regiones. En el caso del Gran La Plata funcionaba la Fuerza de Tareas Nº5 que tenía plena jurisdicción sobre la represión en la zona. En Campana y Zárate se llamaría Área 400 al circuito de Centros Clandestinos de Detención (CCD) de la zona.

En La Plata las bandas paramilitares estaban subordinadas a la FT 5 y se detectó una cadena de mandos que implicaba una coordinación entre Infantería y Brigadas Policiales, con el Regimiento 7, el Distrito Militar y el BIM3, incluida la infiltración de la inteligencia militar y policial en las fábricas encargadas liquidar la organización obrera las fábricas de la región: Astilleros Río Santiago, Swift y Propulsora entre otras. En este sentido se trató de una coordinación en la represión.

El golpe militar y la complicidad patronal

El golpe cívico-militar del 24 de Marzo de 1976, fue la forma que encontró la burguesía para disciplinar y descabezar al movimiento obrero que había conseguido las mejores experiencias de lucha en su Historia y para liquidar todas sus conquistas. “¿Así que quieren un mundo mejor?”. Preguntaban al recientemente detenido Secretario General de la seccional en la primer semana del golpe.

Ricardo Cortelletti, Jefe de Relaciones Laborales de Propulsora Siderúrgica, a las 23 horas del 23 de marzo, hace sonar la alarma entre los trabajadores: “todos aquellos que estén comprometidos, o que tienen algún tipo de actividad gremial y política, que se vayan”. Cortelletti está acusado por varios obreros ex detenidos desaparecidos, como el principal contribuyente con la dictadura militar dentro de la empresa, entregando legajos enteros del personal y armando listas negras. En simultáneo, muchos acusaron a Rubén Dieguez y Antonino di Tommaso, miembros de la dirección de la CGT y UOM regional de participar en el armado de listas que fueron entregadas a los militares.

En Campana los familiares de los secuestrados acudían a la UOM para exigir su participación, a lo que los directivos planteaban que no era de competencia del sindicato. A su vez, el intendente de la UCR junto a funcionarios provenientes del peronismo, estuvieron dos meses más durante la dictadura mientras se producían numerosos secuestros en la zona. Por parte de Roberto Rocca, ante el asesinato de un ingeniero activista de la planta puso a disposición autos para que acompañaran a los allegados, además de indemnizar a la viuda “por muerte accidental” encubriendo el asesinato a manos de las FFAA. Ante la desaparición de los trabajadores de la planta, la empresa seguía computando su asistencia, tan es así que un sobreviviente relata que después de estar detenido durante varios días, su asistencia seguía siendo perfecta.

Esta serie de detenciones alcanzó su máxima planificación el 22 de septiembre de 1976. Durante aquella madrugada, conocida hoy como “la noche de los tubos”, fueron secuestrados cuatro trabajadores de la empresa: Alberto Luis Bedia, Osvaldo Culzoni, Manuel Ignacio Martínez y Raúl Aroldo Moreno.

Pero para el funcionamiento de todo el plan de disciplinamiento, la empresa pondría a disposición el Club Dálmine (hoy Club Ciudad de Campana), el Puerto de la compañía para embarcar detenidos y el edificio Catalinas de Techint, en el barrio porteño de Retiro, donde se realizaban reuniones con militares. Ya en el ocaso de la dictadura, la compañía financia la reforma de la Comisaría 1ra de Campana para ocultar las pruebas del funcionamiento de un CCD en el edificio.

Entre los funcionarios de la planta de Campana se encontraban Integrantes de asociaciones de ultraderecha como Raúl Pizarro Posse que aparte de abogado era también Caballero de la Orden de Malta, una organización ultraconservadora. En el área de Seguridad, se encontraba el ex suboficial principal de la Fuerza Aérea, Roberto Paulino Nicolini. El excomisario José Catalino Ramírez era jefe en la agencia privada Ocvie con funciones de seguridad al interior de la planta.

Los relatos de los trabajadores dan cuenta de un clima represivo agobiante y cotidiano de militarización en ambas plantas, donde los militares realizaban sin ninguna restricción requisas personales, revisaban taquillas y prohibieron reuniones de más de tres obreros. En las inmediaciones de Dálmine-Siderca, los controles a los colectivos donde viajaban los operarios se hicieron habituales. Además de la detención de decenas de trabajadores, un obrero de Propulsora lo ilustra así: “luego del día que fue el golpe militar, al salir revisaban todo (…) te decían ¿vos cómo te llamas? Fulano, al camión capucha y ¡al camión! Arriba, chau”.

Durante esos años, en Propulsora de Ensenada hubo 19 desaparecidos entre trabajadores y ex-trabajadores, 3 asesinados durante el golpe, al menos 11 detenidos o presos que luego fueron liberados y 4 lograron exiliarse. En Dálmine-Siderca 80 de estos trabajadores y trabajadoras resultaron víctimas de crímenes de lesa humanidad, 39 están desaparecidas, 7 fueron asesinadas, 34 son sobrevivientes

Luego del golpe

Durante los años de dictadura, el apoyo del Estado a este sector de la industria se manifestó de diversas maneras, desde facilidades crediticias, exenciones impositivas y tarifarias, hasta la absorción de deudas privadas en 1982.

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Los 90’ encontraron a los Rocca siendo socios de Carlos Menem y aprovechando los favores de la flexibilización laboral, además que le concedió casi sin condiciones el manejo total de la ex SOMISA, la principal productora de acero plano del país, obteniendo de esta forma el monopolio de la rama. En Siderca, los trabajadores resistieron, en conflictos largos y duros, el más emblemático de los cuales fue el conflicto de Palanquilla. De conjunto la productividad se había triplicado sobre la base de la ofensiva durante las condiciones en la dictadura y sobre la posterior flexibilización bajo el menemismo.

En la actualidad, el Grupo Techint sigue aportando funcionarios al Estado y persiguiendo delegados y activista con el aval de los gobiernos de turno. Hoy en día se encuentran en el gobierno de Mauricio Macri, Miguel Punte, gerente de RR HH del Grupo Techint, en la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación; y Ernesto Rona, contador que trabajó para el grupo de Paolo Rocca entre 1978 y mayo del 2016, en el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública de la Provincia de Buenos Aires.

Los empresarios que hoy dirigen el país fueron los que se beneficiaron con el golpe genocida. La dictadura cívico militar fue un ataque a la clase trabajadora. Hoy a 42 años del golpe siguen atacando los derechos de los trabajadores. Son muchos los ejemplos de quienes resisten y salen a luchar contra los planes del gobiernos, por eso este 24 de Marzo una nueva generación de jóvenes y obreros salimos a organizarnos nuevamente en las fábricas y en las calles contra la explotación y la opresión.

Fuentes