Telefónica anuncia 5.000 despidos y el Gobierno “progresista” lo deja pasar

Telefónica ha planteado a la representación sindical el despido en dos años mediante un ERE de 5.124 trabajadores, nada menos que el 32% de su plantilla actual. Despidos en una empresa que paradójicamente espera obtener beneficios récord, ya que prevé lograr 273 millones de euros de ganancias en 2023, un 53,3% más que en 2022. Los despidos afectarán a los nacidos a partir de 1968 o antes, con 55 años o más, y una antigüedad mínima de 15 años. Es decir, se atacará a los trabajadores con más derechos y más dificultades para encontrar empleo en el futuro.

La dirección de Telefónica comunicó ayer a los sindicatos con representación laboral en la compañía (CCOO, UGT y Sumados-Fetico) los despidos por “causas organizativas”, un proceso que se extenderá hasta 2026. Para ello abre las mesas negociadoras necesarias para su implementación, dado que en realidad se trata de tres EREs puesto que afecta a tres empresas filiales todas ellas propiedad de Telefónica, y con un grado de afectación distinta. La más perjudicada de las tres será Telefónica de España con 4.085 despidos previstos, después estaría Telefónica Móviles con 958 despidos y por último Telefónica Soluciones con 81 despidos. Para justificar los despidos la compañía argumenta que en estos momentos tiene un “excedente funcional” de trabajadores en función de la evolución de los servicios de la empresa, consecuencia también de la finalización del despliegue de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH), al cierre del cobre y otros elementos como la automatización de los procesos. En este ERE y esto es algo que preocupa a los sindicatos, no viene establecida la obligación previa de que todos los despedidos tengan un carácter voluntario. El último ERE de Telefónica afectó nada menos que a 6.830 empleados y se desarrolló de 2011 hasta 2013.

El Gobierno “progresista” neoliberal del PSOE y Sumar que no derogó la reforma laboral del PP como prometió es cómplice de la situación y se limitará a cruzarse de brazos. Contando también con la inestimable complicidad de la burocracia sindical de CCOO y UGT que aceptó la no derogación de la reforma laboral del PP de Rajoy, a cambio de unos meros cambios cosméticos y con ello garantizar a las empresas, entre otras lindezas, la barra libre de despidos a precio de saldo, algo que está favoreciendo las reestructuraciones empresariales al menor coste posible. Este es el tipo de políticas “progresistas” que nos ofrece este Gobierno y las cúpulas de las burocracias sindicales de CCOO y UGT con sus políticas sindicales de desmovilización y pasivización, firmando todo acuerdo que le pone encima de la mesa la patronal o el Gobierno.

Complicidad sindical con los despidos

Por su parte, CCOO y UGT a pesar de este enorme ataque a los trabajadores de Telefónica -se esperaba una propuesta de 2.500 despidos- que va a mermar en un 32% la plantilla actual de 16.000 personas, se han limitado a señalar que exigirán la voluntariedad de los despidos y quieren asociar el proceso del ERE a la negociación de un nuevo convenio colectivo. Además de plantear, según fuentes sindicales, una reducción del volumen de los despidos proponiendo la adopción de medidas tales como una posible recualificación del personal, cambios de actividad y la recuperación de tareas externalizadas. Es decir, ningún rechazo al ERE de conjunto planteado por la empresa pese a los enormes beneficios que está obteniendo Telefónica, ninguna intención de frenarlo ni de dar la mínima pelea. Solo una actitud cómplice y servil con la dirección de la empresa, puesto que no plantean ningún tipo de resistencia y lucha real. Un ERE que, además, no tiene ninguna justificación con respecto a los resultados de los beneficios de la compañía que son extraordinarios, con ganancias récord desde el año 2021 para acá al menos. La política de precarización de la plantilla ha provocado que el grupo de Telefónica disponga de 20.947 trabajadores y, sin embargo, tan solo 16.000 se encuentren protegidos tras el paraguas del convenio.

Estos despidos masivos en Telefónica, no podemos olvidarlo, se enmarcan en un proceso agudo de reducción de plantillas durante el último período gracias a un aluvión monumental de EREs acometidos por las grandes empresas del IBEX 35 desde la pandemia para acá, sobre todo en determinados sectores estratégicos (banca, telecomunicaciones, tecnológicas, etc.). Todas grandes empresas con beneficios históricos o extraordinarios que, sin embargo, siguen aprovechando la legislación laboral favorable en el Estado español para el despido fácil y barato que ya implantaron Zapatero y sobre todo Rajoy con sus contrarreformas laborales no derogadas. Y que consolidaron Sánchez y su ministra de trabajo “comunista”, Yolanda Díaz. Un proceso desarrollado y acentuado durante el último período del mandato del Gobierno “progresista” de Sánchez con Unidas Podemos, y ahora también prolongado con el beneplácito de Sumar, ante el que el Gobierno permanece impasible pese al discurso falsamente progresista, sobre todo de su ministra de Trabajo Yolanda Díaz. Un discurso muy cínico como el que ahora esboza la ministra de Trabajo cuando dijo ayer en el canal de televisión de La Sexta que: “Cuando tenga el ERE encima de mi mesa lo voy a evaluar y me reuniré con las partes para conocerlo”. Cuando sabe perfectamente que para aprobar el ERE no se precisa actualmente la autorización del Ministerio de Trabajo, aunque debe ir precedido de un informe de la Inspección de Trabajo, aunque sin carácter vinculante. Todo ello, gracias a la reforma laboral de Rajoy de 2012, no derogada por el Gobierno “progresista". El Gobierno de Sánchez se limitó a realizar cambios cosméticos sobre la contrarreforma de Rajoy, no atacando los recortes de derechos para facilitar y abaratar los despidos, y no modificando en ningún caso precisamente la intervención del Ministerio en la aprobación de los ERE a ejecutar. Por lo tanto, la ministra no será otra cosa que una convidada de piedra en este proceso de despidos masivos.

Durante 2022, solo la banca despidió a más de 5.400 trabajadores, aprovechando la legislación laboral favorable al despido, a pesar de que tuvo unos beneficios récord de 20.800 millones de euros en ese mismo año. Reduciendo las sucursales abiertas a un ritmo de cuatro diarias y un 12% menos en total. Las grandes empresas tecnológicas (Amazon, Google, Meta, Twitter), por su parte, han despedido a miles de personas en todo el mundo, incluido el Estado español. Algo similar ha ocurrido en las telecomunicaciones, cuyo ejemplo paradigmático es la propia Telefónica que ya viene realizando desde el ERE de 2011 sucesivos planes de bajas individuales, aunque con salidas voluntarias, si bien la voluntariedad es algo muy relativo en esos procesos de despidos colectivos, dado que quedarse puede resultar un infierno para el trabajador y acabar finalmente despedido y en peores condiciones. De modo que en todo el proceso desde la privatización de Telefónica iniciada por el Gobierno del PSOE de Felipe González en los 90, esta compañía ha visto reducir su plantilla de 80.000 trabajadores y trabajadoras hasta apenas 20.000 que es la plantilla total actual de la empresa que ahora, de nuevo, se encuentra amenazada.

Contando en todo el proceso histórico de reestructuración con la inestimable colaboración, como sucede ahora de nuevo, con la complicidad de las cúpulas de los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT. Que, a cambio de prebendas como su participación en la gestión del mayor plan de pensiones laboral del Estado, han ido vendiendo los puestos de trabajo a la dirección de la empresa, sin ofrecer ninguna resistencia digna de tal nombre. Y consintiendo el fomento de las subcontrataciones de muchos trabajos en condiciones de mayor precariedad para las plantillas que quedan así fuera de la cobertura del convenio colectivo.

Hay que hacer frente a estos despidos porque son una amenaza directa a los derechos de las y los trabajadores de conjunto, y pelear también contra todo despido se produzca donde se produzca. Y luchar contra el ataque a las condiciones de vida de las clases populares consecuencia de la crisis inflacionaria que está degradando los salarios a niveles de subsistencia. Con gran parte de la población que se está empobreciendo gravemente porque no puede hacer frente a los altos precios de la vivienda, el elevado coste de los alimentos más básicos, el precio de la electricidad y los combustibles, entre otros.

Mientras, el Gobierno del PSOE de Sánchez y Sumar amenaza con emprender recortes para ajustar el gasto público a las exigencias de Bruselas para cumplir con la disciplina fiscal, como acaba de plantear con la reducción del subsidio por desempleo. En Telefónica, ante estos despidos masivos, se debería plantear la prohibición inmediata de los despidos y la reestatización bajo control de trabajadores y usuarios.

Frente a todo ello, hay que levantar un programa de emergencia social por la indexación automática de los salarios a la inflación y contra cualquier recorte en sanidad, educación o pensiones y revertir todos los recortes desde 2008. A través de un programa de movilizaciones que se peleé en las calles sobre la base de la autoorganización independiente de las y los trabajadores, los y las estudiantes y el conjunto de las clases populares para imponer una salida a la crisis que favorezca a la mayoría social.