Sérgio Machado relató haber acordado en 2012 con Temer una donación de R$ 1,5 millones al PMDB. Otros políticos de partidos como el PMDB, el PT, el PP, el DEM, PSDB y PSB también son mencionados.
Jueves 16 de junio de 2016
En su delación, el expresidente de la estatal Transpetro, Sérgio Machado, aseguró que en 2012 acordó con Temer una donación de origen irregular, de R$ 1,5 millones para la campaña electoral del candidato a la intendencia de San Pablo, Gabriel Chalita, del PMDB. También aseguró haber entregado sobornos al menos a 18 políticos de diferentes partidos como el PMDB, el PT, el PP, el DEM, PSDB y PSB.
Según algunos medios de prensa, el pago habría salido de los cofres de Queiroz Galvao, una de las empresas contratistas investigadas en la Operación Lava Jato.
Sérgio Machado declaró que, el PMDB - partido garante de su nombramiento en la presidencia de Transpetro (subsidiaria de Petrobras)-, fue el que más recaudó: aproximadamente R$100 millones. Señaló también que los políticos lo buscaban pidiéndole “donaciones”, cuestión que resolvía solicitando estos recursos a las empresas que tenían contratos con la estatal.
La lista de políticos denunciados por Sérgio Machado incluye también a adversarios del PT como el diputado Heráclito Fortes (PSB-PI), al ex-senador Sérgio Guerra (PSDB-PE, fallecido en 2014), al senador José Agripino Maia (DEM-RN) y al diputado Felipe Maia (DEM-RN). La lista no se detiene ahí. Según Machado, además de los caciques del PMDB como Renan Calheiros (AL), Romero Jucá (RR) y José Sarney (AP), también están implicados parlamentarios y ex-parlamentarios como Cândido Vaccarezza (PT-SP), Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Luiz Sérgio (PT-RJ), Edson Santos (PT-RJ), Francisco Dornelles (PP-RJ), Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), Ideli Salvatti (PT-SC), Jorge Bittar (PT-RJ), Garibaldi Alves (PMDB-RN), Valter Alves (PMDB-RN) y Valdir Raupp (PMDB-RO).
Algunos de los petistas mencionados tienen relación con los astilleros de Angra dos Reis de Río de Janeiro. Jandira Feghali, por su parte, es una de las principales candidatas a la intendencia de Río de Janeiro y sobre quien el PT deposita sus esperanzas para las próximas elecciones. Machado también informó sobre las empresas que aceptaron pagar sobornos, vinculadas a los contratos con Transpetro: Camargo Corrêa, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão, NM Engenharia, Estre Ambiental, Polidutos, Essencis Soluções Ambientais, Lumina Resíduos Industriais y Estaleiro Rio Tietê.
La denuncia de Machado se da un día después de la negativa de Teori Zavascki, relator de la Operación Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal (STF), de aceptar los pedidos de prisión por parte del Procurador General de la República, Rodrigo Janot, contra Renan, Jucá y Sarney. También ese mismo martes (14) la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, luego de mil maniobras reglamentarias, decidió por 11 votos a 9 anular el mandato de Eduardo Cunha, apartado al momento de su cargo, quien aguarda la resolución del plenario de la Cámara de Diputados sobre si acepta la decisión o no de la Comisión de Ética. Según Teori, “no existen indicios concretos” que relacionen a la cúpula del PMDB con algún intento de impedir la continuación de la Operación Lava Jato, situación muy distinta a la de Cunha que el ministro del Supremo busca diferenciar cuidadosamente. En el Senado, el PSDB (con auxilio del PT) fue el portavoz de la defensa de Renan Calheiros contra los pedidos de Janot.
En la “nueva fase” de la Operación Lava Jato, tan estimada ahora por los petistas a pesar de criticarla antes del golpe institucional, la detención de eminentes miembros de los partidos que constituyen la base del gobierno interino de Temer continuará a cargo mayoritariamente del PMDB (una línea seguida por una de las alas del Poder judicial, la de Rodrigo Janot, que alimenta la complicada situación de Renan Calheiros).
Al interior del “partido” judicial, protagonista del golpe institucional y que diariamente gana mayor poder de árbitro en la situación política, Zavascki y Janot se encuentran más cercanos a una visión dispuesta a quemar algunas piezas destacadas del PMDB (e incluso del PSDB, como el excandidato presidencial Aécio Neves) a fin de continuar lavando la cara del golpe institucional; en oposición a Gilmar Mendes quien forma parte de un ala más dispuesta a blindar a todo el frente golpista en el Senado y en la Cámara de Diputados. En el marco de la unidad en favor del golpe, esta discordancia entre Zavascki y Janot puede implicar nuevos realineamientos en momentos en que el poder judicial ensaya un discurso de que “realmente combate a la corrupción” a través del avance de la Operación Lava Jato.
Este tipo de instrumento como la Operación Lava Jato – dirigida por Sérgio Moro, entrenado en el Departamento de Estado norteamericano – no busca combatir la corrupción sino el fortalecimiento y la sustitución de un esquema de corrupción por otro avalado por el poder judicial. Jueces con mil y una relaciones con los tucanos (como son conocidos los políticos del PSDB), como Gilmar Mendes, y otros que aparecen como interlocutores amigos de los caciques del PMDB en la grabaciones de Sérgio Machado buscan fortalecer los instrumentos represivos del Estado, utilizar y ajustar la Constitución a su juego político y favorecer a otros beneficiarios de la corrupción en el Estado, sustituyendo los esquemas que el PT utilizó al asumir los métodos más espurios de los capitalistas del país.
