Se calculan ingresos por R$ 120 mil millones a través de lo que llaman “desestatizaciones”. Oportunidades que permitirían a la burguesía el control de sectores vitales de la economía y la logística del país.
Miércoles 20 de julio de 2016
El diario Jornal Estadão publicó este martes (19) un artículo donde señala en R$ 120 mil millones el valor estimado que el gobierno federal espera recaudar a través de lo que llaman “desestatizaciones”.
Se trata de una extensa lista de oportunidades para que la burguesía tome en sus manos la administración de sectores vitales de la economía y la logística del país. El término “desestatización” es usado junto a otros eufemismos que, en realidad, significa ni más ni menos que nuevas privatizaciones. Este anuncio se suma al probable recorte del gasto público que maneja el gobierno para evitar que el déficit fiscal previsto para este año se dispare.
Este valor estimado por el diario citado, sería alcanzado a través de “privatizaciones, ventas de activos y apertura de capital”. Es decir, por medio de medidas que implican que de forma directa, con privatizaciones, o por la vía del control accionario, empresas estatales estratégicas queden rehenes de inversores y capitales extranjeros.
Los grandes medios burgueses parecen venir esforzándose en pintar un cuadro general del gobierno de Temer como de mejora en la situación económica. Ocultando el carácter de las medidas que hacen al plan de gobierno: a) recorte de gastos, b) privatizaciones, c) aumento de impuestos. Sobre estas alternativas, sabemos que los recortes de gastos y privatizaciones significan nuevos despidos, pérdida de poder adquisitivo del salario y deterioro de servicios esenciales para el pueblo trabajador.
Lo que el gobierno está intentando hacer en lo inmediato es avanzar por la vía de las privatizaciones, aspecto de su plan que más interesa a la burguesía internacional, evitando en cierta forma debilitar su frente de apoyo interno con el aumento de impuestos que generaría descontento en la Federación de Industrias de San Pablo (FIESP).
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El proceso de privatización de los aeropuertos de Fortaleza, Florianópolis, Salvador y Porto Alegre ya se encuentra encaminado, con varias empresas interesadas, siendo una de ellas la española Ferrovial que ya declaró no estar dispuesta a ser socia minoritaria en ningún negocio, dejando en claro que entra en la disputa para controlar mayoritariamente estos aeropuertos.
Uno de los sectores más codiciados dentro de este plan de privatizaciones es el de Energía, que puede representar, según el mismo diario, R$50 mil millones. De hecho apenas las usinas hidroeléctricas de São Simão, Jaguara y Miranda, que ya están en la lisa de las próximas a ser privatizadas, representan R$10 mil millones. Esto sin mencionar Petrobras, víctima de la sangría de políticos corruptos y de la Operación Lava Jato, que se desvalorizó en niveles record y que ahora se asume debe ser privatizada por partes, probablemente para disfrazar el entreguismo de la que es considerada un tesoro brasilero.
Si hablamos de tesoros, no podemos dejar de mencionar la privatización de los campos de petróleo y Gas del Campo de Libra, estimados en R$ 20 mil millones. El gobierno argumenta que estas medidas “desestatizantes” vendrían no solo a rendir nuevos recursos y dinero al gobierno a través de sus ventas, sino también representan una forma de ahorro de gastos. Todo un embellecimiento de la entrega de recursos estratégicos nacionales.
Más allá de los discursos embellecedores del gobierno, los grandes medios y los empresarios, las privatizaciones representan un enorme ataque al conjunto de los trabajadores mientras los grandes empresarios facturan ríos de dinero, que son consumidos sin la menor preocupación en los recursos y riquezas del país, causando todo tipo de impactos devastadores.
Enfrentar estas medidas debería ser una de las demandas a levantar por las grandes centrales sindicales del país, como la CUT y la CTB que vienen convocando a jornadas de paros y actos pasivos, sin transformarlas verdaderamente en jornadas de lucha que permitan enfrentar las privatizaciones y defender los miles de empleos que están en juego directa o indirectamente y poner estos recursos esenciales al servicio y bajo control de aquellos que más los necesitan, y las ponen en funcionamiento, los trabajadores.
Traducción Liliana O. Calo
