Se busca expandir el mercado de los planes de salud, permitiendo una drástica reducción de las coberturas, los exámenes, cirugías, la precarización del servicio y el aumento del valor de los planes.
Viernes 10 de marzo de 2017
El proyecto llamado “Plan de Salud Popular”, formulado en agosto de 2016, fue entregado esta semana a la Agencia Nacional de Salud (ANS) para su evaluación. La medida busca expandir el mercado de los planes de salud, permitiendo una drástica reducción de las coberturas, agravando el aumento de la espera para las consultas, los exámenes, cirugías, la precarización de los servicios y el aumento del valor de los planes que se ofrecen.
La idea presentada por el Ministerio de Salud reduce diversas exigencias restringiendo su cobertura, proporcionando servicios aún más precarios que los actuales. La propuesta incluso facilitaría ampliar el margen de morosidad de las empresas de medicina privada con el Sistema Único de Salud (SUS) del país.
La presentación cuenta con tres tipos de planes:
1. Un plan simplificado, que cubre la atención primaria, consultas de especialistas y exámenes de diagnóstico de baja y mediana complejidad. No cubre la internación, terapias y la atención de urgencia y de emergencia;
2. Plan ambulatorio y hospitalario que incluye exámenes de alta complejidad. Sin embargo, el acceso a la atención especializada se hace pasando por dos médicos, como ocurre con el SUS, donde antes de la consulta con el especialista se debe pasar por el servicio básico de salud;
3. Plan en régimen mixto de pago: la cobertura de los servicios hospitalarios, terapias y exámenes de alta complejidad, medicina preventiva y la atención ambulatoria a se realiza a través del pago de los procedimientos cuyos valores estarían previstos en los contratos.
Además se aumenta el tiempo de espera para el acceso a cirugías programadas, de los actuales 21 días se pasaría a 45. Las consultas de especialidades que no sean de pediatría, cirugía general, clínica médica, ginecología y obstetricia, hoy pautadas en hasta 14 días desde que es solicitada por el paciente pasan a tener un plazo de 30 días. El aumento de la mensualidad también será ajustado. La base del cálculo será realizada con una planilla de costos, presentada por la propia empresa.
Otros requisitos básicos del servicio serán flexibilizados o incluso eliminados. Los salarios de los médicos serán reducidos, la atención a los enfermos crónicos y los ancianos, la cobertura de enfermedades preexistentes o congénitas, cáncer, AIDS, trastornos psiquiátricos, trasplantes (riñón, médula y córnea), todos ítems que hoy son exigidos a los planes de salud, por más que no sean respetados, podrían dejar de contar con una reglamentación que los regula.
Según el ministro de salud, la intención es liberar del sistema de salud público de una parte del costo actual calculado en R$30 billones, transfiriendo parte de sus funciones al sector privado. Además de la estafa que representa este proyecto, lo que oculta el ministro en sus discursos es el uso fraudulento que las empresas privadas realizan actualmente del SUS, utilizando la estructura pública para procedimientos que deberían garantizar y ellas mismas cubrir.
El ministro quiere un tipo de plan que jamás él ni ninguno de sus familiares querría usar, que no asegura la atención en tiempo y forma y obliga a largas esperas, a soportar una enorme burocracia, e incluso luego de todas estas gestiones descubrir que el plan que se adoptó no cubre sus necesidades para tener que volver a la fila de espera del SUS.
La apuesta oficial a las empresas privadas solo asegura mayores ganancias al sector privado a costa de ahogar aun más al SUS. Los medios informan que cerca de dos millones y medio de brasileros dejarían de utilizar un plan de salud privado debido al endeudamiento doméstico, el aumento de los precios y del desempleo que ya afecta a 12 millones de brasileros.
La propuesta del gobierno solo garantiza las ganancias de las empresas de salud privadas. Varias encuestas vienen registrando el rechazo popular a la propuesta. En el portal de Uol, una de ellas apuntó que el 70% de los que respondieron perciben lo absurdo de la propuesta oficial, que aumentará las restricciones y la precarización de la salud. Esta reforma viene a sumarse a las que el gobierno de Temer ya viene aplicando como la reforma que reduce el gasto público por años, afectando áreas sociales como la salud y la educación. Y se prepara para avanzar con la reforma del sistema previsional y las jubilaciones.
El esfuerzo de los golpistas por favorecer a los grandes empresarios pasa por encima de las necesidades más básicas de los trabajadores y el pueblo pobre, utilizando la salud, un derecho esencial, para garantizar las ganancias de los empresarios y capitalistas. Esta propuesta no hace más que agravar la crisis actual de la salud pública. Debemos pelear por un Sistema de Salud Único 100% público y de calidad, estatizar toda la red privada de salud que desde hace años vienen usurpando el patrimonio publico y utilizar el conocimiento producido en las universidades en beneficio de la población y no de los intereses empresarios, cuya sed de ganancia permite que se pierdan miles de vida. La salud no debería ser tratada como una mercancía, sino como una necesidad básica prioritaria que debe ser atendida.
