Su motivación no es erradicar la violencia de género que emana entre sus propias filas, el verdadero móvil es que se acercan dos fechas claves: las municipales de octubre del presente año y, con mayor relevancia, las parlamentarias de noviembre del 2017.
Viernes 19 de agosto de 2016
El conocimiento público de los diversos casos de violencia hacia las mujeres protagonizados principalmente por figuras partidarias de la UDI y el bullado caso de Ricardo Rincón ha despertado una inusitada inquietud en los partidos políticos que están detrás.
Hoy se suma otro caso de violencia reiterativa: Jaime Ramos actual concejal y candidato a alcalde del PS por Río Negro, quien ha sido formalizado por agredir a su pareja quien cursa un embarazo. Simultánea a esta formalización su ex pareja Viviana Guerra también salió a denunciar que fue maltratada durante el embarazo de la hija de ambos que hoy tiene 3 años.
Los partidos analizan cómo actuar
Su motivación no es erradicar la violencia de género que emana entre sus propias filas, el verdadero móvil es que se acercan dos fechas claves: las municipales de octubre del presente año y, con mayor relevancia, las parlamentarias de noviembre del 2017.
El Partido Socialista congeló la militancia de Ramos y lo pasará al Tribunal Supremo partidario, quedando en duda su candidatura a alcalde, mientras la Gobernación Provincial de Osorno lo desvinculó de su cargo como jefe de gabinete. Esto en el marco general del anuncio del PS de no aceptar entre sus filas a militantes que estén acusados de violencia intrafamiliar, una formalidad sin repercusiones en la realidad, pues el mismo testimonio de la ex pareja de Ramos deja claro que no hubo denuncia en su momento por las amenazas económicas de éste. ¿Con cuántos militantes quedaría el PS si éste llevara hasta el final su promesa pública?
Por su parte, la UDI expulsa de sus filas a Matías Huerta y le abre la puerta dócilmente a San Martín para que éste anuncie el congelamiento de su militancia hasta que se “aclare” el caso. Lo que espera claramente este defensor de la herencia pinochetista es la impunidad que puede otorgarle la ley, probablemente como sí le funcionó a Ricardo Rincón por más de 14 años. La línea de la UDI tras su primer caso con el joven maltratador Huerta es dejar que fluya el río, para que cada acusado se haga a un lado voluntariamente y no emitir declaración alguna como partido, ni rendir ningún tipo de cuentas públicas sobre algo que es la base de su ideología: la violencia hacia las mujeres en sus diversas formas y manifestaciones.
El caso de la DC indigna tanto por su propio abordamiento institucional como por el tratamiento de la prensa más reaccionaria como Emol de El mercurio, en el que, a través de una nota titulada: “Expertos concuerdan que antigua demanda por violencia intrafamiliar complica futuro político de Rincón”, se analiza su caso en relación a las repercusiones políticas para la falange chilena, citando a cuestionables cientistas políticos, que ponen en la balanza lo que pierde y gana la DC con quitarle su próxima recandidatura a diputado, haciendo deplorables observaciones tales como las siguientes:
"si la Democracia Cristiana insistiera en presentar a Rincón podría afectar naturalmente sus chances electorales, pero la ventaja del diputado es que representa a un distrito con alta concentración de población rural donde existen menos mecanismos de información para acceder a este tipo de noticias y por lo tanto, a lo mejor no le afectaría de gran manera", o bien señalando la relativa lejanía de las parlamentarias de 2017, que “ese escándalo va a estar menos presente a nivel de la opinión pública".
La complicidad de los partidos con sus propias figuras es evidente y tiene una data de años, hoy cada partido arma su balanza no en pro de erradicar la violencia de género sino en camino de defender sus escaños y cargos públicos para las fechas que se aproximan. Una cuestión que desde nuestra postura no es casual, tanto la DC como la UDI son férreas defensoras de la doble moral que condena a las mujeres de Chile a no tener ninguna incidencia sobre sus propias vidas a través de su rechazo al derecho al aborto, así como también, defensoras de una conservadora visión de la mujer como responsable y protectora de la institución familiar (y la patria), una visión muy difundida desde la Dictadura y hoy profundamente cuestionada tanto por la realidad de las miles de jefas de hogar que duramente salen adelante solas, como por los movimientos sociales que cada vez denuncian más la situación de la mujer en el Chile actual.
El PS, si bien, no reproduce a nivel discursivo estas ideas, las materializa en los hechos, con una legislación y una institucionalidad que no ha logrado disminuir ninguna de las lamentables cifras anuales de femicidios y sosteniendo la violencia de género, mal llamada “intrafamiliar”, condenando a las mujeres a trabajos precarios y la nula asistencia social permanente y efectiva a las víctimas de violencia.
Si fuesen las mujeres organizadas junto a los movimientos sociales y la clase trabajadora a través de sus propias instituciones, quienes tuviesen la posibilidad de tomar en sus manos esta realidad, el temor electoral y coyuntural de los partidos del régimen se transformaría en un pavor de conjunto por cada uno de los intereses que representan sus miserables escaños y cargos públicos, cargos públicos que hoy financian vicios privados.
Desde la Izquierda Diario nos sumamos a la consigna “Ni una menos” en contra de todo tipo de violencia hacia las mujeres y repudiamos cada uno de estos hechos.
