Cinco tribunales regionales suspenden en 5 de las 24 entidades del país el proceso de recolección de firmas con el que la oposición había solicitado la activación del referendo revocatorio presidencial.
Viernes 21 de octubre de 2016
Causó sorpresa que simultáneamente, en el mismo día y casi en la misma hora, cinco tribunales del país decidieran medidas que ordenan “posponer cualquier acto que pudiera haberse generado como consecuencia de la recolección de 1% de manifestaciones de voluntad” que se requirieron para validar el comienzo del proceso del revocatorio a Maduro.
Pero también llamó mucho la atención que quienes anunciaran e hiciesen público las supuestas sentencias de los tribunales no fueron los propios jueces, sino que al unísono lo hicieran los respectivos gobernadores de los estados Aragua, Carabobo, Bolívar, Monagas y Apure, todos del chavismo.
Comenzó el gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, "Tribunal penal de Aragua anula el proceso de recolección de firmas y ordena reparar FRAUDE cometido por la MUD", informó en Twitter. Luego llegaron en catarata las declaraciones del gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, y de Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Luego apareció Diosdado Cabello que, fungiendo como primer vicepresidente del PSUV, informó en un acto político que los tribunales de los estados de Monagas y de Apure, habían emulado estas medidas contra el referendo.
Es de aclarar también de que se trata de tribunales penales de primera instancia, que toman su decisión tras la admisión de querellas penales “por los delitos de falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral”. Estas decisiones judiciales anulan las firmas que entregó la oposición derechista a principios de mayo al Consejo Nacional Electoral (CNE) para cumplir con el requisito que exige la ley de que la solicitud sea apoyada por al menos el 1 por ciento de los electores del país para que en efecto se active el proceso del referendo revocatorio.
Acto seguido, y a las pocas horas de las sentencias de los tribunales, en un comunicado oficial, el CNE “informa al país que ha sido notificado, por tribunales de la República, de medidas precautelativas”, y que por tanto “Estas decisiones tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad, que estaba previsto para el 26, 27 y 28 de octubre próximos”.
Esta declaración del CNE ya era esperada, pues la decisión de estos tribunales regionales se ha hecho pública justo una semana antes de que se celebre la recolección del 20 por ciento de firmas (aproximadamente 4 millones) programadas para los últimos días de octubre, el último paso necesario antes de la convocatoria del referendo revocatorio presidencial. De esta manera, de no haber ninguna otra sentencia superior, es decir del Tribunal Supremo de Justicia, que altere las decisiones de los tribunales regionales, quedan suspendidas hasta no se sabe cuando la recolección de firmas, y por tanto el revocatorio, incluso definitivamente.
A fines de abril pasado, la oposición sostuvo que había recolectado más de 1,8 millones de firmas para cumplir con el primer requisito exigido por el CNE para activar el revocatorio que consistía en conseguir el apoyo del 1 por ciento de los inscritos en el registro electoral que equivalía a casi 200.000 firmas. Aunque tras esta primera recolección de apoyos, el Poder Electoral validó 400.000 firmas, que fueron la cantidad de personas que hicieron acto de presencia para validar que las firmas eran de su propio puño y letra, el resto no se hizo presente.
Pero desde la alta cúpula del PSUV y del gobierno se había solicitado ante distintas instancias que se suspenda el proceso del referendo revocatorio en función de sus denuncias de irregularidades en la primera recolección de firmas que hizo la oposición para activar el referendo revocatorio en su contra, y acudieron a la justicia para pedir investiguen lo que consideran es un fraude. Las decisiones de los tribunales penales regionales de este jueves van en consonancia de las intenciones del gobierno y del PSUV de que se suspenda el revocatorio.
El chavismo temía el probable escenario que la recolección del 20% firmas fuese masivo
Es de recordar que este lunes por la noche, el Tribunal Supremo de Justicia anunció el dictamen que la recolección del 20% de las firmas debía hacerse por estados, y no tomando el país como distrito único tal como una elección presidencial, como lo exige la oposición. Un requisito no previsto en la Constitución, ni fue exigencia en el revocatorio del 2004 cuando se lo hicieron al entonces Presidente Chávez, así como tampoco en ninguna norma electoral vigente hasta el momento. Es decir, si existiese tan solo un estado, aunque fuese el de menor población del país, y que allí no se alcanzase el piso del 20%, y aunque en todos los demás y a nivel nacional se superase de lejos los 4 millones de votos, no habría revocatorio ni en este ni en el año entrante.
Hasta el momento, como es claro y notorio que la dilatación de la realización de un referéndum para revocar el mandato de Maduro obedece a los cálculos del peligro de perderlo. Pero el gobierno incluso estaba temiendo que el proceso de recolección del 20% de firmas fuese un acto masivo, lo que le podría generar más crisis política al poder transformarse el proceso en un plebiscito mismo, que es lo que buscaba la oposición. Este es el fondo que está en la decisión de los jueces regionales, y que rápidamente el CNE acató.
Es que el gobierno ha perdido apoyo popular por sus medidas en medio de la aguda crisis económica y social, donde la popularidad de Maduro ha bajado mucho y sabe que no solo es muy probable que pierda el revocatorio, sino que incluso hasta temía una manifestación masiva de firmas en la segunda fase del proceso del revocatorio. Por eso durante todo este tiempo, desde la alta cúpula del chavismo han venido insistiendo en deslegitimar la iniciativa opositora, pese a que la misma es un mecanismo constitucional mediante el voto al cual se sometió el propio Chávez en 2004.
Pero lo ocurrido este jueves pone en entredicho no sólo la juntada del 20% de firmas sino incluso el propio curso del revocatorio, es decir, su suspensión definitiva, salvo que la oposición decidiese iniciar los trámites desde cero, un hecho muy poco probable. La MUD es una oposición empresarial y ligada al imperialismo, pero había encontrado en la vía del referéndum, impulsada inicialmente por Capriles, la forma de retomar la iniciativa política, adueñarse del argumento democrático y poner a Maduro en jaque, ante la perspectiva de enfrentar una compulsa en las urnas.
Al cerrar este artículo la oposición de la MUD en forma conjunta no había hecho declaraciones oficiales, a no ser vía Henrique Capriles quien sostuvo que "el gobierno hoy empuja un escenario muy peligroso y de aumento de la crisis" y que en las próximas horas harán una declaración pública.
Con estas sentencias de los tribunales es claro que, buscando una cobertura “legal”, el gobierno y la alta cúpula del PSUV lo que pretende es negar definitivamente la habilitación del referéndum, y que constituye un paso de claro corte bonapartista. El revocatorio es un derecho que está en la Constitución. No hay justificativo para que el gobierno, bajo cualquier cobertura “legal” que busque encontrar, decida permitirlo sólo cuando está seguro de ganar. Pero hay que ser claros también, mientras sostenemos categóricamente que el revocatorio es un derecho constitucional que debe ser respetado, es preciso denunciar también que la derecha aprovecha un instrumento como el revocatorio para sus objetivos antiobreros, privatistas y proimperialistas.
La línea seguida por el gobierno de frenar a la oposición con medidas arbitrarias de claro corte bonapartista, independientemente de los aspectos “legales” que busque cubrirlas, no hace otra cosa que llevar más agua al molino de la reacción y favorecerle el camino a la oposición. Con la decisión del CNE, arguyendo que acata la decisión de los tribunales regionales, de suspender “hasta nuevo aviso” la recolección de firmas, vuelve a crispar al rojo vivo la confrontación entre el chavismo y la oposición derechista.
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