#essaqueo. Terminemos con el saqueo: ¡Nacionalización sin indemnización del litio, cobre y nuestros recursos naturales bajo control de las y los trabajadores!

El gobierno había adelantado que adjudicaría la licitación este viernes, pero fue ayer miércoles por la tarde cuando sorprendió con el comunicado, avisándole a las dos empresas que se adjudicarían el proyecto de explotación. Esto mientras en el mismo congreso se buscaban pasar proyectos, uno de parte de la DC y otro del PC, para frenar esta nueva licitación.

El gobierno de Piñera no se detuvo ante la negativa de la mayor parte de la población, de no haber incluso aplicado la consulta indígena en el lugar donde se encuentra la comunidad Licanantay, ni de los proyectos en el Congreso para frenar su licitación, recursos en tribunales, ni menos sobre la discusión en la Convención sobre los recursos naturales.

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Pero el gobierno de Piñera ya había recibido un espaldarazo de parte del equipo de Boric los días anteriores, Diego Pardow, su coordinador programático y parte del equipo económico, había declarado en el programa de La RED, Mentiras, Verdaderas, que “hemos analizado preliminarmente con nuestro equipo legal los antecedentes, y no hemos visto vicios legales. se adjudica conforme a lo que ha sido este proceso, al siguiente gobierno le tocaría respetar una decisión que fue hecha en los marcos institucionales”.

Siendo estas declaraciones reafirmadas por el coordinador de minería de Boric, Willy Kracht, quién declaró a la revista Pulso que “Postergar o suspender aparentemente está fuera de las bases de la licitación. Las bases, como están redactadas, no dejan espacio para suspender o postergar”.

Las empresas que se adjudicaron el negocio son la china BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A, quienes presentaron ofertas por 61 y 60 millones de dólares respectivamente. De esta forma, ambas empresas se adjudicaron una cuota de 80 mil toneladas de litio metálico comercializable. La primera ya tiene en licitación los buses RED (ex Transantiago) y la otra empresa, de capitales nacionales, pertenecen a Grupo Errázuriz, que también tiene proyectos de explotación en el Salar de Maricunga, el principal dueño es Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del empresario pinochetista Francisco Javier Errázuriz Talavera (conocido como Fra Fra).

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Estado, comunidades indígenas, agua y medio ambiente

El Estado chileno y su impronta de “puertas abiertas” al saqueo de los recursos naturales por parte de transnacionales, ha negado también los derechos preexistentes de la organización y autoridad de las comunidades Lickanantay, tampoco ha respetado el derecho a decidir cómo y de qué vivir, y qué emprendimientos realizar en sus territorios. De hecho, en todas las negociaciones entre las comunidades y las empresas saqueadoras derivadas de los procedimientos de exploración y explotación del litio, el Estado chileno ha actuado como lugarteniente de las transnacionales situándose del mismo lado de la mesa, mientras Albemarle y SQM (las otras dos empresas ofertantes, y que hoy junto a la China Tianqi controlan la mayoría de la explotación de litio) han obtenido suculentas ganancias en décadas de saqueo del Salar de Atacama, han aumentado los ataques hacia los salares- a pesar de que salares como el de Atacama son reconocidos dentro del tratado internacional de RAMSAR; un tratado internacional aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, relativo a la conservación y uso racional de los humedales-, el agua, el territorio y a las 12 comunidades indígenas de la zona.

Así, la mayor problemática que se identifica es el uso y abuso del agua y su privatización, legitimada en el Código de Aguas de la dictadura militar que lo reconoce como bien público, pero también económico permitiendo su comercialización, facilitando la extracción de agua de capas profundas del desierto de Atacama y de diversos ríos de la zona. En este sentido, las cifras sobre la utilización de aguas por parte de SQM y Albemarle son de más de 63 mil millones de litros de agua de capas subterráneas al año, es decir, utilizan 2 mil litros de agua por segundo, generando un estrés hídrico en la zona. Asimismo, consumen una cantidad considerable de agua dulce que extraen de los ríos de la zona, afectando la flora y la fauna del Salar de Atacama. Por otra parte, privan a las comunidades indígenas que se han coordinado para utilizar esas aguas para desarrollar la agricultura y la ganadería y lo más alarmante es que afecta el consumo de agua potable de las comunidades.

Distintos estudios que se han realizado sobre los efectos de la producción del litio han dado a conocer que para el año 2030, tanto SQM como Albemarle aumentarán su producción 18 veces, lo que implicaría el agotamiento de las reservas de agua que utilizan las comunidades; en consecuencia, el saqueo a destajo del litio ha generado un desastre medio ambiental irreversible, que está sostenido por el Estado para que las empresas aumenten sus ganancias.

Terminar con el saqueo: ¡Nacionalización sin indemnización del cobre, litio y nuestros recursos naturales bajo control de los trabajadores!

El dilema del saqueo del litio no se va a resolver con “acuerdos” entre los gobiernos y sus amigos los empresarios, como lo expresan los acuerdos/negociados entre el Estado chileno y empresas como SQM y Albemarle, quienes hoy tienen la mayoria del saqueo del litio, y que ahora también en un porcentaje BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.. Las y los trabajadores pueden dar una salida a este dilema, partiendo por estipular el derecho democrático de las comunidades Lickanantay de decidir sobre su territorio, nacionalizando el litio, el agua, el cobre y nacionalizando sin indemnización las empresas que ya saquean el “oro blanco” como Albemarle y SQM, bajo control de sus trabajadores, pueblos originarios, comunidades afectadas y especialistas de universidades de la región, para iniciar una transición hacia una producción que no deprede la naturaleza. No hay salida posible para ponerle término al saqueo sin planificar racionalmente la producción, distribución y consumo, y eso sólo es posible de la mano de la clase obrera, que ocupa las posiciones estratégicas en la economía.

Por último, no se pueden ignorar los problemas ecológicos padecidos en mayor grado por las y los propios trabajadores y sus familias. Caso testigo es el de la segunda región como epicentro de zonas de sacrificio en sus ciudades por la extracción minera, así las y los trabajadores deben apostar a aliarse con los movimientos ambientales, comunidades indígenas y la juventud, para anular la licitación del gobierno y terminar con el saqueo de los últimos 30 años, y sus consecuencias. Esto solo lo lograremos con la movilización y la organización de todos los sectores.