El pasado miércoles finalizó el plazo de regularización migratoria efectuado por el gobierno, proceso que ha sido denunciado por las organizaciones de migrantes debido a las falencias y trabas que pone a gran cantidad de personas en situación indocumentada.
Viernes 25 de mayo de 2018
El cuestionado proceso de regularización a migrantes en definidos como “ilegales” por el gobierno, llega a su fin con una fuerte denuncia por parte de organizaciones migrantes, quienes han visto las trabas que en el camino, desde la implementación del plan, se han visto, y que en suma no han hecho otra cosa que perjudicar tanto la permanencia de migrantes, así como de quienes siguen entrando al país.
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En el norte del país, la organización de Residentes Bolivianos en la ciudad de Iquique, denunció hace varios días que la Policía de Investigaciones (PDI) en el paso de Colchane ubicado en la región de Tarapacá “están solicitando certificado de antecedentes penales a los ciudadanos bolivianos para ingresar a Chile, como requisito indispensable”. Dicha medida, agregan “es una vulneración al acuerdo multilateral MERCOSUR, que se supone que se garantiza la mayor libertad de desplazamiento sin obstáculos ni papeleos para ciudadanos de los países miembros”.
Desde el gobierno ya han enfatizado en que pondrán todos sus esfuerzos por perseguir y criminalizar a quienes no estén al día con sus trámites.
Andrés Chadwick, Ministro del interior y primo de Sebastián Piñera, señalo: “la primera etapa del proceso se cierra este miércoles, por lo que quienes no lo hicieron deberán atenerse a las consecuencias, que parten con la expulsión”. En La Moneda a su vez comentaron “las fiscalizaciones de control migratorio aumentarán”, por lo que “cualquier ilegal que sea descubierto correrá el riesgo de ser expulsado”, esto a partir del mes de Julio. Por otro lado, desde este jueves quienes cuentan con visa de Turista y se han quedado a residir, tendrán dos meses más para tramitar su situación.
En una nota anterior se profundizaba sobre lo que esconde verdaderamente el Gobierno de Piñera en torno a la migración. Sus verdaderos objetivos son poner los dardos sobre la población extranjera en torno al desempleo existente y también en torno a la delincuencia, donde exaltan la figura de extranjeros en actos delictuales.
Sin embargo, ambos ejes sacan del foco la responsabilidad del actual gobierno, quien es impulsor del trabajo precario, haciendo competir a trabajadores chilenos con migrantes.
Esto se traduce en un negocio redondo, ya que así los empresarios contratan a migrantes bajo condiciones miserables, despidiendo a trabajadores chilenos, a quienes deben entregarle mayores requisitos como previsión, salud, entre otros “gastos” en los cuales los empleadores no quieren invertir.
Por el lado de la “seguridad nacional”, dentro de una esfera de altos casos de corrupción en el gobierno, de designaciones bajo el nepotismo en los cargos, así como de los injustificados sobre sueldos de las instituciones armadas y sus previsiones sociales, qué mejor en ese escenario de complejidad que poner en la mira del conjunto de la clase trabajadora y las capas medias la figura de la delincuencia como principal “personaje” de la seguridad y bienestar social. Y no es cualquier personaje, si no que viste rostro de migrante. Estas recetas bien planteadas por el gobierno y los empresarios han calado en las subjetividades de algunos sectores fomentando así la discriminación en los lugares públicos, como el transporte, los centros comerciales, las oficinas públicas, entre muchos otros.
Unámonos como trabajadores hermanos
La problemática de la migración tiene un claro carácter de clase, ya que no presenciamos a las personas discriminando a empresarios por venir desde afuera (a seguir precarizando los empleos y sacando capitales), y por otro lado, el incentivo a que estos vengan esta justamente resguardado por el gobierno, quien alienta a los capitales yanquis y europeos para la inversión en pro del “progreso social”, entonces, cabe preguntarse ¿Dónde está dicho progreso social? En un país donde cada vez se agranda la brecha entre ricos y pobres, en donde las jubilaciones son paupérrimas y los derechos sociales son considerados objetos de consumo.
Mientras que Piñera y sus ministros y parlamentarios hacen del gobierno una empresa familiar, seguido por Carabineros, quienes han realizado uno de los mayores robos de la historia, el gobierno pretende aumentar la discriminación contra la población migrante, culpabilizándola del desempleo que han generado los empresarios.
Sin embargo, independiente de nuestro color de piel, vivimos lo que es llegar a altas horas de la noche al hogar, dejar la vida en el trabajo y no poder pasar tiempo con nuestras familias y amigos, además de enfrentarnos a deudas altísimas cuando el sueldo no alcanza para fin de mes. Es por esto que debemos unirnos y luchar por nuestros derechos que el gobierno pretende privarnos.
