Viernes 6 de noviembre de 2020 00:03
Presentadas junto al proyecto de resoluciones sobre la actividad política del PTS “Un partido para que triunfen las y los explotados”, para ser discutidas en una Conferencia Nacional partidaria a comienzos de diciembre.
1. La situación nacional está condicionada por las tendencias más generales de la crisis internacional. Aún los pronósticos más optimistas dan cuenta que a lo sumo ocurrirá una recuperación limitada después de una gran caída. Todo augura mayores tendencias a los choques entre las clases y los estados, dentro de un empobrecimiento y caída en los niveles de vida del conjunto de la clase obrera. Las elecciones en Estados Unidos están atravesadas por una fuertísima polarización, donde parece tender a imponerse por un muy escaso margen Biden, mucho menor del esperado. Habrá que ver, si se concreta esta tendencia, si Trump reconoce el resultado. En cualquier escenario, todo lleva a pensar que se intensificarán los conflictos sociales y políticos. Si Biden finalmente se impone, después del enorme movimiento antirracista de este año lo hará con un Partido Demócrata que no va a satisfacer las aspiraciones de quienes lo votaron sobre todo para sacarse de encima a Trump, y un Partido Republicano con probable mayoría en el Senado y una fuerte base social reaccionaria, junto a una mayoría conservadora en la Corte. En América Latina las tendencias a mayores enfrentamientos entre las clases que se habían expresado antes de la pandemia (con la rebelión chilena y otras grandes movilizaciones populares como las Ecuador y Colombia en un polo y el golpe reaccionario en Bolivia y el fortalecimiento de Bolsonaro en el otro) van a reactualizarse más temprano que tarde, en una región fuertemente golpeada por la pandemia. Ya el resultado de la elección boliviana, con una aplastante derrota del bloque golpista a manos del MAS (que implica un duro golpe a Bolsonaro y toda la derecha continental), muestra que estamos frente a procesos de cambios bruscos en los estados de ánimo de las masas, con sectores de las clases medias que habían alentado la caída de Evo Morales votando ahora por el candidato “masista”. Por otro lado, en Colombia viene de haber una huelga general y en Ecuador una jornada de movilización contra los planes del FMI, así como protestas importantes en Costa Rica. La acción de masas empieza a retomarse en distintos países de América Latina. En el caso de Chile el resultado del plebiscito mostró una aplastante mayoría de la población que aspira a terminar con la constitución pinochetista y su herencia. Con un gobierno de Biden en Estados Unidos, quedarán más debilitadas las fuerzas de derecha más dura (como Bolsonaro) aunque es improbable que se modifiquen los aspectos centrales de la política estadounidense para la región, más allá que retome las formas más negociadoras de la última etapa del gobierno de Obama.
Una situación con elementos pre revolucionarios
2. En nuestro país, en medio de una combinación de crisis económica y política que se retroalimentan, estamos atravesando una situación que podríamos definir como incipientemente pre revolucionaria, con cambios bruscos de coyunturas, en función de un conjunto de elementos. Primero, una crisis económica y social de magnitud, que va a llevar a una caída del PBI cercana al 12% solo este año, niveles de pobreza que han llegado al 40,9%, la pérdida de 3,7 millones de puestos de trabajo y reservas mínimas en el Banco Central, junto con altos niveles de inflación y presiones devaluatorias. Es una crisis que va más allá de sus manifestaciones coyunturales, y que se agrava por el condicionamiento que significa estar bajo el control del FMI por la próxima década. Segundo, que la gran burguesía no considere al de Alberto Fernández como su gobierno directo (como si ocurría con el de Macri) es una fuente de inestabilidad permanente, que la orientación acuerdista y ajustadora del gobierno en la actualidad no nos pueden hacer perder de vista. Tercero, existe una importante división y tendencias a la polarización en las clases medias, con sectores de derecha que ganaron las calles, pero otras franjas que, aún siendo base del gobierno, expresaron un fuerte repudio por la represión en Guernica. Cuarto, ha habido una pasividad predominante en la clase trabajadora (de ahí lo incipiente de los aspectos pre revolucionarios), especialmente entre los trabajadores formales, aunque irrumpieron sectores precarios y desocupados en la lucha por la tierra y la vivienda. Lo limitado de la acción de masas en estos meses, producto inicialmente del ASPO, ha sido resultado de una combinación de factores: rol frenador de la dirección burocrática de los sindicatos, medidas de contención tomadas por el gobierno, ilusión en que la crisis será de alguna manera superada luego de la pandemia. Esto no significa que no haya habido algunas luchas relevantes, como la de los docentes en Mendoza contra la ley de educación provincial, aeronáuticos de LATAM contra los despidos o de los choferes de la UTA en varias provincias, entre otras, o provincias como Córdoba, Chubut y Misiones donde hay más acciones de masas. Pero no han sido las huelgas y movilizaciones de la clase trabajadora ocupada las que han dado la tónica general en estos meses, mientras lo que emergió fue la lucha de los sectores más precarizados de la clase obrera y pobres urbanos, mediante la oleada de tomas de tierras, con Guernica como su emblema, que el gobierno “resolvió” con represión, buscando cerrar este proceso. Así, tomada de conjunto, la acción del movimiento de masas es por el momento el elemento más retrasado de la situación, pero las propias condiciones de la crisis y el agotamiento del margen económico para las medidas de contención (ya se anuncian aumentos de tarifas y no se proyecta el IFE en el Presupuesto 2021) hacen predecir un cambio de esta tendencia más temprano que tarde. Algo que quizás estemos empezando a ver en la coyuntura con la huelga telefónica, tercerizados ferroviarios, las protestas de la oposición ferroviaria contra el cierre de la paritaria a la baja, procesos en metalúrgicos contra intentos de las patronales de imponer la flexibilización laboral o en el sector salud, como contra tendencia al intento de frenar represivamente las más disruptivas ocupaciones de tierras. Las consecuencias del desalojo en Guernica todavía están demasiado frescas como para ver sus implicancias más generales en la situación. Mientras por un lado el gobierno intenta asentar la derrota que significa el desalojo, el alto costo político pagado por la represión y la disposición a seguir luchando de una parte de los vecinos es un punto de apoyo para tratar de reagrupar y mantener la lucha por la tierra y la vivienda nacionalmente. Lo hecho por el gobierno es parte de una política más general para acordar con la derecha y los grandes capitalistas, que ya ha generado un amplio malestar y crisis en la base electoral y militante del kirchnerismo, cuyo alcance aún está por definirse. Es significativo también porque anticipa lo que puede ocurrir si en el próximo período se masifican las acciones de la clase trabajadora.
El gobierno, las clases fundamentales y la oposición derechista
3. Desde su asunción el gobierno de Alberto Fernández ha pasado esquemáticamente por tres momentos. Uno inicial, donde intentó plantearse como un gobierno de “unidad nacional”, una ubicación reforzada al inicio de la pandemia por la co-gestión de la misma entre Fernández-Larreta-Kicillof, y la aceptación de Juntos por el Cambio del liderazgo presidencial (como expresó Mario Negri sosteniendo que se ponía a la “órdenes del comandante”). Un segundo momento tiene lugar a partir del affaire Vicentín y el envío al Congreso de la reforma judicial, hechos que fueron utilizados para emerger a una amplia oposición social y política por derecha, alentada por el grueso de la gran burguesía y la oposición de Juntos por el Cambio, con Clarín y La Nación atacando a la figura presidencial con la misma virulencia que lo hacía con Cristina Fernández en su último gobierno. Ahora estamos viviendo un tercer momento, donde el gobierno está buscando un “gran acuerdo nacional” con el gran empresariado y al menos un sector de la oposición derechista. La participación de Alberto en el Coloquio de IDEA (donde igualmente fue defenestrado por los comentarios de los CEO’s y gerentes presentes); las reuniones personalizadas en Olivos con varios de los “dueños del país” y las de Guzmán con la cúpula de la AEA incluyendo a Rocca y Magnetto; la carta de Cristina Fernández llamando a un “gran acuerdo para enfrentar la crisis”; la votación de un presupuesto a la medida del FMI; la represión en Guernica y otras tomas (más la resolución favorable a Luis Etchevehere del conflicto por sus tierras); y las medidas “market friendly” de Guzmán para tratar de contener el dólar y bajar la emisión con deuda; son todas expresiones claras de este intento. Esto no significa que sea sencillo lograrlo ya que el plan estratégico de los núcleos centrales de la clase dominante no es otro que la continuidad del ataque al movimiento de masas que, según su perspectiva, Macri solo ejecutó muy parcial y limitadamente. Por más que Cristina les recite que con su “modelo” de cierta regulación estatal y contención del movimiento de masas les va a ir mejor, la política de las grandes corporaciones capitalistas en todo el mundo es la profundización de la “obra” neoliberal, mediante la cual en los últimos 40 años los ricos se hicieron cada vez más ricos a costa de la pauperización y degradación de clase trabajadora. La gran burguesía que controla el grueso de la economía nacional no es diferente. Más aún, se caracteriza desde Martínez de Hoz hasta nuestros días por un nivel de fuga de capitales al exterior en proporciones a su patrimonio difícil de igualar. Solo aceptan ceder algo cuando la acción de masas los amenaza con hacerles perder todo. Por ello, aunque el de Alberto Fernández es un gobierno claramente capitalista que se propone continuar con el “régimen del FMI”, y por ello mismo es un gobierno crecientemente ajustador, sus dificultades para “menemizarse” (es decir, pasar a ser un gobierno directo del gran capital) provienen de que implicaría un salto en el choque con amplios sectores de su base electoral como de su propia coalición (donde están la gran mayoría de los sindicatos y movimientos sociales). Es decir, aunque el gobierno se derechice esto no significa mecánicamente que la gran burguesía lo considere como un gobierno propio. Para que esto suceda tienen que mediar derrotas de magnitud del movimiento de masas y producirse rupturas y realineamientos en la coalición de gobierno. Esto no significa, sin embargo, que la derechización del gobierno no tenga costos políticos. La represión en Guernica en particular, donde el terreno desalojado va a ser utilizado para hacer countries y campos de golf, ha provocado una crisis en amplios sectores de la base kirchnerista. El hecho es muy reciente para saber si esto producirá rupturas de sectores significativos, pero ha expuesto con claridad la contradicción entre las ilusiones de su base electoral, y de sectores de su propia militancia, con su práctica gubernamental. En particular, porque fue realizada por el gobierno estandarte de La Cámpora, el de Axel Kicillof, donde para justificarse han recurrido al arsenal macartista contra la izquierda de todo gobierno derechista, y puesto en primer plano a un personaje como Berni detestado por los sectores progresistas, aún los que apoyan al gobierno.
4. En el gobierno del Frente de Todos conviven sectores que expresan distintos lazos con sectores de las clases dominantes y del movimiento de masas (sindicatos y movimientos sociales), parte de los cuales (el peronismo “de los gobernadores” y el Frente Renovador) fueron socios de Macri en sus cuatro años de gobierno, votándole todas las leyes fundamentales para llevar adelante su obra de saqueo. Alberto Fernández, a la vez que tiene que tratar de mantener la unidad de la coalición, intenta expresar al “peronismo de los gobernadores”, que tiene relaciones orgánicas con las clases dominantes que operan en cada provincia, junto con el sector de la burocracia sindical que hoy comanda la CGT con Héctor Daer. También expresa a los grandes laboratorios. Massa y el Frente Renovador tienen relaciones estrechas con las multinacionales que operan en la zona norte del Gran Buenos Aires y con la embajada norteamericana, con empresarios de los medios nacionales, banqueros y diferentes sectores de la burguesía de la Provincia de Buenos Aires, así como con los sectores más derechistas de la burocracia (del sector de Barrionuevo). El kirchnerismo, por su parte, tiene relación más directa con sectores de la burguesía no monopolista más “mercado internista” (que también tienen relaciones con el Frente Renovador y apoyaron masivamente al peronismo en las elecciones), empresarios ligados a la obra pública y a los medios y del negocio energético. A la vez engloba a los sindicatos nucleados en la CTA Yasky y en la Corriente Federal, ha establecido una alianza táctica con Moyano y cuenta también con el apoyo directo e indirecto de numerosos movimientos sociales. Tiene también el sostén de los organismos “históricos” de Derechos Humanos, de amplias franjas del mundo científico, universitario y de la cultura, y de la gran mayoría del “progresismo”, junto a una base electoral propia de Cristina que agrupa a la gran mayoría de los pobres urbanos y trabajadores tanto informales como sindicalizados, y entre estatales y docentes en particular. Salvo Massa, enfrentado históricamente a Bergoglio, el resto de la coalición tiene muy buenas relaciones con el Papa y con diferentes alas de la Iglesia Católica. Por el momento, más allá de los roces y disputas propios de todo gobierno de coalición, no ha habido diferencias en las decisiones centrales tomadas por el gobierno, como acordar con los acreedores privados y ahora aprestarse a hacerlo con el FMI, reconociendo una deuda ilegal y fraudulenta, la represión en Guernica o la orientación conciliadora actual con los grandes empresarios. Las diferencias que surgieron por temas más tácticos, fueron resueltas por derecha, como el caso Vicentín, donde Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, actuó abiertamente para retirar el proyecto de intervención y estatización.
5. La tirantez entre los núcleos centrales de la burguesía y el gobierno no se deben a que este haya atacado sus intereses durante la crisis. Es el gobierno que legitimó la deuda de Macri con los fondos buitre y salió del default a partir de un acuerdo muy favorable para estos, permitiendo con ello una valorización de las acciones de las empresas locales. Un gobierno que ahora se apresta a acordar con el FMI y ya se amolda a un escenario de ajuste permanente como expresa el proyecto de presupuesto 2021. Que recortó $ 72.000 millones a los jubilados, a partir de suspender la movilidad jubilatoria en un año que iba a permitir recuperar algo de lo perdido con Macri. Que con los ATP pagó los salarios de cientos de miles de empresas de todos los tamaños, salvándolas de la quiebra o apuntalándoles sus ganancias. Que otorgó multitud de beneficios impositivos al capital. Que convalidó suspensiones con baja salarial al 75%. Que en política exterior mantuvo la permanencia de Argentina en el Grupo de Lima y votó resoluciones contra Venezuela a pedir de Trump. Y que en relación con las medidas de contención social tomadas en la pandemia estuvo en línea con lo que hicieron también distintos gobiernos derechistas, como recurrir a una elevada emisión monetaria para enfrentar el quiebre económico y una asistencia a los que se quedaron sin nada, como el IFE, que está por detrás de lo que ha dado un gobierno como el de Bolsonaro. Es también un gobierno que ha mantenido las políticas extractivistas en todos los terrenos (mega minería contaminante, fracking, agro negocios) y que hasta el momento se ha negado a presentar la ley por la legalización del aborto, aunque volvió a instalarse mediáticamente el tema por el pedido de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de que sea tratado y Massa convocó a reuniones con “verdes” por un lado y “celestes” por otro. Una orientación general que ha sido acompañada por el gobierno en su conjunto, sin que el ala “kirchnerista” haya planteado una orientación diferente.
6. Junto a la gran burguesía, la alta clase media es base fundamental de la oposición por derecha al gobierno, derramando hacia parte importante de las clases “medias medias” de profesionales autónomos o ligados al capital privado, especialmente en las provincias del centro del país, CABA y el interior bonaerense, como lo expresaron las últimas elecciones. Este sector es el que ha estado detrás de los banderazos orquestados por la oposición de Juntos por el Cambio, donde sus privilegios materiales se acompañan con valores afines a la “meritocracia” y el neoliberalismo. La creencia en que la riqueza es producto del mérito individual, la defensa de la propiedad en general y su transformación en un derecho cuasi absoluto, el desprecio hacia quienes están en situación de pobreza (“los vagos que se mantienen del estado”), es parte de un sistema ideológico reaccionario que acompaña internacionalmente el desarrollo de diferentes fuerzas de derecha. A su vez, se alimenta de la política de naturalización de los planes asistenciales de miseria como forma de vida permanente de una parte creciente de la población, aún en momentos de expansión económica. De hecho, esto a lo más que aspira la ideología del “estado presente” del progresismo latinoamericano, por ejemplo. La propia CFK en su gobierno anterior con el cobro generalizado del “impuesto a las ganancias” a amplios sectores de la clase obrera formal favoreció la difusión de una ideología reaccionaria “anti pobre” entre capas importantes de los trabajadores, además de entre sectores de las clases medias. Esto también lo vimos en la posición frente a la ocupación de tierras donde la burguesía ha machacado día y noche para crear el prejuicio que la lucha de las familias sin techo por tierra y vivienda hacía peligrar la vivienda propia de trabajadores o sectores de la clase media. Planteos como los de Milei y Espert son la expresión más extrema de esta concepción, que trata de imponerse como un nuevo sentido común reaccionario que tenemos que enfrentar en el cual el interés de los más ricos intenta encubrirse en la defensa de la pequeña propiedad, cuando son los propios monopolios los que la amenazan permanentemente. Los “banderazos” y otras movilizaciones de estos sectores tuvieron el fin de “marcar la cancha” por derecha al gobierno. Aún sin ser muy masivos (aunque con gran amplificación por parte de los medios afines) y sin aumentar su influencia sobre la base electoral del Frente de Todos, lograron parte de sus objetivos. El gobierno retrocedió ante cada medida cuestionada por este bloque de derecha, tanto en lo económico como en lo social, con la excepción de la declaración de las telecomunicaciones como servicio público, que afecta especialmente al grupo Clarín. Varias encuestas señalan que parte de esta franja se ha desplazado políticamente desde Juntos por el Cambio hacia Espert y Milei, aunque no está clara la magnitud de este cambio. La expresión en las calles dando una idea de oposición más social que política expresa, a su vez, las dificultades para rearmarse políticamente de una derecha que viene de un fracaso estrepitoso tras cuatro años de gobierno, y en la que conviven diferentes proyectos. Desde un Rodríguez Larreta tratando de ganar el “centro” político (que sabe que para ganar en 2023 tiene que disputar algo del 50% más pobre de la población) hasta los “más duros” como Bullrich y Pichetto (alentados por el mismo Macri), que apuestan a que la crisis se desmadre y con un discurso con rasgos “bolsonaristas” disputar a Massa sectores tanto de pequeños patrones como de la clase media baja (a la que llegan vía la “seguridad” y una ideología socialmente conservadora y derechista). Estos sectores, que mayoritariamente apoyaron en la última elección al Frente de Todos han muy sido golpeados por la caída de la economía (miles de comercios cerrados). Dada la magnitud de la crisis, de aquí pueden surgir también diversos fenómenos políticos con puntos de contacto en alguna variante de discurso “antipolítico”.
7. El gobierno, por su parte, mantenía hasta el último giro pro empresario gran parte de su apoyo entre las clases medias “progresistas” y la gran mayoría de la clase trabajadora. Su caída en las encuestas no se había dado principalmente entre sus votantes sino en sectores que votaron por la oposición y le dieron el apoyo al comienzo de la cuarentena. Sin embargo, al diluirse cada vez más los “logros” de la gestión de la pandemia y al profundizarse la crisis, empiezan a verse expresiones de base electoral propia decepcionada, fenómeno profundizado luego de la brutal represión a las familias sin techo en Guernica. Esta tendencia puede ampliarse con la limitación o liquidación de las medidas de contención desplegadas durante la pandemia, algo que anticipa el presupuesto 2021. Si bien el derrumbe económico generado por la cuarentena produjo una caída general de los salarios y jubilaciones y un aumento de la pobreza y la desocupación (que no fue mayor debido al congelamiento de las tarifas de los servicios públicos que dejará de regir), no impactó de la misma forma en todos los sectores. El desempleo ha golpeado mayoritariamente al sector informal, tanto asalariado como cuentapropista (que muchas veces son asalariados encubiertos). De los 3,7 millones de puestos de trabajo perdidos solo un 10% ha ocurrido entre trabajadores registrados, que son los más protegidos por la prohibición de despidos y donde el programa ATP, un mecanismo de salvataje al capital, evitó más cierres. En el sector público, aunque los salarios siguieron cayendo frente a la inflación y aumentó la precarización laboral, no hubo despidos y la exposición a la pandemia fue limitada, ya que la mayoría de la actividad se realiza mediante formas de “teletrabajo” (menor exposición al virus a cambio de mayor precarización), con excepción del sector salud, que cargó sobre sus hombros el enfrentar la pandemia prácticamente sin compensación alguna. En el sector privado, hubo muchas desigualdades según la actividad. Los supermercados y los trabajadores de las empresas de reparto, estos últimos ultra precarizados, se contaron entre los más expuestos a contagios durante toda la pandemia, pese a lo cual no fueron favorecidos con mejoras en sus ingresos. En la industria y en distintos servicios hubo disputas permanentes con las patronales por las condiciones de seguridad en el trabajo, tanto en actividades que se consideraron “esenciales” desde el principio como en las que se fueron reabriendo paulatinamente. Fueron múltiples las denuncias de violaciones de los protocolos por parte de las empresas, lo cual aumentó los contagios entre los trabajadores. Sin ninguna duda, quienes más resultaron afectados por la pérdida de ingresos y de empleo debido a la cuarentena fueron trabajadores no registrados que de un día para el otro se quedaron sin ingresos, entre los que se cuentan trabajadores de la construcción, empleadas domésticas y cuentapropistas varios. En este sector, que no recibía previamente ayuda estatal, el IFE (que fue en realidad bimensual), en los que casos en los que pudo accederse, resultó una compensación muy menor. Muchos fueron por primera vez a comedores y a otras formas de ayuda alimentaria, sumándose a quienes en situación de vulnerabilidad permanente ya la recibían habitualmente para sobrevivir. De estas dos franjas provienen quienes rompieron la pasividad y salieron a luchar por tierra y vivienda en las ocupaciones, donde muchos se cuentan entre quienes perdieron sus ingresos y tuvieron que dejar de pagar los alquileres, en situaciones donde la suspensión de los desalojos no los protege. Lo cierto es que las condiciones que mantuvieron predominantemente en la pasividad a los sectores formales están empezando a agotarse junto con la caída de los recursos del estado. Las ilusiones en que todo seguirá más o menos igual luego de la pandemia se están chocando contra la realidad de una caída muy profunda, como ya expresan los anuncios de aumentos de tarifas y la ausencia del IFE, que cobraron 9 millones de familias, para el año próximo.
Una crisis estructural y el “régimen del FMI”
8. Independientemente de los ritmos y coyunturas, estamos atravesando una etapa donde la magnitud de la crisis limita todas las salidas intermedias y reformistas. La crisis en curso tiene una dimensión más estructural y una más coyuntural. Estructuralmente, la decadencia del capitalismo argentino es innegable. Lo que se presenta como “restricción externa” se agudiza en una economía dependiente y crecientemente primarizada, donde las rentas y ganancias generadas por las exportaciones, apropiadas por empresas multinacionales, especuladores financieros y el capital agrario, van a parar predominantemente al exterior mediante distintos mecanismos de fuga de capitales. Si bien la “restricción externa” es un fenómeno pre existente en la economía nacional, sus efectos se han visto agravados con las políticas implementadas de la dictadura en adelante. A sangre y fuego con un genocidio primero, y a golpes de hiperinflación e hiperdesocupación después, la burguesía logró disminuir a la mitad el salario promedio respecto del que existía en 1974, desregular los movimientos financieros para favorecer la fuga de capitales, incrementar el dominio directo del capital imperialista y aumentar la primarización de la economía. La “herencia” económico social contra revolucionaria de la dictadura fue convalidada por los gobiernos constitucionales y profundizada en los ’90, consagrándose en la reforma constitucional del Pacto de Olivos, en la que se habilitó la entrega del petróleo y otros recursos naturales. Hoy el PBI per cápita, aún calculado al dólar oficial, se encuentra en los niveles de 2007. Después de la recuperación ocurrida en la primera etapa de los gobiernos kirchneristas durante el superciclo de las materias primas, la situación es de estancamiento y declive al menos desde 2011. El esquema kirchnerista solo funcionó con “viento de cola”, como ocurrió en toda la región. La “década ganada” terminó prácticamente sin un dólar en el Banco Central y con niveles de pobreza cercanos al 30%. A su vez, los cuatro años de Macri mostraron el fracaso de la “receta” neoliberal para salir del estancamiento y provocaron una caída generaliza en el nivel de vida de las masas trabajadoras. La apertura generalizada de la economía, el libre acceso a las divisas, la caída de los salarios y jubilaciones, la baja de impuestos a las patronales, la suba exponencial de las tarifas energéticas, no generaron ninguna “lluvia de inversiones” sino niveles récord de fuga de capitales, que se financió con hiper endeudamiento en dólares. Después de un aumento explosivo de la deuda con los acreedores privados, hubo que recurrir al FMI ante el virtual default. Pero el préstamo récord del organismo solo sirvió para estirar la agonía. Macri dejó un país hiperendeudado y virtualmente en default, con aumento de la inflación (se duplicaron los niveles ya altos que venían de CFK), de la pobreza y de la desocupación, y con un muy bajo nivel de reservas. Con Macri se reforzaron todos los aspectos semi coloniales del capitalismo dependiente argentino, estableciéndose una suerte de “régimen del FMI”, que el gobierno peronista, aunque tiene una relación diferente que el de Macri con los núcleos centrales de la clase dominante, no se propone modificar. Alberto Fernández, por su parte, subió con la ilusión que arreglando con los acreedores, con un poco más de regulación estatal y una política de conjunto conciliadora hacia la gran burguesía revertiría la situación. Pero no solo esto era tan iluso como las creencias de Macri en que una política “market friendly” multiplicaría las inversiones, sino que el parate generalizado de la economía producto de la pandemia agravó toda la situación. Las reservas del Banco Central están hoy en una situación crítica (hay quienes señalan que las reservas líquidas ya están en terreno negativo). El país estará sometido por los próximos años a los controles del FMI, con el que tiene una deuda gigantesca de USD 44 mil millones. Este año el déficit fiscal primario, que se calcula llegará a 7 puntos del PBI, fue sostenido en base a una gigantesca emisión monetaria, algo que ocurrió en multitud de países. De esta manera fueron financiadas las medidas de contención social y de salvaguarda del capital tomadas por el gobierno ante la pandemia. Pero esto no podrá sostenerse el año próximo y, menos aún, en el contexto de una negociación con el FMI que implicará políticas de ajuste y límite a la emisión monetaria probablemente por al menos una década. Ya el presupuesto de 2021, que anuncia una baja del déficit al 4,5% del PBI (que ahora Guzmán se jacta de poder bajar aún más frente a la AEA), es un anticipo de esto, algo que se intensificará hacia 2025, cuando los pagos a los acreedores privados se acercan a los USD 8 mil millones anuales. Además, esta dependencia del FMI implica un condicionamiento de la política exterior argentina debido al peso de los Estados Unidos en su directorio, lo que ya se expresó con la votación argentina respecto de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Más allá de los ritmos, esta subordinación al FMI es la base estructural que plantea la contradicción entre las aspiraciones con las que las masas votaron a Alberto Fernández (recuperar lo perdido bajo Macri) y la realidad del un ajuste que será cada vez mayor, lo que alienta choques más agudos entre las clases y las tendencias a la acción directa de las masas trabajadoras. Si este año, en el cual se están licuando las reservas pese al derrumbe de las importaciones que generó un superávit comercial proyectado de USD 15 mil, ¿de dónde va a conseguir los dólares en el futuro sin afectar las rentas que se apropian las clases dominantes y con una economía mundial estancada que no permite ver ningún posible salto exportador? Limitada la apuesta a Vaca Muerta por la caída internacional de los precios del petróleo, la falta de “plan” del gobierno, como no sea tratar de evitar que todo empeore, se debe, esencialmente, a la ausencia de respuesta a esta pregunta.
9. Esta crisis estructural es lo que, en últimas, volvió efímeros los efectos del acuerdo con los acreedores privados y alimentó la coyuntura crítica que venimos atravesando, con pérdida de reservas y fuertes presiones devaluatorias por parte de los exportadores, pese a que ya el dólar oficial está a valores altos comparado históricamente. La alta brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos lleva a los exportadores agrarios a liquidar en cuentagotas los granos que aún conservan, no como un sector “pasivo” sino buscando activamente ese desenlace, que significaría un nuevo golpe a salarios y jubilaciones y un factor recesivo adicional (y a la vez inflacionario) para una economía que ya está en caída libre. De ahí que se abren para la coyuntura dos escenarios alternativos generales (y la posibilidad de distintas variantes intermedias): a) el “mercado” gana la pulseada y el gobierno termina devaluando, abriéndose una caja de pandora respecto de donde puede conducir esta situación; b) el gobierno logra contener en el límite la pérdida de reservas y evitar una devaluación brusca pero continuando la economía en una situación de mucha fragilidad. En este último escenario un acuerdo con el FMI, la suba de la soja a USD 400 la tonelada, la capacidad instalada ociosa, la caída de los salarios y la apertura de actividades cada vez mayor pueden permitir algún rebote. Pero esto a la vez impulsaría una mayor demanda de dólares por parte de los importadores y reabriendo un escenario de déficit comercial creciente. De ahí la “cuadratura del círculo” en que parece encontrarse la economía nacional. De ninguna manera la situación de crisis internacional generalizada, el sometimiento al FMI y la debilidad del crecimiento de China pueden llevar a una reedición de la recuperación iniciada en 2003, luego del “trabajo sucio” del default de Rodríguez Sáa y la devaluación de Remes Lenicov y Duhalde. Parece poco probable también una recuperación como la de 2010-11 empujada por China, que ahora, tiene menos fuerza que en aquel entonces. Además, los aumentos de tarifas tendrán un efecto inflacionario en el conjunto de la economía. El escenario de cierto rebote económico y crecimiento inflacionario sería un factor posiblemente dinamizador de la lucha de clases, especialmente en los sectores en los que durante la pandemia ha predominado la pasividad. Es decir, las perspectivas son o de devaluación brusca (que el gobierno está tratando de evitar) o de arrastre de la crisis, lo cual implica, aún en el escenario menos catastrófico (y más allá de las coyunturas) una agudización de los enfrentamientos de clases que permitirá acelerar la experiencia de las masas trabajadoras con el peronismo en el poder. En este marco, un punto particularmente frágil son las provincias endeudadas en dólares, que pueden transformarse en un eslabón débil por el que estalle la lucha de clases. Córdoba y Chubut, por ejemplo, han tenido en estos meses de pandemia un nivel de acciones de masas que no hemos visto en el resto del país.
El agotamiento de las medidas de “contención” y la pelea por la tierra y la vivienda
10. Los trabajadores agrupados en los sindicatos pueden resignarse a ser ajustados un tiempo debido a la pandemia (más con un gobierno recién asumido al que votaron masivamente y con las direcciones burocráticas sosteniendo el ajuste), pero de ninguna manera están derrotados. ¿Qué harán cuando se acaben las medidas de contención y los afecte directamente la magnitud de la crisis? Sus aspiraciones, como en cierta medida expresan las tomas de tierras, están latentes y a la espera de hacerse oír. La unidad de las distintas fracciones del Frente de Todos (desde sectores abiertamente pro imperialistas y hasta su sector políticamente progresista y “filo chavista”) va a estar en cuestión con el desarrollo de la crisis y la lucha de clases, en una medida aún mayor que la crisis generada por la represión en Guernica. En sordina, esto también se expresa con los cambios constantes de equilibrios en la propia coalición de gobierno, incluyendo los movimientos dentro de la burocracia sindical. El 17 de octubre se vieron tres sectores, el de Acuña y Barrionuevo que realizó un acto patético con Duhalde; el de Moyano que hizo su propio acto con sectores de la Corriente Federal (hoy aliado al kirchnerismo); y el de Daer y los “gordos” que organizaron el acto oficial y actúan sobre el gobierno como ala de presión hacia una política de conciliación con la AEA. Si los elementos pre revolucionarios de la etapa se desarrollan, la coalición peronista indefectiblemente se dividirá. Lo mismo Juntos Por el Cambio, que por el momento utiliza las diferencias internas para tratar a todo el espacio “no peronista”. El bipartidismo de coalición que celebran los politólogos no es algo que llegó para quedarse sino un producto de un equilibrio inestable. El propio hecho que sean coaliciones y no partidos es una muestra de debilidad, ya que son acuerdos útiles para ganar una elección pero que al expresar intereses diversos dificultan el propio accionar gubernamental y su unidad es más frágil y episódica. Por ello, y más allá de los ritmos tenemos que estar abiertos para cambios más o menos bruscos en las distintas formaciones políticas hoy existentes, aunque no necesariamente van a expresarse en el próximo proceso electoral.
11. Hasta el momento, las tomas de tierras son la principal irrupción de las masas durante la pandemia. Si bien la ocupación de terrenos es un fenómeno endémico desde los ’80 y se calcula que se producen en promedio unas 120 tomas por año, ganó visibilidad e intensidad en el último período producto de la combinación de la crisis generada por la pandemia con las mayores aspiraciones generadas por el cambio de gobierno. Muchos de los ocupantes tenían al menos algún tipo de empleo antes de la pandemia y fueron desalojados al no poder pagar los alquileres, frecuentemente de una pieza en una casilla. La represión en Guernica fue una decisión política del gobierno para enviar un mensaje sobre la “defensa de la propiedad privada” al establishment y, a la vez, al hecho que no conseguía el levantamiento de la toma sin asegurar un lote seguro a todas las familias y donde se haría la transición. Es el resultado de haber aceptado tratar como un tema penal lo que es una cuestión social, como pide la derecha y los medios de comunicación que respaldan ese punto de vista, que busca construir un sentido común de que la propiedad privada es un derecho absoluto y de que lo que está amenazado es la pequeña propiedad de la clase media o los trabajadores que han accedido a una vivienda propia. Por ello omiten que las tomas y ocupaciones de terrenos ociosos es la forma en que desde hace 40 años los sectores populares acceden a un techo, como lo muestra la existencia de los 4416 barrios populares consignados en el RENABAP, que tienen ese mismo origen. Esta situación se agravó desde los ’90 con la proliferación de countries y barrios privados (que, frecuentemente en la ilegalidad para no pagar impuestos, ya ocupan un territorio equivalente a dos veces y media el tamaño de CABA pero con diez menos población que esta) que han empujado las tomas del primer a una suerte de cuarto cordón del conurbano. La resistencia de más de tres horas a la represión policial (en la que jugamos un rol acompañando a los vecinos) amplificó el costo político pagado por el gobierno, que está respondiendo en forma similar a diversas tomas a lo largo y ancho del país. No es cierto que el gobierno no podía más que acatar la orden de desalojo del Poder Judicial, podían recurrir a multitud de argumentos para no instrumentalizar la represión. Para peor, lo hicieron para favorecer los negocios de una empresa de un amigo de Videla que consiguió una parte de esos terrenos en forma irregular poco antes de la retirada del gobierno militar, y donde piensa construir un country con campo de golf. Es decir, lo contrario de las promesas de campaña y toda la liturgia sobre “la patria es el otro” y “donde hay una necesidad hay un derecho” que levantaban contra Macri. En los momentos inmediatos a la toma, la adopción de Axel Kicillof del mismo discurso macartista contra la izquierda de Berni (llegando al delirio de afirmar que los gases lacrimógenos los tiraron “militantes de izquierda” y no la policía bonaerense) no ha hecho más que profundizar el desencanto generado por la represión en parte de su base militante y electoral. Todavía es temprano para saber el impacto más general del desalojo de Guernica sobre el conjunto de la lucha por la tierra y la vivienda, aunque en lo inmediato vino acompañado de otras represiones como en General Roca.
Un programa para terminar con el “régimen del FMI”
12. En función de las luchas que se avecinan, la necesidad de construir un gran partido revolucionario de la clase trabajadora se vuelve más urgente. Lo conquistado por nuestro partido, el PTS, y por el Frente de Izquierda, como referencia política nacional, son sin dudas puntos de apoyo en esta tarea. Si los aspectos pre revolucionarios de la situación se desarrollan, lo que hagamos los revolucionarios puede transformarse en central para la evolución de los acontecimientos. En primer lugar, tenemos que ayudar a acelerar la experiencia de la vanguardia y del movimiento de masas con el gobierno, impulsando las luchas y la organización y coordinación democrática para que triunfen (cuestión que desarrollamos en el documento Un partido para que triunfen las y los explotados) y con una agitación y propaganda política que muestren cómo su política ajustadora en los marcos del “régimen del FMI” lo lleva a chocar con las masas obreras y populares al hacer pagar los costos de la crisis al pueblo trabajador, como se vio en Guernica. Sin terminar con el “régimen del FMI”, continuarán la decadencia nacional y el agravamiento de los padecimientos del pueblo trabajador. La campaña electoral del FITU, donde Nicolás del Caño intervino claramente en los debates presidenciales vistos por millones, alertó que esta era la perspectiva. Oponemos al pago de la deuda ilegítima y fraudulenta, el desconocimiento soberano (no pago) de la deuda externa y la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Al chantaje permanente de las patronales agrarias y los monopolios exportadores, la nacionalización del comercio exterior. Para frenar el saqueo de los bancos y para proteger los depósitos de los pequeños ahorristas, la nacionalización y un sistema bancario público único, gestionado por sus trabajadores. Basta de la estafa de las privatizadas: nacionalización de todo el complejo energético bajo gestión de trabajadores y usuarios populares. A la caída de los salarios por la inflación, su indexación mensual automática. Que el salario y la jubilación mínima cubran el costo de la canasta familiar. Plan de obras públicas y vivienda para los sectores populares, controlado por las organizaciones obreras y populares. Ningún desalojo a las familias sin techo: integración socio urbana inmediata de los barrios populares y reforma urbana integral para que todo el pueblo trabajador pueda acceder a su vivienda. La ciencia y la tecnología deben estar al servicio de satisfacer las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores y no para aumentar los niveles de explotación de unos y enviar a otros al desempleo, mientras contienen con planes sociales de miseria y trabajos ultraprecarizados a las masas de pobres urbanos para intentar evitar que estallen revueltas. Con el actual desarrollo tecnológico sólo se explica por el carácter reaccionario del sistema capitalista que la jornada legal de trabajo siga siendo la misma que hace más de 100 años. Rebaja de la jornada laboral a seis horas y reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario. Basta de esclavitud laboral, terminemos con todas las formas de trabajo precario. Expropiación de los 4000 principales terratenientes, para que lo que ingrese por las exportaciones vaya a satisfacer las necesidades populares y para discutir qué y cómo se produce. No a la minería contaminante y al fracking. ¡Aborto legal y gratuito, ya! Ruptura de todos los pactos que nos atan al imperialismo. Retiro inmediato de Argentina del Grupo Lima. Pretender que puede revertirse la decadencia nacional y terminemos con la dependencia y el atraso mientras los recursos estratégicos de la economía en manos de los mismos que no paran de saquearnos y fugaron un PBI a paraísos fiscales, es una quimera. Se trata de transformar radicalmente el conjunto del régimen político y social. Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que termine con la herencia de la dictadura y la constitución surgida a espaldas del pueblo en el Pacto de Olivos.
Los sindicatos tienen que romper su política conciliadora y salir a las calles por las demandas del conjunto del pueblo trabajador. ¡Fuera la burocracia sindical! Por una dirección clasista, y en perspectiva revolucionaria, para el movimiento obrero. Por la organización democrática de las y los desocupados y familias en lucha por la vivienda, que funcione en base a asambleas soberanas, delegados revocables, con plena libertad de tendencias, que asuma las decisiones de la lucha y toda negociación con el gobierno. Unidad de ocupados y desocupados, de trabajadores formales e informales. Por la coordinación de los sectores en lucha y antiburocráticos, y la organización democrática de cada pelea. ¡Somos una sola clase!
La lucha por este programa permitirá que los propios trabajadores, mediante su experiencia con el gobierno, cuestionen las bases mismas de la sociedad capitalista. Por la expropiación de los expropiadores. Por un gobierno de las y los trabajadores, en ruptura con el capitalismo y conquistado con la movilización revolucionaria del pueblo trabajador, basado en consejos de trabajadores y el pueblo pobre, que organicen su propia autodefensa frente a la represión del estado y de las bandas paraestatales (burocracia sindical, barras bravas, etc.). Sabemos que estos objetivos solo pueden lograrse con la movilización de millones. En la clase trabajadora está la fuerza para quebrar la resistencia de la clase dominante a cualquier medida que atente contra sus intereses.
Aunque todavía predomine el apoyo al “mal menor”, tenemos que “explicar pacientemente” este programa y perspectiva para cuando puedan transformarse en fuerza material.
