En declaraciones a la prensa, el ministro de Producción neuquino confirma que los dueños de Neuquén Textil SRL, continúan produciendo, pero en talleres clandestinos.
Sábado 25 de febrero de 2017 12:45
El ministro de Producción de la provincia de Neuquén, José Brillo, parece haberse convertido en vocero oficial de los empresarios Huerta, los dueños de Textil Neuquén que el pasado 31 de enero vaciaron la fábrica arrojando a la calle a 36 obreras. Pero esta vez, sin quererlo, confirmó lo que las trabajadoras y sus abogadas denuncian: los Huerta siguen produciendo en talleres clandestinos.
En una entrevista en el diario Río Negro, Brillo sostiene las mismas mentiras que esgrimieron los Huerta, como lo es que el cierre se debe a la crisis del mercado interno. Desde Izquierda Diario hemos desmentido la versión patronal, ya que Textil Neuquén producía para una gran cantidad de entes estatales que nunca dejaron de otorgar licitaciones a las distintas "empresas" de los Huerta.
Pero entre tantas mentiras, el ministro confirma una verdad que hasta ahora sólo surgía de boca de las obreras: la patronal sigue proveyendo al Estado. Ante la pregunta del diario sobre cómo se abastecerá de indumentaria a las instituciones de ahora en adelante, Brillo respondió: "Actualmente nos están terminando de proveer partidas que quedaron. Creo que faltaba completar algo y lo estaban haciendo".
Se confirma así que la patronal tenía un plan para cerrar Textil Neuquén tercerizar la producción vendida al Estado en talleres clandestinos, abaratando costos e incumpliendo los derechos laborales y el pago de créditos. Se trata de una afirmación grave: no sólo confirma que la patronal promueve trabajo precario y no registrado, sino que funcionarios del gobierno estarían avalando este accionar ilegal.
Los Huerta no podrían demostrar que producen con alguna otra razón social "en blanco", ya que su único establecimiento productivo era el de Neuquén Textil. Existen documentos presentados a la justicia que comprueban que sus "empresas fantasma" tenían su depósito... en el depósito de Neuquén Textil.
Pero por si fuera poco, al ser interrogado sobre si los Huerta seguirían proveyendo al Estado, Brillo respondió que "no, pero seguiremos comprando localmente". ¿A qué empresa local "en blanco" le comprarán la producción, si la única Textil de estas características registrada en toda la provincia era la Neuquén? ¿Acaso el ministro ya está organizando negocios con los testaferros de los Huerta?
Se amplía la denuncia penal contra los Huerta
En el día de ayer, las obreras, con el patrocinio del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), ampliaron la denuncia presentada en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. En dicha ampliación se aportan pruebas fehacientes sobre: el manejo fraudulento de la patronal que, entre otras cosas, facturaba con 8 razones sociales distintas para que Neuquén Textil no mostrara balances positivos; que distintos entes del Estado reconocían a esas razones sociales como parte de un mismo entramado societario y, sin embargo, les otorgaban millonarias licitaciones (que a su vez niegan la "crisis" aducida); que la deuda con el IADEP fue refinanciada el año pasado con un convenio firmado por Hernán y Diego Huerta (apoderados de Neuquén Textil SRL y Joshue SRL), la directora del IADEP Mariana Roitstein, el Fiscal de Estado Raúl Gaitán, y el Ministro José Antonio Lara; que en dicho convenio se le ofrecía a los Huerta el beneficio de pagar parte de los $13.206.477 adeudados en especie, con 6.000 camisas y 4.150 pantalones para la Policía antes del 31 de diciembre de 2016, y la otra parte en cuotas hasta el 2026; que de eso se desprende que las máquinas siguen prendadas como garantía por el acreedor (el Estado), convirtiendo el accionar de los Huerta, sustrayendo la maquinaria, en un delito indiscutible.
Según lo expresado por distintas fuentes, entre otras licitaciones adeudadas, los Huerta no llegaron a entregar las 10.150 prendas a la Policía antes del 31 de diciembre de 2016. Es decir que ni siquiera habrían cumplido el pago del anticipo de la deuda con el IADEP, que tenía esa fecha como límite (algo que, en todo caso, deberían desmentir el propio IADEP y la Jefatura de Policía). Esa producción es la que se estaría terminando en 3 de los talleres clandestinos denunciados, a los que las abogadas del CeProDH reclaman allanar.
Mientras la ejemplar lucha de las 36 obreras textiles continúa, el escándalo se expande. El ministro Brillo pareciera no saber guardar secretos de amigos.
