PARÁSITOS. Tiempo de chantajes: amenazar con despidos para obtener subsidios y bajar salarios

Lo sucedido desde la publicación del DNU que estableció la prohibición de despidos por 60 días, es una muestra de que la extorsión de los patrones rinde sus frutos y de que tienen impunidad para hacer lo que quieren sin consecuencias. Ya instalaron el temor a la pérdida de más puestos de trabajo. Ahora se aprestan a obtener la mayor cantidad de beneficios y facilidades que puedan bajo esa extorsión.

Primero hay que decir que la prohibición de despidos por parte del Gobierno es una medida limitada y tardía. Limitada porque no es retroactiva, es decir, deja pasar todos los despidos que ya hubo bajo el pretexto del coronavirus hasta el 31 de marzo. Las empresas tuvieron tiempo para hacer lo que quisieron y no están obligadas a reincorporar a nadie. Tampoco dice nada respecto de quienes fueron “descontratados”, a quienes quedaron en la calle por la "no renovación" de contratos. Menos dice el decreto sobre la situación de quienes se quedaron en pampa y la vía en el marco de una situación laboral absolutamente informal (alrededor de 5 millones de personas).

Hecha la ley

Algunas empresas salieron muy tranquilas a anunciar suspensiones después del decreto presidencial. A ellas les sirvió para conseguir subsidios estatales y rebajar salarios.

Hasta el diario Clarín este jueves lo anunciaba textualmente: “El decreto del Gobierno que prohíbe los despidos deja una ventana abierta para las suspensiones”. Según analiza el abogado del CeProDH, Matías Aufieri, en este artículo el DNU prohibió “las suspensiones sin goce de sueldo previstas por el artículo 221 de la Ley de Contrato de Trabajo para casos de fuerza mayor". Sin embargo, habilitó las contempladas en el art 223 bis. Es decir: quedaron prohibidas las suspensiones por parte del empleador y sin goce de sueldo, pero quedaron habilitadas las que supuestamente son pactadas individual o colectivamente, con la persona o con el gremio.

Según Aufieri, en el decreto posterior publicado el 1° de abril, se establece además que en el caso de las empresas “que demuestren su crisis, según la cantidad de trabajadores que empleen, el Estado le cubrirá por cada empleado, el 100 % el 75 %, o el 50 % del equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Y a las empresas que elijan suspender, un 25 % de dicho concepto, más allá del porcentaje de salario que éstas dispongan abonarle a los trabajadores suspendidos”. Es decir que, si la empresa suspende abonando el 70 % del salario, el Estado se hará cargo de aportar para cada sueldo el equivalente a un 25 % de un salario mínimo vital y móvil.

“General Motors en Argentina implementará reducciones de jornadas laborales y suspensiones para empleados administrativos con una quita del 12,5 % y 25 % del salario base respectivamente”, asegura un comunicado de la empresa. Según publicó Infobae, la automotriz “asegura que se extendió el acuerdo con Smata de anticipar suspensiones para los empleados bajo contrato colectivo de trabajo, pagando el 70 % del salario neto”. “Las medidas aplican para el 100 % del personal. 80 % quedará suspendido y 20% con jornada laboral reducida haciendo trabajo a distancia (homeoffice)”, informa el sitio. Ya sabemos con quien fueron pactadas estas suspensiones. El sindicato en la primera línea de combate: no al virus, sino al salario. ¿Ante quién demostró General Motors su crisis?

Según publicó el sitio Infogremiales, “las empresas PYD, Acc Group y Next Latinoamérica enviaron telegramas a aproximadamente el 25 % de su nómina de empleados suspendiéndolos por 30 días sin goce de sueldo”.

Una denuncia enviada a este diario, muestra el telegrama enviado por el call ACC Group anunciando la suspensión sin goce de sueldo por 30 días, con fecha del 30 de marzo. Sin embargo, a nuestra fuente, tal notificación le fue comunicada luego de la publicación del decreto. Las suspensiones de estas empresas rapaces no podrían justificarse nunca con o sin decreto. Sin embargo, en este caso son totalmente ilegales. Textualmente el telegrama enviado dice que se ampara en el artículo 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es precisamente el artículo que el gobierno prohibió aplicar durante los próximos 60 días.

Hasta el Estado despide

Como ya denunciamos, hasta el mismo Estado está dejando gente en la calle a pesar del decreto. Tal es el caso del intendente Julio Garro de la ciudad de La Plata. Según denunció ATE Provincia de Buenos Aires, el intendente despidió a trabajadores del SAME y de Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS).

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Otro caso de despidos ilegales que trascendió es el de 25 trabajadores guías del Teatro Colón. Allí la empresa Goliardos S.R.L, que brinda servicios dentro del teatro, decidió despedirlos porque dice que el Gobierno de la Ciudad no le paga desde octubre. ¿Prohibición de despidos? ¿Quién dijo?

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Además, lógicamente los despidos siguen bajo la forma finalizaciones de contratos. Sabemos que tanto los privados como el Estado hacen uso de esta estafa, que encubre relaciones laborales permanentes bajo contratos temporales, que cuando no son renovados por el motivo que al empleador se le ocurra, no son considerados despidos.

Farmacity especula con el alcohol en gel, expone la salud de sus trabajadores y ahora aporta otro grano de arena para empeorar las cosas. Había empezado a despedir a trabajadores con contrato desde antes del decreto. Después del decreto siguió con otra tanda.

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Siempre aprovechan la volada

Nicolás Caputo, el amigo de Macri, antes del decreto había anunciado el despido de alrededor de 700 trabajadores en Mirgor, una empresa ensambladora de celulares de Tierra del Fuego. De acuerdo a lo informado por el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Romero, la empresa llegó a un acuerdo con el gobierno fueguino y con la UOM (Unión Obrera Metalúrgica). El arreglo alcanza a 525 operarios contratados bajo la modalidad de ‘plazo fijo’ y a 220 vinculados mediante contratos PPD (Personal de Prestación Discontinua).

Según Romero, “el CEO de Mirgor, José Alonso, se comprometió a mantener los contratos PPD hasta finales de abril, pagando el 100% de los haberes. En relación a los demás contratados, la empresa propone una reincorporación paulatina si se aprueba un protocolo especial para producir celulares durante la cuarentena”. La empresa hace explícito su chantaje. ¿Qué tiene de esenciales el ensamblaje de celulares en la pandemia? Las modalidades de contrato basura que todos los gobiernos han mantenido, le sirven de plafón para hacerlo con tranquilidad y ante los ojos del Ministerio y el sindicato.

Este jueves se conoció también la decisión de Flybondi de rebajar los salarios de su plantel en un 30 % durante los próximos tres meses. Esta medida es absolutamente ilegal. No se puede bajar los salarios así como así. Según Infogremiales, “eso firmó con la Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi Líneas Aéreas y presentó ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Además se incorporaron una serie de cláusulas de flexibilidad laboral, un viejo anhelo de la empresa amarilla que tuvo que ir posponiéndose en el tiempo, a cambio de no destruir puestos de trabajo en el mismo lapso”.

Otra empresa que sigue con la intención de bajar los salarios de manera totalmente ilegal es Latam. Desde el comienzo de esta crisis la aerolínea insiste con rebajar los sueldos a un 50 %.

“Reclamamos que las ganancias declaradas recientemente por la empresa estén puestas al servicio de paliar la crisis actual. Exigimos la apertura inmediata de los libros contables del holding LATAM, una cuestión elemental y básica, que la empresa se niega a poner sobre la mesa por una razón sencilla: es mentira que no tienen el dinero, es mentira que funcionan al día. No son un almacén. Son una enorme empresa monopólica en América del Sur”, sostienen en un comunicado los aeronáuticos y aeronáuticas que se le vienen plantando.

Exigen algo básico: que las empresas muestren sus números. Ya sabemos cómo "demuestran sus crisis" los patrones. Ya sabemos cómo “investigan” la Justicia, el Ministerio de Trabajo y las autoridades cuando las empresas dicen que no tienen plata. Ya sabemos cómo "protegen" nuestros puestos las direcciones de los sindicatos. En esta crisis, ninguna medida puede ser tomada ni ejecutada sin la intervención y el control de la clase trabajadora y los sectores populares, autoorganizados. Ya vemos sino lo que pasa. Ya vemos sino quién la paga.