165.022 personas han quedado en la calle. La mayor alza desde el último trimestre -sin considerar enero- es la que ha presentado hacia algunos días el INE, el gobierno ya manifestó que la causa sería el golpeado IMACEC no minero y minero luego del estallido social, sin embargo esto no ha quedado por fuera de recortes arbitrarios en los sueldos y el uso indiscriminado del artículo 161 del código del trabajo el cual refiere a desvinculaciones por “necesidades de la empresa”.
Domingo 5 de enero de 2020
“En los primeros 13 días de diciembre las desvinculaciones totalizan los despidos de un mes normal”. Con esta bajada comienzan los recuentos de reportajes y noticias dando cuenta del impacto que ha tenido el estallido social a nivel país.
Si bien esto podría considerarse como una situación de “causa-efecto” post estallido, lo cierto es que el colchón económico con el que el gobierno planteó en su momento la política de “los tiempos mejores”, lejos estaba de un momento de bonanza.
La proyecciones del banco central ya venían entregando cifras a la baja respecto al crecimiento económico del país, enmarcada principalmente en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Dicho sea de paso las acciones militares en medio oriente y los bruscos cambios en el precio de las materias primas podría ser una oportunidad para que grandes empresarios nacionales busquen simbiosis con ese gran negocio de la economía de guerra. Una situación que no se vería reflejada bajo ningún concepto en beneficio de los millones de manifestantes que hoy buscan reivindicar sus demandas en la necesaria repartición del erario nacional
Los grandes grupos económicos y las familias acaudaladas, enquistadas en millonarios negocios como los fondos de pensiones, la extracción de recursos naturales y el comercio no solo han buscado mantener a raya su tasa de ganancia, sino que lo han tenido que ser vía “reorganización”, “restructuración” o abiertamente miles de despidos a nivel nacional.
Siendo sectores como el de construcción los más golpeados: solo en un mes se desvincularon por necesidades de la empresa a más de 52.347 trabajadoras y trabajadores representando el 58% del total de cancelaciones de diciembre. De esto solo hay una contabilidad que no se ha reflejado hasta el final, solo en el próximo trimestre se podrá medir el alcance de estos despidos en su totalidad.
Se hablan de entre 25 y 35 mil despidos y en aumento. Una política criminal de un gobierno que ha gastado millones en armamento para la represión y el fortalecimiento de su policía. Mientras que el gobierno además busca una vía de desvío con reuniones secretas con direcciones desde la denominada “Mesa de Unidad Social”.
Sin embargo, ha sido la misma lucha de casi 80 días a nivel nacional la que no solo ha entregado un panorama de despidos arbitrarios y empresarios que buscan solventar sus bolsillos, grandes sectores de masas hoy se han abierto a un nuevo aumento de sus expectativas de vida, demostrando que Chile despertó y que ya no hay vuelta atrás.
Ejemplo de estos han sido las luchas en contra de la precarización del trabajo siendo esta un pilar fundamental de la herencia constitucional, política y social del pinochetismo el cual millones no están dispuestos a soportar.
La lucha de los choféres del TransAntofagasta en la segunda región del país son un camino que ha dado luz verde a la lucha contra las malas condiciones de trabajo, donde incluso luego de paralizar sus funciones lograron contratos estables y otras medidas en favor de sus derechos laborales.
Así como también los trabajadores de Happyland, consorcio perteneciente a la familia Arteaga, dueños del complejo de entretenciones Fantasilandia, quienes sufrieron despidos luego de ser ligados a manifestaciones en Antofagasta y realizaron marchas al interior del Mall Plaza en la capital minera del país.
Otras luchas destacables han sido la de las educadoras de párvulos de fundación Integra quienes resistieron la represión policial en plena víspera de navidad; el servicio público se vio afecto a despidos donde tras persecusiones de carácter político y 100 despidos en el Instituto Nacional de Estadísticas quienes luego de realizar manifestaciones por su reincorporación fueron ubicados nuevamente en su trabajo la totalidad de estos funcionarios públicos, sin dejar de lado el icónico resultado de años de lucha de las trabajadoras y trabajadoras que cumplen funciones de aseo que luego de mucho tiempo de externalización pasaron a planta en el marco del estallido social.
Acabar con el irritable articulo 161 del código del trabajo, asimismo con el cese total de los despidos no solo podrá ser tarea de los trabajadores que hoy aislados dan estas luchas por mejores condiciones laborales y de vida, sino también que debe ser un deber que los grandes organismos y centrales sindicales se pongan a disposición de estos combates con un plan de lucha ascendente, potenciando cada una de ellas, porque será así como esa aumento de expectativas podrá entregar la moral desde el mundo del trabajo a los nuevos embates que se vengan, porque ni parlamentarios ni el gobierno nos entregarán respuesta a nuestras demandas.
