Una de las promesas anclada durante la campaña presidencial de Sebastián Piñera era la agenda anti delincuencia, donde prometía fortalecer el rol de la policía uniformada para atacar con mano dura a la delincuencia y al terrorismo, con un discurso cargado de datos cuestionables sobre victimización y de enaltecimiento a la cuestionada institución de Carabineros.
Jueves 29 de marzo de 2018
Aún no se cumplen tres semanas de Gobierno desde la investidura de Piñera y ya se puede observar el carácter y espíritu de su gobierno respecto a esta materia, el primer hito comunicacional que efectuó fue la remoción de altos mandos de la institución después de la salida del ex Director General Bruno Villalobos, estos estaban involucrados en la Operación Huracán, con esta acción se buscaba individualizar responsabilidades y pasar por alto los graves cuestionamientos hacia Carabineros por los casos de montajes, los hechos de corrupción y de desfalco de recursos institucionales.
El día martes 17 de marzo Andrés Chadwick, titular del Ministerio del Interior anunciaba la futura creación de una unidad policial antiterrorista con funcionamiento en la Macrozona Sur, que involucra las regiones de La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos. Cabe mencionar que este anuncio fue realizado a la salida del encuentro por la violencia rural donde el actual Gobierno polariza la situación en que vive esa zona del país, el anuncio es una clara señal de victimizar a un grupo reducido de la población, específicamente a dueños de fundo y empresarios de la zona, además de seguir criminalizando al Pueblo Mapuche sindicando de forma “sutil” como los responsables de la violencia y de terrorismo en las regiones mencionadas sin ningún tipo de sustento ya que en diversas causas los mapuches procesados han quedado absueltos en diversas instancias como caso ejemplificador está el de la Machi Francisca Linconao acusada junto a otros miembros de su comunidad por el asesinato de la pareja Luchsinger-Mackay.
La modernización de las policías de las que tanto habla Sebastián Piñera y Chile Vamos no es nada más que una maniobra para mantener a la población bajo un estado de control basado en el miedo, victimización y criminalización, para generar la necesidad de contar con instituciones de orden y seguridad, básicamente enaltecer la posición de autoridad y con ello la obediencia “ciega”, con ello desmovilizar cualquier intento de romper el orden establecido y mantenido por los gobiernos post dictatoriales que solo han estado al servicio y a la negociación con los intereses económicos de un grupo reducido de la población que influyen desde diferentes ámbitos el curso del país y con ello la vida de los que dan la fuerza productiva al país.
Un ejemplo claro de lo anteriormente mencionado es la violenta represión que sufrieron estudiantes y trabajadores en una concentración fuera del Tribunal Constitucional el pasado lunes 26 de marzo, donde uno de los asistentes fue brutalmente golpeado por los efectivos policiales hasta dejarlo inconsciente y sin prestarle ningún tipo de ayuda siguiendo con su detención. Los manifestantes rechazaban el actuar arbitrario de la apodada “tercera cámara” al declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto de reforma de educación superior, lo que permite al lucro seguir siendo protagonista de nuestro modelo educativo. El actuar del Gobierno por medio de su aparato represivo es solo muestra de que están al servicio de los grandes empresarios y grupos económicos y que por todos los medios defenderán su ideario y sus intereses por sobre la gran mayoría de la población.
El camino ya lo han marcado y esto es solo el comienzo de una seguidilla de políticas en contra de los derechos de los trabajadores, estudiantes, pueblos indígenas, mujeres, diversidad sexual y de todos los oprimidos, es por eso que “los tiempos mejores” tienen que ser de organización y acción en defensa de los intereses de la gran mayoría.
