Confirman la muerte de Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años, uno de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, el 11 de enero luego de ser detenidos por las fuerzas represivas de ese estado.
Sábado 19 de marzo de 2016
Más de 17 meses han transcurrido desde la noche negra en Iguala Guerrero, en donde el gobierno de Peña Nieto ha hecho evidente su apuesta al desgaste y al olvido imponiendo su “verdad histórica”. Muestra de ello son las distintas mesas de diálogo sostenidos entre los padres de los 43 estudiantes y la Procuraduría General de la República (PGR), que por distintos flancos ha mantenido una política de obstaculizar y desprestigiar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI), con el objetivo de desviar y detener las investigaciones.
El régimen mexicano viene sorteando una fuerte crisis, en donde ha sido cuestionada la gobernabilidad no solo en el estado de Guerrero, sino a nivel nacional y que ahora se presenta con muy claras similitudes en el caso de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, a inicios de año.
Las condiciones en las que se da a conocer el caso marcan toda la gestión del priísta Javier Duarte de Ochoa en la entidad; sacudida por cientos de ejecuciones, hallazgo de fosas clandestinas, desapariciones forzadas, represión y asesinato a periodistas, de la mano de la colusión de sectores del gobierno con cárteles como Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La situación de Veracruz es reflejo de la descomposición del régimen político mexicano.
Como señala una nota de El País, desde hace varias semanas se ha documentado el conocimiento de la fiscalía sobre la estructura de la banda criminal del CJNG, que a raíz de la captura de uno de sus miembros, Francisco Navarrete y de la detención de por lo menos ocho policías –entre ellos el delegado de la policía estatal, Marcos Conde–, según testigos, también se contaba con la colaboración de miembros de la marina para desaparecer a varias personas en Tierra Blanca.
Con la entrada de la Gendarmería al estado y la consecuente militarización de Veracruz, el gobierno de Duarte ha emprendido un duro ataque del que mujeres, luchadores sociales, jóvenes y trabajadores periodistas son blanco.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, cínicamente ha reconocido que el modus operandi de la desaparición de los cinco jóvenes de Tierra Blanca es muy similar al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Presuntamente hay pruebas de que los cuerpos fueron incinerados y triturados en el rancho El Limón, de Tlalixcoyan, Veracruz.
Hasta ahora esas pruebas solo han coincidido con Bernardo Benítez Arroniz, cuya noticia fue confirmada por los padres del joven, según los resultados del peritaje independiente realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Sobresale así, la relación de colaboración entre el gobierno de Duarte y aparatos del Estado en la ejecución de estos hechos criminales.
A esta crisis gubernamental en Veracruz se suma el descontento social que aglomeró a por lo menos 10 mil personas en la capital de ese estado durante la semana pasada, exigiendo el pago del adeudo por más de 2 mil millones de pesos a la Universidad Veracruzana (UV).
Sin duda, se trata de una crisis gubernamental abierta en el estado que cuestiona directamente la gestión de Javier Duarte. Como en Guerrero, se puede esperar que la amistad cómplice de Peña Nieto hacia el gobernador pueda expresarse, como se mostró en los hechos con el ex priísta que se pasó al Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángel Aguirre Rivero.
Sin embargo, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso está dando indicios de querer aprovechar esta crisis institucional, presentando una denuncia que lleve a juicio político a Duarte. Los panistas han señalado el rol de Peña Nieto por sostener en aquel estado presuntas violaciones constitucionales y omisiones en el desvío presupuestal y de recursos por más de 35,400 millones de pesos, así como de incumplimientos por el incremento de la deuda pública estatal.
En este sentido, el PRD no quiere quedarse atrás. Respaldados por la fracción parlamentaria perredista, campesinos del municipio Soledad Atzompa, una de las comunidades más pobres del país, denunciaron en la Cámara de Diputados el incumplimiento del gobierno de Duarte, en la aplicación de por lo menos 265 millones de pesos destinados a la construcción de hospitales y carreteras, cuyas avance ha sido nulo en los últimos 10 años de haberse descrito.
Si de algo pueden dar lección los partidos patronales, es que frente a una crisis abierta decanta su autoritarismo y corrupción.
Es necesario que frente al conjunto del régimen, los actuales partidos y sus instituciones, cualquier salida o juicio que dé fin al gobierno de Javier Duarte, sea impuesto por medio de la movilización en las calles de la clase trabajadora y los sectores populares.
El actor político en escena tiene que ser un amplio movimiento de estudiantes, mujeres, trabajadores y pueblos originarios que tenga por objetivo impulsar una Asamblea Estatal Libre y Soberana, contra la represión asesina del Partido Revolucionario Institucional y el conjunto del régimen, que demande la desmilitarización del estado, que garantice mayor presupuesto a la educación y logre erradicar cualquier amenaza a los derechos democráticos, como la libertad de expresión y prensa.
