Seis miembros de Prefectura pasados a disponibilidad. Seguridad privada, responsables de Costa Salguero y los organizadores de la fiesta, llamados a indagatoria por el juez Casanello.
Miércoles 20 de abril de 2016 15:05
La causa abierta por la muerte de 5 jóvenes en la fiesta Time Wharp y otros 5 aún internados en situación crítica, está empezando a develar un entramado de empresarios y fuerzas de seguridad como sospechosos de ser responsables.
El primer paso del juez federal Sebastián Casanello fue pedir la detención de Adrián Conci, dueño de la empresa Dell S.A. que organizaba el evento. El empresario, representado por el abogado Fernando Burlando, exigió la eximición de prisión, recurso que fue rechazado por Casanello por la gravedad del delito imputado y la alta pena estipulada para el mismo. Conci no se entregó y adelantó que hoy presentará una apelación. Burlando aseguró que su defendido “no tiene nada que ver con narcotraficantes” ni con el hecho de que el agua estuviera cortada en los baños.
Pero además, 6 miembros de Prefectura Naval fueron convocados a indagatoria, y pasados a disponibilidad, por haberse hallado en sus manos una bolsa de estupefacientes recolectada entre los asistentes al entrar al predio y no reportarla a tiempo; una bolsa proveniente de jefe de seguridad privada del evento.
"Había un tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina, que hicieron la vista gorda para que la fiesta continuara” aseguró el fiscal Delgado. Y agregó: “"¿Podría haber evitado la tragedia? Nunca lo sabremos. Pero sí es una clara muestra de cómo estaban dadas las condiciones para que la fiesta continuara sin importar las consecuencias.”
El juez Casanello advirtió a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en vistas de estas sospechas, si hubo un “intento de entorpecimiento de la investigación" proveniente de estos miembros. La Ministra haciendo la vista gorda a la participación de las fuerzas bajo su mando, responsabilizó a los padres de los jóvenes muertos.
El fiscal mientras tanto pidió la indagatoria de quien figura como titular del predio Costa Salguero, Néstor Bogado, del apoderado de Dell Producciones, Maximiliano Ávila y del encargado de seguridad de la empresa Siseg, Ezequiel Venturino. El llamado a indagatoria también incluye a funcionarios públicos: el responsable del plan de evacuación, Carlos Garat, y funcionarios de la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suscribieron el acta 19439 el 15 de abril a las 19, que habilitó la realización de la fiesta.
La línea de investigación sobre la venta de drogas como causa de las muertes en Time Wharp también se extiende sobre las condiciones que posibilitaron este resultado, un entramado de empresarios, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad sin los cuales el negocio del narcotráfico no podría haberse cobrado la vida de los jóvenes por ir a una fiesta. Mientras los medios de comunicación insisten en demonizar a la juventud por el consumo de drogas, se oculta que la responsabilidad por las muertres es compartida por empresarios y el Estado.
Fuente: Télam
