Después de que un particular solicitara la versión pública del caso de asesinato de 22 civiles por parte del ejército el 30 de junio del 2014 en Tlatlaya, Estado de México, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) se niega y decide reservar la información por dos años.
Viernes 26 de junio de 2015
La discusión efectuada por los comisionados del INAI durante varias semanas resolvió reducir la reserva de la información del caso de Tlatlaya de 12 años, periodo que había establecido la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a 2 años.
La decisión de mantener la reserva de la información fue defendida por varios comisionados con el argumento de que los delitos que se están juzgando e investigando por el asesinato de los jóvenes de Tlatlaya son del ámbito castrense, por lo que únicamente incluyen delitos de corte militar –como “desobediencia” e “infracción de deberes”– y no significan violaciones graves a los derechos humanos y, en cambio revelar la información significaría la violación al ejercicio de defensa de los militares involucrados.
La solicitud del acceso a la información cuestionaba en cambio dicho argumento pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) clasificó los hechos sucedidos en Tlatlaya como violaciones graves y el Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia declara que información con esas características no puede reservarse.
Finalmente, de acuerdo a la votación, los comisionados del INAI se negaron a la apertura de la averiguación previa de la Procuraduría Militar, dándole la razón a la Sedena, en tanto el proceso sigue abierto, reduciendo únicamente el tiempo de reserva.
Aunque el caso de Tlatlaya ha sido denunciado por diversos medios de información, organizaciones sociales y de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales que se efectuaron por parte del ejercito ocupando métodos de tortura y manipulando la evidencia, los delitos ocurridos ahí siguen considerándose aun únicamente delitos del ámbito militar.
Las diversas instituciones federales que han intervenido sobre el caso de Tlatlaya se han dedicado a proteger al ejército y al gobierno federal, en este caso ocultando información que puede evidenciar su carácter asesino y la degradación que ha traído consigo la salida del ejército a las calles, a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, que le ha permitido actuar de manera impune contra jóvenes, mujeres y luchadores sociales.
El caso de Tlatlaya se dio pocos meses antes de que ocurriera la masacre de Iguala y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Estos hechos abrieron un profundo cuestionamiento al Estado mexicano por su participación sistemática en la violación de derechos humanos. Salió a la luz pública la persecución a los luchadores sociales y su asociación con grupos delincuenciales para ello, caso en el que cada vez se ofrecen más evidencias de la participación directa del ejército mexicano aunque se sigue ocultando la información e impidiendo la investigación.
Al caso de las masacres de Tlatlaya y Ayotzinapa se suman los casos de Apatzingán y Tanhuato, también ejecutadas por el ejército. A pesar de ello la política de militarización continúa, aumenta y se expande, como parte de los acuerdos establecidos con Estados Unidos para garantizar el régimen de dominio y la ganancia capitalista, a la par de que aumenta la subordinación de México al imperialismo y las trasnacionales.
