Becas Elisa Acuña. Todo sobre el recorte de becas y la lucha por la educación gratuita

En los últimos días ha comenzado a expresarse en redes la preocupación de estudiantes por el recorte presupuestal que realizó la Secretaría de Hacienda a las Becas Elisa Acuña (BEA) para el presupuesto de egresos del 2023, el cual dejó en ceros a dicho programa de becas que contempla ocho modalidades distintas.

Este recorte se anunció desde finales del 2022 y a través de una respuesta a solicitud de información que dio a conocer El Universal, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez (CNBBJ) informó que ya no está bajo sus funciones otorgar el presupuesto para estas becas pues ya no cuenta con presupuesto para hacerlo, aunque no aclaró las razones de dicho recorte.

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Inclusive, al ingresar a la página gubernamental de la CNBBJ, en el apartado de las BEA aparece una leyenda que dice “La información de Convocatorias y Resultados se mantienen en esta página únicamente de carácter histórico”, pues “Con fundamento en las Reglas de Operación del Programa de Becas Elisa Acuña 2023 la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no se encuentra dentro de las Instancias ejecutoras o Instancias normativas del Programa”

Según el mismo artículo del universal donde da a conocer dicho documento, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), denunciaron que este año ya no pudieron solicitar las becas.

Además, según El Financiero, hay por lo menos seis estudiantes en el extranjero a quienes se les había asignado la Beca de Movilidad Internacional y que desde el año pasado no reciben su beca, por lo cual han tenido que meter amparos e inclusive las universidades del extranjero donde se encuentran estudiando, han tenido que comunicarse con la SEP.

En los documentos de respuesta a solicitud de información, la CNBBJ informa que en el 2022 se destinó un presupuesto de 2 mil 473.6 millones de pesos el cual no fue ejercido y para este año el presupuesto se redujo a cero.

A partir de una entrevista del Reforma con el director de Becas y Enlace con la Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mauricio Reyna Lara, pareciera que la decisión de realizar este recorte responde a que desde el 2021 se realizó “un acuerdo” en el que las universidades pasarían a destinar un 50% de lo destinado a las becas y el gobierno federal la otra mitad—lo cual representa 200 millones por parte del Estado y la misma cantidad por parte de las universidades—, esto va en concordancia con lo establecido en la Ley General de Educación Superior.

Supuestamente este recorte estuvo acompañado por un incremento del presupuesto destinado por parte de Hacienda a la UNAM para que de esta forma pudiera otorgar el conjunto de los 400 millones de pesos que deben destinarse al programa de becas en cuestión. Aunque cabe preguntarse si este incremento presupuestal sucedió para el conjunto de las universidades públicas del país en quienes recae ahora la responsabilidad de destinar los recursos necesarios.

Antidemocracia en las universidades y corrupción

Este recorte presupuestal y el descontento que ha generado reabre un viejo debate entre el gobierno de la 4T y las rectorías de distintos estados que en su mayoría están en manos del PRI, ¿de quién es la responsabilidad de financiar y garantizar la educación pública y gratuita y quién es el culpable de la crisis financiera que atraviesa el sector?

Como todos los debates pantanosos entre el gobierno y la oposición de derecha, esta cuestión no tiene una única respuesta ni un único responsable de fondo como pretenden ambos polos políticos que no olvidemos, están cada vez más cerca del fin de la carrera electoral del 2024 y aún más cerca de las elecciones estatales del 2023. En este contexto además, en noviembre será el cambio de rector de la UNAM una de las últimas fortalezas históricas del PRI que ha logrado mantener a pesar de la profunda crisis que atraviesa.

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Después de la Estafa Maestra con la cual fueron desviados 400 millones de dólares de distintas dependencias estatales, incluyendo ocho universidades (que hoy forman parte de las universidades en quiebra), no es un secreto para nadie que las universidades públicas son manejadas con una enorme corrupción por parte de sus funcionarios.

En muchas ocasiones se ha exigido “transparencia” a las autoridades por parte de las comunidades universitarias para poder tener conocimiento de en qué se gastan los recursos destinados a las casas de estudio. Sin embargo, la gran mayoría de las universidades tienen supuestos mecanismos de transparencia, el problema es que el control de dichos mecanismos y de la distribución de los recursos recae en acotadas castas de funcionarios cuyos salarios superan los 100 mil pesos mensuales, por lo que no comparten en más mínimo la realidad ni los intereses de estudiantes docentes y trabajadores. Las propias legislaciones universitarias que son profundamente antidemocráticas, solapan la corrupción y el desvío de recursos.

No solo es el despilfarro de dinero, sino la enorme desigualdad que existe entre las castas doradas y la comunidad universitaria. Como decimos en esta nota, en el caso de la UNAM “la revista Contralínea sacó un reportaje con los sueldos de “la casta dorada de 85 funcionarios”, un grupúsculo que se lleva una tajada de 120 millones de pesos al año de conjunto y unos nada despreciables 90 mil pesos mensuales o 183 mil para los que mejor les va.”

¿Cuáles son las prioridades presupuestales del gobierno?

López Obrador ha señalado en un sinnúmero de ocasiones el problema de la corrupción y de los privilegios en las universidades para unos cuantos funcionarios, como ya mencionamos, este es un problema innegable. Los sueldos de los funcionarios deberían ser los mismos que los de los docentes, lo que permitiría tener mayores recursos para que estas no fueran ultra precarios y permitiría tener más recursos para becas universales sin ningún tipo de restricción justificada con discursos meritocráticos que obvian que para tener buenas calificaciones o ser regulares un factor fundamental son las condiciones estructurales.

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Pero el movimiento estudiantil, junto a docentes y trabajadores debería ir más allá, cuestionando la propia existencia de cotos de poder que gestionan las universidades a espaldas de sus comunidades y que no tienen funciones académicas ni administrativas sino meramente políticas.

Sin embargo, esto no puede obviar que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación pública y gratuita como el propio presidente lo prometió al inicio de su gobierno diciente que conquistaría la universalidad y gratuidad de la educación superior. En la Ley General de Eduación Superior que entró en vigor en el 2020 se reiteró este compromiso, sin embargo, la gratuidad de la educación se dejó a expensas de si había o no suficiente presupuesto, de este modo el Fondo para la Gratuidad de la Educación creado con dicha ley, se ha mantenido sin recursos, pues las prioridades han sido financiar la militarización del país con la Guardia Nacional.

Hoy comienzan a convocarse asambleas en diversas facultades de la UNAM, lo cual es una justa respuesta del estudiantado frente al recorte de una de las pocas medidas reales que existían para garantizar el derecho a la educación de cientos de miles de jóvenes que de otra forma no pueden asistir a las universidades y corren el riesgo de sumarse a la enorme cantidad de jóvenes que con la pandemia tuvieron que dejar sus estudios.

Pero es necesario que defendamos no solo el derecho a estudiar de quienes ya contamos con él, esta puede ser una oportunidad para tejer alianzas con los millones de jóvenes en trabajos precarios para quienes entrar a la universidad ni siquiera fue una posibilidad o que si lo fue, fueron excluidos de este derecho a través de los elitistas exámenes de admisión que además son un negocio para empresas como el Coneval que lucran con la exclusión.

Bajemos los salarios de los funcionarios, acabemos con las castas doradas para que hayan recursos suficientes para quienes hoy estamos dentro de las universidades y seamos nosotres con docentes y trabajadores quienes controlemos el presupuesto.

Pero vamos por más, recuperemos la consigna de “Dinero a la educación y no a la Guardia Nacional” que el semestre pasado comenzó a hacer eco, para exigir un incremento del 10% del PIB para la educación y que el acceso a todos los niveles educativos sea realmente irrestricto, como una medida que puede fortalecer la lucha por una universidad al servicio de la clase trabajadora, los sectores oprimidos y explotados y en avanzar en la conquista de un mundo donde no haya unos cuantos que pueden estudiar y dedicarse al trabajo intelectual mientras la gran mayoría deja sus vidas en las cadenas de producción.