La Izquierda Diario dialogó con integrantes de la Gremial de Abogadas y Abogados, quienes apelaron la orden de desalojo a favor de las familias que se encuentran en el predio. “Hay una construcción mentirosa del juez y del fiscal, que están en connivencia con las grandes empresas inmobiliarias, la intendencia y con la policía”, denunciaron.
Catalina Ávila @linaa_avila
Martes 18 de agosto de 2020 17:29
Foto: Sebastián Linero - Enfoque Rojo
Desde el 20 de julio, alrededor de 2500 familias se encuentran ocupando un predio de 100 hectáreas en Guernica, en la zona sur del conurbano bonaerense. Se trata de personas que durante la pandemia se quedaron sin ingresos para poder vivir, están desempleados o viven de changas, y en muchos casos tuvieron que elegir entre pagar un alquiler o comprar comida y pañales para sus hijos. “Si nos desalojan nos quedamos en la calle totalmente”, dijeron los vecinos a La Izquierda Diario. Calculan que además, hay alrededor de tres mil niños y niñas en la toma. Ellos también reclaman su derecho a una casa propia y a una vivienda para poder crecer.
En ese sentido, la respuesta a esta situación por parte de las autoridades fue judicializar a las familias que se encuentran participando de la toma y una orden de desalojo para el 22 de agosto. Esta resolución fue apelada por la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, quienes se encuentran defendiendo a las familias que pelean por una tierra para vivir. “En principio, esa apelación que hicimos nosotros obstruiría, pararía, el desalojo, porque el desalojo no tiene sentencia firme. De modo que una vez que nosotros interpusimos la apelación que el tribunal tiene que elevar la apelación al tribunal superior, que es la Cámara de Apelaciones de La Plata, y no quedar firme la resolución porque está apelada, no puede operar el desalojo que en principio iba a operar el sábado que viene”, explicó a La Izquierda Diario Eduarso Soares, integrante de la Gremial.
“¿Qué es lo que dicen ellos? Dicen que las personas que ingresaron despojaron de la tenencia a las personas que estaban ahí. Nosotros decimos que es mentira, que es una construcción mentirosa del juez y del fiscal, a quienes acusamos de estar en connivencia con las grandes empresas inmobiliarias, la intendencia y con la policía. Eso decimos expresamente en nuestro escrito. Los terrenos estaban vacíos, no había gente, sembrado, animales, bienes de ningún tipo. Eran terrenos vacíos, por lo tanto no había a nadie a quien despojar. Se despoja a alguien cuando alguien detenta la tenencia de un inmueble. Acá eso no existió. El articulo 181 del Código Penal que habla de la usurpación dice expresamente que la acción es despojar, eso no ocurrió. No se echó a nadie”, explica Soares.
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En la apelación que presentaron en la causa, además, argumentan que no existen títulos de propiedad que puedan acreditar lo que dicen los denunciantes. “Aún cuando no se detente la posesión, la tenencia de un bien, la misma puede existir si hay títulos. Ahí está la segunda parte de la mentira y de la complicidad del juez y del fiscal con este intento de desalojo. Porque ninguno de los denunciantes tiene título. El Código Civil dice que la posesión va de titulo. Con la propiedad inmueble la prueba de la posesión son dos, una la tenencia, si yo estoy arriba del terreno porque tengo casa, animales y me sacan, ahi sí hay un delito. Pero aunque no esté yo tengo que tener título. Los que produjeron las denuncias de un día para el otro no tienen títulos, ni siquiera Bellaco SA. Esta, que es una de las principales inmobiliarias de la zona, no tiene nada. Lo único que trajo su apoderado es un plano de la zona, como si lo hubiera traído cualquiera. Todos los demás tampoco trajeron titulo, que es la escritura pública y la inscripción de esa escritura en el registro de propiedad”, explicó Soares, y agregó: “¿Cuál es la conjunción de mentiras del juez y del fiscal? Es mentira que los ocupantes echaran, despojaran por la fuerza y violencia a alguien. Y es mentira que los denunciantes ni estuvieran en el terreno ni tuvieran títulos, esa es la cuestión”.
Por otro lado, Laura Tafetani, integrante también de la Gremial de Abogadas y Abogados, se encuentra patrocinando a los niños y niñas de la toma para que también sean incluidos en el expediente según la Convención de los Derechos del Niño y la ley 26061 de nuestro país que establece que en los casos en que se encuentran involucrados tienen derecho a ser oidos y a ser parte de ese expediente.
En ese sentido, explicó a La Izquierda Diario: “Los chicos y chicas de la toma hicieron una presentación solicitando que se suspenda la medida de lanzamiento y desalojo de la toma y para que se cumpla con la legislación vigente. Ellos viven esta situación, la sufren, han vivido el hostigamiento de las fuerzas policiales al comienzo de la toma. La legislación lo que plantea es que frente a cualquier acto de este tipo se deben establecer alternativas en todo caso, que lo que no puede pasar nunca es que chicos y chicas que tienen garantizado su derecho a vivienda, y que el Estado tiene obligación de generar las condiciones para que sus familias puedan asumir su crianza. Estamos hablando de 3 mil niños y niñas que están en la toma, cosa que hace imposible cualquier salida alternativa que no sea la de que puedan establecerse ahí, urbanizarlo y dar respuesta a derechos tan elementales que tienen los chicos y chicas de nuestro país. Todavía no hemos tenido respuesta a que se los tenga como parte”.
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Al finalizar, Soares se refirió a la responsabilidad política de la intendencia con respecto a la situación que están atravesando las familias. “Nosotros en el escrito damos cuenta de que ahí hay un contubernio entre las empresas inmobiliarias de la zona, la intendencia, la policía y la Justicia. Por lo tanto, hay una responsabilidad grande de la intendencia. Es más, el defensor del pueblo citó a una “supuesta” mesa de diálogo los que se les cantó. En realidad fue un apriete por parte de los funcionarios, alevoso, para que se vayan las familias. No es que fue una mesa de diálogo, porque en primer lugar, de ser así van con sus abogados, y acá ni siquiera les pusieron un defensor oficial. Pusieron en una mesa los funcionaros de la intendencia, y de un lado las personas que están ocupando, y en frente las inmobiliarias, con sus abogados, con sus aparatos”, denunció, y concluyó, en referencia a gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof: “Por parte de la Provincia la verdad es que no ha actuado. Es decir, si hay una responsabilidad es por omisión”.
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Las familias vienen soportando el hostigamiento permanente de la policía, resistiendo al frío como pueden, ayudándose entre los vecinos y realizando ollas populares para aguantar el hambre. “Confiamos en que el señor presidente y la intendenta no nos suelten la mano así de la nada. Tienen que pensar que acá hay chicos, acá hay familias que en el medio de la pandemia se quedaron en la calle, y hay gente que come gracias a la olla popular que hacen los vecinos. Esto no es algo lucrativo para nosotros, esto es la esperanza de poder tener una casita, dejar de depender de pagar el alquiler o comer”, dijo Jonatan, uno de los vecinos de la toma a este medio en la movilización que realizaron a la municipalidad de Presidente Perón el viernes pasado. La jornada contó con la participación de alrededor de 3 mil personas, entre ellas familias de la toma y organizaciones solidarias que acompañaron el reclamo.
Solo después de que el reclamo inundara las calles de Guernica, el municipio se vio obligado a comprometerse a brindar asistencia sanitaria y alimentaria a las familias en la toma. Una asistencia que todavía están esperando, mientras continúan organizándose para defender su legítimo reclamo de tierras para vivir.
