Según les fue notificado, las familias cuentan con 15 días para irse por su cuenta, de lo contrario, serán reprimidos. Reclaman su derecho a tener una vivienda y apelarán la decisión.
Lunes 10 de agosto de 2020 17:58
La Izquierda Diario
El Juez Martin Rizzo del Juzgado de Garantías de Cañuelas fijó fecha para el desalojo de las familias que continúen en el predio el 22 de agosto. Representantes de la municipalidad de Presidente Perón a cargo de la intendenta Blanca Cantero y la Policía Bonaerense se presentaron con un gran despliegue represivo y de forma intimidatoria a comunicar la decisión de la justicia.
Los vecinos habían denunciado que la municipalidad y la Policía ya venían hostigando a las familias con agresiones verbales, malos tratos, situaciones de violencia, patotas que actuaron con su complicidad, inventado causas anteriores para detenerlos e impidiendo el ingreso de pertenencias al predio. Además, aprovechando la buena voluntad de los vecinos para discutir un plan de urbanización y censarse, a quienes entregaron sus datos personales y firmaron planillas confiados, se les iniciaron causas penales.
Sorprende la rapidez con la que el Juez Martin Rizzo ordena el desalojo, cuando hace una semana se había aplicado una cautelar de no innovar por 30 días lo que impedía el desalojo y la represión de las fuerzas represivas, pero también que se comiencen a construir los barrios y las casas. Ahora en tiempo récord disponen el desalojo para dentro de 15 días, supuesto tiempo que les dan a las familias trabajadoras para que desistan voluntariamente de la toma, y también buscan extorsionarlos con que si se van por su cuenta les quitarán las causas iniciadas por usurpación cuando realizaron el falso censo poblacional.
Los vecinos se organizaron en cuatro barrios que conforman las 3500 familias que ocuparon el predio de 100 hectáreas que estaba inhabitado hace años, en la zona de Numancia y San Martin, en busca de poder acceder a viviendas dignas para poder vivir. Se trata de trabajadores precarizados y desocupados que han quedado en la calle y sin hogar durante la profundización de la crisis económica y sanitaria por la pandemia del Covid-19, y no pueden costear los altos alquileres, ni alimentar a sus hijos. Sin embargo, la respuesta de la intendencia de Blanca Cantero, integrante del Frente de Todos es la extorsión, la represión y la amenaza de desalojo.
Las familias están organizadas dispuestas a resistir, van a apelar la decisión en la justicia y llaman a extender la más amplia solidaridad posible de vecinos, organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas.
