Mientras las familias de Guernica llegan hasta el Obelisco reclamando por la vivienda digna que el Estado no les provee, el oficialismo del Frente de Todos y la oposición de derecha se unen para decir que tomar tierras es un delito y pedir el desalojo.
Martes 22 de septiembre de 2020
Foto | Matías B - Enfoque Rojo
Aunque estamos en pleno septiembre la noche estuvo fresca. El plástico apenas para un poco el viento que sacude los yuyos del descampado sin un árbol que filtre. Durmieron vestidos con todo lo que tienen. Ahora el sol empieza a entibiar la casilla precaria que armaron cuando vinieron a la toma, hace dos meses. Es cerca del mediodía y las ramas encendidas dentro del tacho de hierro que estrenan como estufa-cocina ya están calentando el agua de la olla donde en un rato cocinarán un puñado de fideos para aguantar el día. Ella limpia casas por el centro de Guernica pero la llaman poco desde la cuarentena. A veces encuentra algún mensaje cuando consigue ir a lo de una vecina a enchufar un rato el celular. Él ayudaba a un albañil paraguayo conocido de sus padres que le empezó a dar trabajo cuando se vino a Buenos Aires hace unos años. Apenas hay alguna changa de vez en cuando.
La IFE no les salió, con lo que les costó hacer el trámite con el celu de ella, él no tiene. No pudieron seguir pagando la pieza y decidieron juntarse con los de la toma para zafar hasta que pase la pandemia.
Esa mañana había salido con el carro prestado a juntar cartones para vender. En una esquina se encontró ese tacho de hierro oxidado. Él se da maña para hacer cosas. Se fue directo a lo de Vicente el albañil, que tiene herramientas, y en un rato le abrió una puerta y le soldó unas patas. Volvió a la toma, al barrio como le dicen allá, y enseguida instaló la estufa frente a la casilla. Para cuando ella llegó de trabajar las llamas ya calentaban la chapa gruesa del viejo tanque. No tenían casa pero sí estufa a leña. Una buena entre tantas malas.
Las cien hectáreas tomadas en junio en Guernica, según la intendenta massista Blanca Cantero electa en diciembre por el Frente de Todos, “reservadas” para otros fines, conformaron durante décadas un descampado suburbano, el potrero donde un vecino llevaba a pastar sus vacas y donde se armaba algún picado de fútbol los domingos. Esas tierras vacantes llamadas fiscales ahora están divididas en cuatro barrios: La lucha, La 20, La unión y San Martín, con un incipiente trazado de manzanas y calles, zanjeo, división en parcelas, y donde se están empezando a hincar postes para el tendido eléctrico. El amanzanamiento reserva áreas para plazas, escuela y jardín de infantes.
Cuando el Estado no cumple con el mandato constitucional de proveer vivienda digna, los sectores desplazados se organizan para conseguirla. Familias caídas del sistema, sin trabajo, que no pueden seguir sosteniendo un alquiler llegan con cuatro palos, dos chapas, alambre, clavos y unos metros de plástico negro que convertirán en refugio provisorio mientras con el tiempo y horas de trabajo robadas al descanso irán levantando sus modestas casas. El urbanismo de los pobres.
Toma de tierras: La lucha de clases urbana se titula la nota de Pablo Anino publicada recientemente en el semanario Ideas de Izquierda, en la que desarrolla con datos y entrevistas a especialistas la historia y la realidad de la problemática del acceso a la vivienda por parte de los sectores bajo la linea de pobreza, que hacia fin de año llegarían a la mitad de la población del país. Allí se lee entre otras cosas que en Latinoamérica esta urbanización de los pobres le gana por varios cuerpos a la que gestiona el propio Estado.
Pero entre datos duros y números, sobresale uno clave: el costo de urbanizar, sanear e integrar con la infraestructura necesaria los 4.500 barrios populares o villas al resto del tejido urbano es de $26.000 millones de dólares, la mitad del préstamo del FMI al gobierno de Macri, mayormente esfumado a paraísos fiscales, que el actual gobierno peronista se apresta a refinanciar sin chistar. Deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta que garantiza las riquezas de un puñado y la impunidad de sus gestores.
La intendenta Cantero se enorgullece de sus dieciocho countrys y se relame pensando en el futuro barrio exclusivo que seguramente ya tiene abrochado con los supuestos dueños de las tierras, y que según dice significará recursos para el municipio y trabajo para mucha gente, lo cual es desmentido por un dato difícil de explicar y justificar: la mitad de los barrios privados de la provincia de Buenos Aires no están registrados como tales, por lo que tributan impuestos como terrenos baldíos.
Y sobre la calidad del trabajo que ofertarían podemos preguntarles a las trabajadoras domésticas de Nordelta, que se organizan desde hace un par de años cuando dijeron basta a la discriminación y los maltratos. El desarrollo de barrios cerrados no tiene nada que ver con el urbanismo, sino con el negocio inmobiliario destinado a satisfacer el consumo de hábitat suntuario y la inversión especulativa distorsionando el valor de la tierra y perjudicando a quienes realmente necesitan un espacio de suelo donde levantar su casa.
Con todas sus carencias la educación y la salud estatales son servicios de acceso público y gratuito, instalados en la sociedad como una conquista del pueblo trabajador.
No sucede lo mismo con la vivienda. La inversión pública en las llamadas viviendas de interés social nunca tuvo la intención seria de disminuir un déficit habitacional ya crónico. El gobierno actual estrena un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y lo único que hemos oído sobre el tema de boca de su titular, la arquitecta María Eugenia Bielsa, es “No avalamos la toma de tierras” y sobre los desalojos: “es una decisión de la justicia, y lo que tenemos que hacer nosotros es acompañar, y que las decisiones que decida la justicia se hagan de una manera no traumática”.
También aseguró que “hay una necesidad (de viviendas) y para esa necesidad nosotros tenemos programas para hacernos cargo de la situación” aunque no los especificó. Es decir, si ocupaste un terreno fiscal donde el Estado, que no cumple con su obligación constitucional, en lugar de hacer negocios debería construir viviendas, te mandan topadoras municipales, palos y balas de goma de la bonaerense.
No le preguntamos a la ministra porque ya sabemos la respuesta. Tampoco al gobernador Kicillof, ni a Berni, ni al presidente Fernández, ni a la presidenta de la coalición opositora Bullrich, porque ya lo dijeron: La toma de tierras es un delito y debe ser castigado.
Pero sí les preguntamos a quienes votaron a este gobierno para sacar a la derecha: ¿de qué lado estás?
