El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que inició sus labores de investigación en marzo de 2015, dejan el país derrumbando “la verdad histórica” oficial del gobierno mexicano.
Martes 3 de mayo de 2016
La llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se dio luego de seis meses de los hechos ocurridos la noches del 26 de septiembre de 2014, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas. La salida del país del GIEI se da en medio de la descalificación de sus conclusiones con el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), por los señalamientos de obstrucción y saboteo en las investigaciones.
A pesar de los obstáculos que enfrentaron los cinco integrantes del GIEI, éstos han desenmascarado el sistema penal del país denunciando al rol encubridor del gobierno federal y sus operadores políticos; entre ellos, el ex procurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, a quien la prensa nacional ya denomina “el hombre del trabajo sucio”.
El acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos, se quebró. Un punto de inflexión se abrió desde entonces para el caso de Ayotzinapa y con ello nuevas interrogantes.
La mentira oficial se derrumbaba, mientras las declaraciones del comité de padres y madres de los estudiantes se fortalecía con las pruebas científicas del GIEI; se daba a conocer las tergiversaciones elucubradas por la Procuraduría General de la República (PGR), incluyendo la participación directa del Ejército mexicano, la policía estatal y municipal.
Se expusieron las alteraciones o contaminación de pruebas, en el río San Juan, cuyo video fue reproducido por la prensa internacional. Así como las inconsistencias en los testimonios de algunos de los imputados en el caso, los cuales presentaron señas de tortura en el proceso de interrogación.
Los expertos destacaron la falta de diligencia, la negligencia y destrucción de evidencias de diferentes momentos de la investigación, señalando en particular las acciones de funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido).
Señalamientos y la presión imperialista
Ayotzinapa no sólo ha desenmascarado el grave problema sobre los derechos humanos en México, evidenció la tortura como un viejo mecanismo de disciplinamiento por parte del gobierno, la policía y el ejército. También ha puesto en evidencia el carácter represivo y las consecuencias de la militarización en el país.
El cuestionamiento al gobierno y le pérdida de legitimidad de instituciones como la PGR, se colocan en la mira de los reflectores internacionales.
Al cumplirse un año de los hechos de Ayotzinapa, en el vecino país de Guatemala el régimen enfrentó el cuestionamiento masivo de su población por una red criminal constituida desde el gobierno de Otto Pérez Molina y su gabinete, empatando con otros reclamos en el istmo centroamericano, como fueron las marchas de antorchas en Honduras.
Estados Unidos no tardó en su exigencia de “poner orden” en dichos países, por lo que aplicó un reforzamiento de organismos afines a sus intereses, como el acuerdo entre la ONU y el gobierno de Guatemala para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual ha venido renovando su mandato desde 2006 y robusteciendo su peso político en la vida nacional del país hasta la actualidad.
En esta coyuntura, el régimen guatemalteco hizo lo posible para tener un mayor marco de gobernabilidad y aprovechó el papel de la CICIG para encaminar el descontento social a las elecciones presidenciales. Es decir, se aminoró el papel que tuvo la movilización masiva en las calles, a pesar de que las jornadas de protesta se mantuvieron semanalmente durante más de 6 meses de manera multitudinaria, con la participación de sectores campesinos, estudiantiles y sectores de trabajadores, como el magisterio guatemalteco. La línea del imperialismo estadounidense era clara: querían contener el descontento y en ese sentido el rol de la CICIG, le sirvió al régimen de Guatemala, mucho más que al nivel alcanzado por la movilización de la población.
La CICIG fue coronada bajo el visto bueno de Estados Unidos, por destapar la red de corrupción de Pérez Molina quien se encuentra en la cárcel junto con su gabinete de gobierno. Sin embargo, también hay que decir que abrió el camino para que llegara un gobierno respaldado por la casta política más reaccionaria de ese país; la vieja casta militar fue quien apoyo directamente la llegada del comediante Jimmy Morales, con mecanismo sucios dentro del proceso electoral, donde la CICIG prefirió callar y hacer oídos sordos para los reclamos del pueblo guatemalteco.
La mirada hacia Guatemala ayuda a ver el mecanismo de presión imperialista sobre los países subordinados al gobierno estadounidense. En el caso de México han sido los recientes señalamientos de Hillay Clinton o del representante del Departamento de Estado, John Kerby, quienes exhortaron al gobierno mexicano a resolver el caso de Ayotzinapa.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, llamó el pasado jueves al gobierno de México “a tomar seriamente todas las recomendaciones” del GIEI para esclarecer lo sucedido con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos. Sin embargo, las declaraciones del GIEI contraponen todo el discurso del gobierno mexicano que ha desplegado todo un aparato gubernamental y penal para agilizar el cierre del caso con la llamada “verdad histórica”. Fue también ese el contenido político de “la ayuda internacional” ofrecida por Merkel en la última gira presidencial de Enrique Peña Nieto (EPN) a Europa.
Tras el hipócrita discurso imperialista del llamado a garantizar el respeto a los derechos humanos, y fortalecer la rendición de cuentas y el Estado de derecho, se encuentra el objetivo de amparar con un manto “democrático” sus intereses en su “patio trasero”, que el gobierno de EPN se ha encargado de blindar con la continuidad de la militarización y la aplicación de las reformas estructurales.
Bajo la penetración del imperialismo estadounidense se ha garantizado la dependencia a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y sus dictados sobre la estrategia de la “guerra contra el narcotráfico”. El estado de Guerrero sigue siendo, antes y después de Ayotzinapa, uno de los lugares con mayor violencia hacia la población, que garantiza la presencia del ejército mexicano.
Es el estado en donde se conservan las grandes plantaciones y control de amapola, además de mantener la explotación de minas de oro, como la Limón-Guajes ubicada en Cocula, Guerrero, de la Torex Gold minera canadiense, que ha invertido más de 800 millones de dólares en el yacimiento abierto con una producción anual de 358,000 onzas de oro anualmente, según una nota de Forbes.
El GIEI se encargó de desenmascarar al gobierno priísta de EPN, pero sin duda la salida para encontrar justicia para los 43 desaparecidos es la organización y presión política en las calles. Sólo impulsando un gran movimiento en las calles, donde la clase trabajadora con una política independiente se apueste a encabezar la lucha de los derechos humanos, con los mecanismos propios de su clase como los paros y la huelga nacional, echaremos abajo los convenios que nos atan a las necesidades del imperialismo y podremos imponer al conjunto del régimen, las necesidades y reclamos de las y los trabajadores, los campesinos y el pueblo pobre.
