Los resultados de las elecciones del 23J han dejado una compleja aritmética parlamentaria en la que el PSOE y Sumar dependen de los votos de Junts per Catalunya para revalidar una nueva legislatura del Gobierno “progresista”. Esta situación ha resituado la cuestión de la amnistía y la autodeterminación como eje de debate político estatal.

El discurso trumpista de Aznar contra la amnistía y la convocatoria del PP a un acto españolista en Madrid para el próximo 24 de septiembre, a la que le seguirá la convocada por la plataforma ultra Sociedad Civil Catalana el 8 de octubre en Barcelona, ha elevado el voltaje del debate sobre esta cuestión. La intención del PP es polarizar a todo el arco político a favor o en contra de la amnistía, para reforzar el bloque restauracionista reaccionario de la derecha y la extrema derecha, en el marco de una investidura de Feijóo que se anuncia fallida. Desde el PP y VOX, la judicatura y la corona, echan espuma por la boca ante la posibilidad de una amnistía. Desde el bloque de las derechas, con su llamado a salir a las calles, quieren repetir la gesta reaccionaria de las manifestaciones junto a los obispos contra la ley del matrimonio igualitario.

Por su parte, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz pretenden negociar una nueva investidura, otorgando algunas concesiones mínimas a Puigdemont, siempre dentro de los marcos del régimen monárquico, para tratar de desactivar definitivamente el movimiento democrático catalán y avanzar también en una restauración “progresista” que apuntale al régimen español, tratando además de asegurar su continuidad en el gobierno. Esto podría tomar forma en algún tipo de amnistía parcial, solo para algunos pocos líderes del independentismo. Además, como ya anunció Yolanda Díaz, esto incluiría a los policías represores del 1-O, para sellar así un “pacto de reconciliación”, emulando el contenido reaccionario de la ley de amnistía de 1977, que mercadeó la libertad de miles de presos políticos a cambio de la impunidad de los criminales del Franquismo.

La derecha agita el fantasma de la “ruptura de España”, pero la realidad es que el gobierno “progresista” es también enemigo de la autodeterminación de los pueblos. El PSOE fue parte entusiasta del bloque represor del 155 que se propuso aplastar al movimiento democrático catalán en 2017. Hasta Sumar eliminó explícitamente su propuesta de “referéndum pactado” de su programa para el 23J. Estamos ante la disputa de dos proyectos de restauración del régimen; uno en clave más dura, por parte de las derechas, y otro en clave “progresista”, donde la intención es cambiar algo para que nada cambie.

En este escenario, los líderes del “procés” catalán se pliegan una vez más a ser parte de un contubernio de mercadeo de derechos, buscando también su autopreservación. ERC se dispone a apoyar una nueva investidura de Sánchez como "mal menor" contra la derecha del PP-VOX, es decir a un Gobierno que en los últimos años luchó contra el derecho de autodeterminación y gobernó al servicio del IBEX35 y el imperialismo español. Junts y Puigdemont, que han puesto como condición la amnistía para debatir, se proponen negociar por arriba una amnistía parcial sin hacer extensiva esta demanda a todas y todos los represaliados. No es casualidad, en muchos casos han sido los governs procesistas los encargados de la represión.

Si de las negociaciones entre el bloque progresista y los líderes del “procés” surge algún tipo de amnistía, será una medida restringida, que dejará fuera a los más de 3.000 encausados por participar en el movimiento democrático en Catalunya, al igual que a los miles y miles que se encuentran perseguidos por luchar en todo el Estado español. Casos emblemáticos como el de Dani, encarcelado en una manifestación en Madrid, los 6 de Zaragoza, trabajadores encausados por luchar como los de la huelga del metal de Cádiz (que enfrentaron las tanquetas enviadas por el Gobierno del PSOE y UP), militantes por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, periodistas y artistas perseguidos por sus posiciones políticas, jóvenes del movimiento estudiantil o todos los migrantes encerrados en CIEs, junto otros miles de afectados por la ley mordaza.

Mientras el Gobierno “progresista” quiere presentarse como un “dique ante la derecha”, es el responsable de las infiltraciones policiales a los movimientos sociales o las acusaciones de “terrorismo” a organizaciones ecologistas. Y también es su responsabilidad mantener encerrados en esas cárceles de extranjeros que son los CIES, a miles de personas que escapan de la guerra, de las sequías provocadas por el cambio climático o de la pobreza generada por el saqueo imperialista. Es también el ejecutor de toda una ofensiva represiva: no sólo no ha derogado la ley mordaza, sino que tiene el récord en su aplicación, sino que también ha aprobado una mordaza digital y la mordaza universitaria que suponen las leyes de Castells, también ha batido el récord por la contratación de fuerzas represivas, ha continuado con las infiltraciones policiales y ha modificado el código penal incidiendo en la criminalización de la protesta social.

Desde la CRT planteamos que la lucha por la amnistía y por enfrentar la ofensiva reaccionaria de la derecha no puede quedar en manos de las negociaciones “por arriba” entre el bloque progresista y los lideres del “procés” en Catalunya, ambos parte activa en la represión al cuestionamiento del régimen y responsables, junto con las burocracias al frente de los grandes sindicatos, de la desmovilización y la pasivización de las calles.

Hace falta una movilización independiente por la amnistía total para todas y todos los luchadores represaliados y encausados por luchar en Catalunya y en todo el Estado español. De lo que se trata es de unir las luchas por las libertades democráticas en un movimiento unificado, contra este régimen monárquico y represivo, contra la represión y la impunidad policial, en defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán y todas las naciones que integran el Estado, y por terminar con esa institución reaccionaria que es la corona española, luchando por la apertura de procesos constituyentes en todo el Estado para decidirlo todo.

Es urgente que los sindicatos combativos, los movimientos sociales y la izquierda que se reivindica rupturista, nos movilicemos de forma unitaria contra los pactos por arriba, exigiendo a las direcciones burocráticas de los sindicatos que rompan su subordinación al gobierno progresista, y se pongan a la cabeza de la lucha por estas reivindicaciones democráticas elementales que ninguno de los personeros del régimen está dispuesto a conceder.