A casi un año de cumplirse el decreto de estado de excepción, el gobierno comienza a evaluar las diversas cartas que posee para poder extender dicho estado. El problema es que ahora deberá negociar con la oposición en el parlamento ya que una cuarta prórroga requiere de la mayoría de ambas cámaras, aún así el escenario se ve favorable para Piñera ya que senadores como Insulza u otros parecen tener acuerdo con que los militares sigan en las calles, restringiendo libertad individuales sin existir ningún tipo de evidencia de que el toque de queda sea una medida útil para contener la pandemia.
Miércoles 24 de febrero de 2021
El próximo 13 de marzo es la fecha tope que tiene el gobierno para enviar, al congreso, el oficio que le permitiría extender por cuarta vez el estado de excepción constitucional, que le entrega facultades como decretar cuarentenas, mantener a los militares en las calles y el odiado toque de queda.
Hasta ahora la política del gobierno en el control de la pandemia ha tenido dos grandes pilares: El amplio proceso de vacunación que está en curso y el plan paso a paso. Como señalamos en notas anteriores, el proceso de vacunación ha tenido un rápido avance, completando más de 3 millones de dosis, pero donde aun falta muchísimo por avanzar y donde el Gobierno viene dando prioridad a las FFAA, policías e incluso autoridades públicas como parlamentarios, alcaldes y asesores antes que a trabajadores esenciales o que el mismo gobierno los consideró como tales.
Por otro lado el plan “Paso a Paso” ha relajado las medidas sanitarias en todos sus rangos: la última será la apertura de Gimnasios en fase 2 y cines en fase 3. Esto responde a la presión por parte de los gremios empresariales por abrir mayores sectores económicos donde los más golpeados han sido el comercio minorista, turismo y bares y restaurantes. donde miles trabajadores han sido despedidos o se encuentran aún suspendidos gracias a la nefasta ley de (des)protección del empleo.
Pero contra toda esta tendencia a la apertura, el gobierno se empeña en mantener las restricciones de movimiento gracias al uso de militares y el toque de queda.
Esta medida que a todas luces no tiene ningún sentido en relación al control de la pandemia, más que agregar un atentado contra las libertades democráticas y de movimiento dentro del país, es el as bajo la manga del gobierno frente a posibles aumentos en las protestas contra el gobierno como se venían dando previo a la pandemia.
En este último objetivo también está embarcada la oposición de los partidos tradicionales, quienes ya salieron a ponerle el piso al gobierno para extender el toque de queda y el estado de excepción.
Desde el PS, el senador Jose Miguel Insulza señaló que “A primera vista lo creo necesario, vamos a consultarlo de todas formas cuando llegue la propuesta. Pero tenemos problemas complicados en el país, no solo aquellos derivados de la pandemia, sino también la violencia que se está haciendo cotidiana en algunos lugares” mostrando que la verdadera preocupación de los socialistas es el orden público más que las condiciones sanitarias del país.
En el PPD tampoco se cierran a la idea de extender la medida, el diputado Raul Soto se limitó a exigir una “rendición de cuentas” donde el gobierno explique para que esta usando al personal armado y cuales serian los beneficios de mantener la medida.
Si bien desde el Frente Amplio criticaron la medida de extensión del estado de catastrofe, ponen su confianza en que será el congreso que lo rechace. La diputada RD Catalina Perez señaló que “Lo más terrible es que se ocupa para limitar la libertad de desplazamiento de la misma población que todos los días debe subirse al transporte público para ir a trabajar, algo completamente sin sentido. Si el gobierno sigue en esta línea, al Congreso no le quedará más que rechazar una extensión”, pero en tampoco ven como necesaria la movilización contra las políticas restrictivas del gobierno, nuevamente confían en que los partidos de los 30 años y la cocina entren en razón y rechacen la política del gobierno, cuestión que no ha pasado en ningún punto trascendental de la política represiva desde el 2019 en adelante.
Necesitamos movilizarnos para rechazar las políticas restrictivas, el accionar de la policía y el ejército.
Con el recrudecimiento de enfrentamientos en la Araucania, el gobierno ha visto la posibilidad de reposicionar su agenda represiva que se ve favorecida además por una posible extensión del estado de catastrofe, la militarización del Wallmapu es el objetivo de los ultraderechistas del APRA y del Partido Republicano, pero también los “renovados” de Evopolí vienen pidiendo el accionar de las FFAA en la zona del conflicto mapuche.
Hay que rechazar todo intento de militarizar la araucania, exigir el retiro ya de los escuadrones policiales que acosan a las comunidades mapuches con la excusa de “combatir el terrorismo” cuando han sido ellos mismos los que han armado decenas de montajes para tener chipe libre en el sur.
A la par hay que rechazar la extensión del estado de excepción y el toque de queda, que solo afecta a los más pobres quienes son amenazados con las penas del infierno por intentar salir a respirar aire después de horas de trabajo y hogares hacinados.
No será el congreso quien retire por su sola “conciencia” la política del gobierno, debe surgir como una exigencia popular el acabar con todas las restricciones a las libertades democráticas que se han sufrido este último año.
