El pasado 9 de marzo el relator especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez afirmó que en México la tortura es una práctica “generalizada” y existen claras evidencias de la participación “activa” de las fuerzas policiales y una dinámica de impunidad en las autoridades, quienes aminoran este fenómeno y lo ocultan.
Lucía Rodríguez México D.F.
Viernes 13 de marzo de 2015
Fotografía: EFE
Dichas declaraciones se realizan a más de 5 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la enorme crisis de legitimidad de las instituciones del poder judicial incluyendo la policía de todos los niveles y el ejército.
Tras el informe, Jorge Lomónaco representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra no esperó para responder que el gobierno mexicano no puede “compartir una aseveración como la que propone el relator” en tanto “no corresponde con la realidad”.
Además el gobierno de Peña Nieto declaró que la afirmación hecha sobre la tortura respondía apenas a una “decena” de testimonios.
Ante ello el relator especial Méndez antepuso que su informe se basaba en “cientos de testimonios” que habían sido recogidos en las cárceles, con personas que habían logrado su libertad e incluso en esos testimonios se incluían a niños y niñas, y el ejercicio de tortura se efectuaba durante las detenciones y permanecía durante el proceso.
Estas declaraciones no son aisladas, la semana pasada se dio a conocer el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los Centros de Tratamiento Para Adolescentes, donde se presentó un análisis de la tortura y violación a los derechos humanos ejercida hacia los adolescentes basada en las condiciones y trato que se vive en los 56 centros existentes en el país.
En dicho informe se revelaba que el 66% de los menores recluidos que fueron entrevistados denunciaron haber recibido tratos crueles, degradantes e inhumanos, que iban desde insultos, golpes, amenazas, aislamiento, haber sido obligados a permanecer en determinada posición, privación de alimentos y bebidas, encierro sin ropa, utilización de gas pimienta, uso prolongado de esposas y venda en los ojos, estas acciones ejercidas por los servidores públicos que manejan dichos espacios.
Los tratos enunciados son conjugados con condiciones insalubres que se manifiestan en centros que no tienen sanitarios, camas, espacios para visitas, servicio médico ni el personal capacitado para atenderlo.
Las denuncias obtenidas se concentran principalmente en 37 centros de tratamiento interno ubicados en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Cabe mencionar que no es el primer reporte que la CNDH hace sobre estos centros y recomienda medidas para la modificación de dichas prácticas de tortura y maltrato pues informes similares ya habían sido entregados en el 2006 y 2009.
La tortura “generalizada”, a la que el relator de la ONU se refiere en sus declaraciones tiene su clara ejemplificación en los hechos que se sufren en los Centros de Tratamiento que hoy contienen a 4.734 adolescentes recluidos.
Este fenómeno se da en el marco de un país donde hay más de 13 millones de adolescentes entre 12 y 17 años y de acuerdo con los índices de pobreza, que la UNICEF recaba, más del 50% de este sector se encuentra en algún grado de pobreza y donde el grado de violencia, maltrato y falta de oportunidades revela como las dos principales causas de muerte el homicidio y el suicidio.
Ante estas prácticas queda claramente demolida la idea de que los Centros para adolescentes que comenten algún tipo de delito tenga como objetivo la reintegración social de este sector que hoy es uno de los más vulnerables.
La política del Estado mexicano hacia la mayoría de la juventud es la criminalización, mientras los hijos del poder continúan su vida de ostentación, como Paulina Deschamps, la hija de Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato de Petroleros que avaló la reforma energética y ahora los despidos en Pemex. O como Sofía Castro, hija de la primera dama de México, quien al recibir un premio en noviembre del año pasado dijo “no es momento de hablar de Ayotzinapa”, expresando que la vida de los trabajadores y los sectores populares para la clase dominante no valen nada.
