Las exigencias de transparencia en la investigación y justicia por el caso Ayotzinapa, donde fueron asesinadas seis personas y 43 estudiantes normalistas desaparecidos, permanece entre las organizaciones sociales y políticas, nacionales e internacionales como demandas principales.
Sábado 9 de enero de 2016
A las declaraciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -que derrumbaron la llamada “verdad histórica” impuesta por la PGR- se ha sumado el reciente señalamiento del diario estadounidense The Wall Street Journal, donde los periodistas, Laurence Iliff e Ileana Najarro escribieron un artículo donde señalaban que las declaraciones obtenidas por la PGR que respaldaban su versión fueron obtenidas bajo tortura y otras violaciones en los procesos periciales.
La investigación que fundamenta dicho artículo incluye entrevistas a los sobrevivientes y la revisión del informe del GIEI y la Procuraduría General de la República (PGR), además de la declaración de un testigo clave para la investigación que narra tortura por parte de la policía federal.
Aunque el gobierno de Peña Nieto y la PGR han declarado que están abiertos a otras líneas de investigación y que es fundamental aclarar lo sucedido con los normalistas desaparecidos, la realidad es que han mantenido limitada la investigación, y en diversos niveles la han manipulado, con el fin de mantener en la impunidad tanto a las instituciones Estatales, como el ejército, que tuvieron una participación directa en el crimen de Iguala.
A pesar de la petición hecha por el GIEI, el movimiento social y organizaciones sociales y políticas, el Estado “hasta la fecha, restringió su acceso a los militares, al ofrecer solamente la posibilidad de hacer preguntas por escrito”.
Sobre esto, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) declaró que el gobierno mexicano debe autorizar a los integrantes del GIEI interrogar directamente a los militares que estuvieron presentes en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando ocurrió el crimen.
Los avances en la investigación serán presentados ante los padres de los 43 normalistas el próximo 14 de enero en la Ciudad de México por parte de la PGR, pero estará marcada por el encubrimiento de la PGR y las maniobras del gobierno para ampliar la investigación.
Aunque declaraciones como la realizada por el representante permanente de México ante la ONU, Juan José Gómez Camacho, intentan ser un respaldo para el gobierno mexicano, al declarar que a pesar de los “episodios ríspidos” ocurridos en el país, como la desaparición de los 43 normalistas, la imagen de México ante el mundo continúa siendo sólida, las instituciones del régimen continúan en un profundo cuestionamiento que sin embargo, está marcado por el retroceso de la movilización.
Ahora la caída del peso frente al dólar y los precios del petróleo, que están en un descenso histórico en 12 años, se suman al descontento y cuestionamiento del régimen y sus instituciones. Solo la movilización independiente y en las calles de todos los que padecemos las reformas y sus efectos, y la represión Estatal, puede seguir levantando la exigencia de la aparición con vida de los 43 y justicia para los responsables del crimen de Iguala.
