El miércoles 4 de febrero fue hallado el cuerpo decapitado, con señales de tortura y con las manos cortadas de Alejandro Gustavo Salgado Delgado, dirigente del Frente Popular Revolucionario (FPR), en la carretera Moyotepec-La Piedra, paraje de Las Huilotas en el municipio de Ciudad Ayala, Morelos.
Viernes 6 de febrero de 2015
Horas antes, el FPR había denunciado la desaparición de su compañero, quien fue visto por última vez el martes luego de participar en una asamblea de jornaleros en la comunidad de El Chivatero. Según medios locales citados por Proceso, Gustavo Salgado “fue levantado y ejecutado por un grupo armado cuando salía de una asamblea popular con jornaleros de la Montaña de Guerrero, quienes integraron un campamento en busca de que se les otorgue una vivienda”.
El luchador social, de 32 años de edad, se organizaba con jornaleros provenientes de la montaña de Guerrero, quienes se desplazaron al estado de Morelos tras las afectaciones provocadas por los huracanes Ingrid y Manuel (2013) para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar.
Salgado Delgado también era conocido por promover en Morelos las movilizaciones en solidaridad con los compañeros y los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26-27 de septiembre del año pasado.
El FPR ha denunciado que la actividad de su compañero incomodaba a los caciques locales, por lo que había sido sujeto de hostigamiento, persecución e incluso detenido sin justificación alguna el 20 de marzo de 2014, mientras participaba en una marcha en Cuernavaca. La organización responsabiliza al estado de Morelos y a su gobernador.
La tortura y asesinato de Gustavo Salgado se suma a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y a la sistemática represión y asesinato de luchadores sociales. Estos actos "aleccionadores" buscan fomentar el terror social contra el conjunto de la clase obrera, la juventud y los sectores populares, y son reflejo de la aplicación de las reformas estructurales que buscan garantizar la agenda imperialista en el país.
En el contexto de la descomposición social producto de la militarización y la guerra contra el narco, este hecho abominable es responsabilidad del gobierno de Morelos, encabezado por el perredista Graco Ramírez, y del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y muestra el carácter asesino de la "democracia" bárbara del PRI-PAN-PRD y demás partidos patronales que se vive en México.
En palabras para La Izquierda Diario, Andrés Aullet, de la liga de abogados 1DMX y referente del MTS, dijo que para enfrentar la represión, le persecución y el asesinato de luchadores sociales, es necesario desarrollar una gran movilización en las calles y poner en pie una Coordinadora Nacional Contra la Represión, encabezada por los organismos de derechos humanos y los sindicatos, que permita organizar una respuesta a la altura de los hechos recientes.
