Son indignantes las condiciones con las que los y las profesionales del sector social estamos trabajando en plena crisis del coronavirus. Faltan medidas de protección adecuadas, y a la vez, empeoran las condiciones en un sector ya de por sí muy precario. "Nos están legalizando la esclavitud a las trabajadoras de Servicios Sociales"
Àngels Vilaseca Barcelona / Trabajadora de Servicios Sociales
Miércoles 15 de abril de 2020
A pesar de que estamos casi invisibilizados a las listas de aquellas actividades consideradas como esenciales por el del Gobierno de Pedro Sánchez, muchos profesionales del Sector social, educadoras y educadores sociales, de calle, trabajadoras y trabajadores sociales, psicólogos, integradores, auxiliares, cuidadoras y técnicos seguimos trabajando en primera línea, pero ¿con qué condiciones?.
Mayor precariedad y sin medidas de protección adecuadas
Pocos días después de que se decretara el Estado de Alarma, corría por las redes la noticía de que en un Centro de menores tutelados de la DGAIA les llegaba, de un día para el otro y sin previo aviso, un adolescente de 14 años positivo por Covid-19 derivado directamente del hospital. Pero el centro no disponía ni de las instalaciones adecuadas, ni de ningún tipo de material de protección para el personal y para no contagiar al resto de menores.
Educadors socials denuncien que tracten positius per coronavirus sense mesures de seguretat. via @TotBcn https://t.co/9aJ8LpR2wT
— ceesc_cat (@ceesc_cat) March 20, 2020
Y es que esta es una realidad de la cual se están quejando muchos profesionales del sector social y de los servicios sociales, tal y como hemos ido denunciando en Esquerra Diario, tanto de los propios CRAEs, servicios para personas sin hogar, o también en residencias de gente mayor, entre otros. O como en mi caso, a los casas residencias y pisos tutelados por personas con diversidad intelectual y funcional.
En muchos centros se carece de mascarillas adecuadas para el personal, teniendo que reutilizar la misma durante varias semanas, o incluso en algunos centros utilizan mascarillas caseras y de donaciones particulares. Esto con si tienes “suerte” de disponer... ¿cómo es posible que el Estado no garantice un material tan básico ni al propio personal sanitario de los hospitales y centros de salud?
Por otro lado, a la carencia de material se le suma la falta de personal, debido a las bajas por Covid-19 de muchos trabajadores que no se suplen. Es decir en muchos de los centros aumentan las ratios, teniendo que lidiar con las situaciones tensas y difíciles que el propio confinamiento puede suponer para muchas de las personas que atendemos, como por ejemplo en personas con trastornos neuroconductuales.
Si bien es cierto que por ahora, yo particularmente, lo estoy viviendo de otro modo, al menos hasta que no pueda volver a trabajar. Me explico, soy una de las personas que sigue de baja y en cuarentena por prevención como posible caso de infección por el Covid-19.
No obstante, con mi situación, también puedo reafirmar la escasez de recursos. Y es que ya llevo tres semanas de baja, y a pesar de trabajar con colectivos de riesgo, hasta hoy no me han informado que finalmente si que me harán la prueba de la PCR. Ahora bien, ya nos han comunicado que todavía no hay suficientes pruebas por todos los profesionales que hemos presentado o presentamos síntomas.
Y así es, a pesar de que en nuestro ámbito, al igual que los que trabajan con personas grandes u otros colectivos, sería prioritario facilitar tests con regularidad por nuestra salud -pero sobre todo, para evitar contagiar a la población de mayor riesgo- no están llegando, o llegan tarde y con cuentagotas.
No es de extrañar, si también escasea para el propio personal sanitario, para quien tendría que ser imprescindible. Algo lamentable, teniendo en cuenta, que incluso la propia OMS ha declarado que la realización de tests masivos en la población es básico para evitar nuevos contagios. De hecho, los datos oficiales que nos llegan sobre los casos contagiados por Covid19 son mucho más bajos que las reales. Solo hay que decir que aquí en Cataluña, según ha informado el Departamento de Salud, hay cerca de 60.000 personas consideradas como posibles casos a los cuales no se los ha hecho ninguna prueba.
El Decreto del Estado de Alarma impone mayor explotación a los trabajadores y trabajadoras de los Servicios Sociales
Desde el pasado 28 de marzo entró en vigencia el BOE la Orden SND/295/2020 de 26 de marzo del Ministerio de Sanidad. Con esta se empiezan a adoptar una serie de medidas a los trabajadores de los diferentes ámbitos de los servicios sociales, ya sean centros y entidades, públicas o privadas, supuestamente para paliar la crisis de falta de personal que hay actualmente. No obstante, en vez de invertir en más recursos lo que hacen es anularnos derechos muy básicos, dejando en papel mojado los contratos y convenios de nuestro sector ya de por si muy precarios. Tal y como expone el diputado de la CUP, Vidal Aragonès “se habilita a los Servicios Sociales a no aplicar el Derecho del Trabajo”
Atenció a l'Ordre SND/295/2020 del Ministerio de Sanidad per la que s'habilita als Serveis Socials a no aplicar el Dret del Treball.
Hem de protegir les persones però no a través d'inaplicar normativa laboral!
Necessitem més mitjans materials i treballadores no menys Drets. pic.twitter.com/5mcyLb3Hfn
— Vidal Aragonés (@VidalAragones) March 29, 2020
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La orden expone que “pueden imponer a los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales la prestación de servicios extraordinarios”. Este tipo de servicios extraordinarios incluye, nada más y nada menos, que tener que ofrecer disponibilidad total y completa a la Administración “para ser requerido en cualquier momento par la prestación de tareas presenciales”, así como también “ podrán encomendarte funciones diferentes a las de tu puesto de trabajo, categoría o especialidad” o incluso, “podrán adoptarse las medidas que consideren precisas en materia de jornada de trabajo y descansos, permisos, licencias, vacaciones y reducciones de jornada”.
Y es más, todo esto, sin ofrecer ningún tipo de compensación económica, teniendo en cuenta, los bajos salarios que tenemos la gran mayoría de profesionales de este sector. Una medida que ha sido criticada por los sindicatos alternativos, como la CGT que la califican por estar “legalizando la servidumbre".
L'ordre SND/292/2020 de 26M suposa que la servitud torna a ser legal i es diu Sector Social.
Cap llei ni govern et protegira. Organitza't en un sindicat combatiu k es basi en la solidaritat i el suport mutu. pic.twitter.com/3eXUDDrGPp— sectorsocial CGT CAT (@sectorsocialCGT) March 30, 2020
Pero que, en cambio, ha recibido el apoyo de la burocracia sindical de CCOO y UGT. Algo que no sorprende después de las declaraciones que hicieron “pidiendo más responsabilidad y esfuerzo a los trabajadores”, y ofreciendo complicidad con todas las medidas antiobreras que están imponiendo el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y las patronales.
La grave situación por la cual pasan hoy los servicios sociales, al igual que la Sanidad, también es fruto de los grandes recortes de los últimos años y de enormes privatizaciones y externalizaciones, de las cuales, incluso, muchas empresas capitalistas están obteniendo beneficios. Como por ejemplo, Acento Social (antigua Clece) propiedad de Florentino Pérez. Mientras el Ayuntamiento del “cambio” de Ada Colau continúa renovando el contrato con esta empresa para gestionar una gran parte del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de la ciudad.
Mientras tanto, a día de hoy, siguen diciéndonos a la clase trabajadora y a los más precarios que tenemos que hacer un “esfuerzo”, porque no hay más opciones ante la crisis sanitaria. Ah, ¿no? ¿Y no podríamos obtener aquellos recursos que necesitamos aplicando mayores impuestos a las grandes fortunas, a la banca o las empresas de la Ibex 35, como la de Florentino Pérez, que también lleva tiempo haciendo negocio con los Servicios Sociales?
O ante la carencia de material básico, ¿no sería indispensable confiscar todos los bienes de una sanidad privada que se ha enriquecido estos últimos años a expensas de los recortes? Y mientras muchas personas siguen viviendo en la calle, o se encuentran amontonados en centros de menores, residencias, etc., sin unas condiciones de seguridad adecuadas para evitar el contagio, ¿no se podrían reabrir las 65.000 plazas vacías de las que dispone el lobby hotelero , o de los miles de viviendas vacías que tiene la banca?
Está claro, que mientras nos abocan a la precariedad y al paro, al colapso sanitario y de los servicios sociales , seguirán diciendo que tenemos que ser “responsables”, porque interesa bien poco tocar las ganancias de los grandes capitalistas.
