Silvana Gonzalez, dirigenta del Sindicato Siglo XXI del Hospital regional de Antofagasta, junto a Lester Calderón, dirigente del Sindicato 1 de Orica Chile y la concejala Natalia Sánchez, solidarizaron con las y los pescadores en Coloso.
Compartimos reflexiones de Silvana Gonzalez y Nilda Ibáñez, por la política del gobierno de cargar la crisis sanitaria y social sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo.
Viernes 6 de agosto de 2021
Indignación existe en el sector pesquero artesanal respecto a los anuncios realizados por el ministro de Economía, Lucas Palacios, respecto de la inclusión de la pesca artesanal en el bono Pyme, aprobado por el Congreso Nacional, a dos días que cerraran las postulaciones y donde, una vez más, han quedado fuera la mayoría de quienes realizan labores en el mar, tales como pescadores propiamente tales, recolectoras de orilla, algueras, asistentes de buzo y buzos mariscadores. Frente a lo anterior, en diversos sectores del país, pescadores artesanales comenzaron a subir la intensidad de sus protestas contra el gobierno, realizando barricadas, cortes de rutas, teniendo enfrentamientos con Carabineros.
Frente al conflicto, Silvana Gonzalez, dirigenta del Sindicato Siglo XXI del Hospital regional de Antofagasta, junto a Lester Calderón, dirigente del Sindicato 1 de Orica Chile y la concejala Natalia Sánchez, solidarizaron con las y los pescadores en Coloso.
Silvana, en una conversación con Nilda Ibáñez, representante del Sindicato de Mujeres de la pesca artesanal de la región de Antofagasta y de las Mujeres de la pesca a nivel regional, considerando Punta cuartel en Mejillones y Cobija en Tocopilla, y parte de una comunidad de pescadores ubicada en Coloso Antofagasta, le explicó que el motivo de su visita tenía que ver con solidarizar y unirse contra las políticas precarizadoras del gobierno, señalando que
“La unidad de las y los trabajadores precarizados es fundamental, si bien nosotros pertenecemos a una empresa y tenemos un sueldo, aún siendo trabajadores de primera línea hemos vivido la precarización total, de nosotros, de las y los trabajadores, estamos a portas de la negociación colectiva, la empresa no nos quiere aumentar nuestra colación, trabajando 12 hrs y teniendo 1.300 pesos por día, es algo miserable, cuando un pan sale 1.200 pesos, y aún así hay precarización, maltrato, agobio y bajos sueldos. Frente a las movilizaciones de ustedes, que viven la política del gobierno de cargar la crisis sobre nuestros hombros, hay que unirse y levantar la voz”.
En respuesta a lo anterior, Nilda reflexionó que
“A las autoridades y el presidente, tremendos sueldos por estar sentado en un escritorio, mientras los pobres, quienes realmente nos sacrificamos, ganamos el mínimo o menos. ¿Es digno para una familia de 8 personas vivir con 300 mil pesos mensuales, considerando que hay que dar educación, salud?. Los pescadores y pobres estamos siendo perjudicados, los que ganan son los que están arriba, los grandes, los de platita, mientras somos nosotros quienes pagamos los perjuicios”.
Ambos sectores expresan la política anti trabajadores del gobierno de Piñera, de dar migajas cargando la crisis sobre las y los trabajadores, sus bolsillos y con ello el futuro de miles de familias. ¿Qué alternativa nos queda?
Frente a las millonarias ganancias que han obtenido los empresarios en medio de la pandemia en base a explotación, precarización, contaminación y saqueo de los recursos naturales, no podemos conformarnos solamente con bonos o migajas; es necesario un plan urgente que responda a la altura de la situación crítica que viven los trabajadores y el pueblo pobre, que contemple medidas como un salario de emergencia de 600 mil pesos para los sectores golpeados por la crisis, financiado con impuestos a las grandes fortunas y empresas como Minera Escondida, el grupo Luksic, Angelini o los Von Appen.
Tomando a la vez la lucha contra la precarización laboral, la demanda un sueldo mínimo igual al valor de la canasta básica familiar, por el paso a planta de los subcontratados, para que no existan más trabajadores de primera o segunda categoría, reducción de la jornada laboral sin rebaja de sueldo ni despidos, con el fin de repartir las horas de trabajo, para que todos y todas puedan trabajar. Esto porque son las y los trabajadores de la mano de las poblaciones y la juventud, quienes pueden dar una respuesta efectiva a sus necesidades.
