El pasado sábado las trabajadoras del Servicio de Asistencia Domiciliaria de Barcelona se concentraban ante las puertas de Ayuntamiento exigiendo un proceso negociador que pueda poner fin a la precariedad y explotación que vienen sufriendo. Hablamos con ellas para que nos cuenten como está situación actual en un servicio público tan esencial.
Martes 19 de junio de 2018
Este sábado las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Barcelona volvían a salir a la calle para exigir que se atiendan las necesidades y exigencias de un sector como el suyo, uno de tantos servicios públicos que se ven inmersos en una espiral de precariedad y pobreza tras las licitaciones a grandes empresas externas al sector por parte de las administraciones públicas.
Aprovechamos que muchas de ellas están ante las puertas del Ayuntamiento de Barcelona en Comú “explicando que tipo de trabajadoras somos y concienciar a la gente sobre la precariedad que sufre nuestro sector”, como dice Ana Gomila, miembro del comité de empresa de Accent Social y delegada de Co.Bas, para hablar con algunas de ellas y que nos expliquen más en profundidad cual es la situación actual de un servicio tan esencial como este y como es el día a día de las trabajadoras.
“Esta acción la hacemos para explicar entre otras cosas a donde van a parar los impuestos municipales que paga todo el mundo. El Ayuntamiento tiene toda la responsabilidad de que Accent Social nos esté precarizando. Porque son ellos los que le han concedido la licitación a Accent Social para que ahora se estén beneficiando económicamente a nuestra costa”, prosigue Ana.
Son las once de la mañana y en la plaza Sant Jaume ya hay un nutrido grupo de trabajadoras que parapetadas a la sombra de una carpa no dejan de agitar su manifiesto y pedir firmas en apoyo. La mayoría son trabajadoras de la empresa concesionaria Accent Social. Quizá el lector lo reconozca mejor por el nombre de Clece. Nos explica Araceli Luque, también del comité de empresa y delegada de Co.Bas, que “el 10 de octubre se presentó el gerente de Clece para comunicar que ahora pasábamos a ser una empresa con NIF en Catalunya. Todos sabemos que más de dos millones de personas salieron a votar democráticamente y la empresa, como tantas otras, no veía muy claro que esto no pudiera desencadenar en una república independiente. Era una forma de preservar Clece de lo que pudiera pasar aquí”. Las demás trabajadoras asienten, murmuran y critican la política españolista de la empresa y Ana añade que ”son unos auténticos buitres. Imagínate el dinero que tienen que sacar para hacer cualquier cosa por seguir trabajando con las administraciones públicas. Así son las empresas de la construcción que ahora han visto el filón de los servicios sociales”.
Y es que a parte de Accent Social, propiedad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y de ACS, una de las mayores empresas constructoras del Estado español, otra de las empresas con licitiación en los servicios de ayuda a domicilio es Valoriza, propiedad de OHL. Empresas punteras del IBEX 35 que generan beneficios millonarios a costa de los servicios más esenciales y la más absoluta precariedad laboral.
"Accent Social no está facilitando ningún tipo de medidas preventivas. Estamos atendiendo a más de 2000 domicilios y solo tenemos 14 grúas. Faltan equipos preventivos de trabajo”
Y es que como dice Esther Juliol, trabajadora de Accent Social y afiliada a Co.Bas, “las condiciones laborales en este sector son súper precarias. El sueldo no se acoge a lo que se nos exige a nivel de trabajo”. En un sector que cuenta con más de 1200 trabajadoras en plantilla, tan solo en la ciudad de Barcelona, solo 180 trabajan a jornada completa. En ese sentido, Esther profundiza más en la situación de las trabajadoras y expone que “la mitad de la plantilla está en obra y servicio determinado. Eso quiere decir que sus contratos están asociados a unos usuarios en particular y si estos fallecen o son ingresados, ven reducidas las horas. Nunca sabemos cuanto vamos a cobrar al mes”.
Además, apunta Ana, “la gran mayoría tenemos que compaginar dos trabajos para sacar a nuestras familias adelante. La empresa lo que te propone para tener jornada completa es una jornada partida de tal manera que te ocupa todo el día y como el sueldo es tan bajo, muchas prefieren hacer jornadas menores y buscar otro trabajo. Y con eso lo que se consigue es que el día de mañana obtengamos unas pensiones absolutamente miserables”. Todo ello en un sector donde el 98% son mujeres y el 50% inmigrantes. Sin duda, dos de los sectores que más sufren el azote de la precariedad laboral junto a la juventud.
Hay que destacar también que en este sector existe un porcentaje muy elevado de lesiones músculo-esqueléticas por carga de peso, además de un sinfín de enfermedades que no se están reconociendo como laborales. Ana puntualiza que “la mútua intenta eliminárselas todas a la empresa” y añade que “la ley de riesgos dice que el que tiene que aplicar las medidas preventivas es el titular del centro de trabajo y Accent Social no está facilitando ningún tipo de medidas preventivas. Estamos atendiendo a más de 2000 domicilios y solo tenemos 14 grúas. Faltan equipos preventivos de trabajo”. Araceli suscribe lo dicho por su compañera y se muestra tajante al decir que “el usuario no tiene recursos económicos, la administración púbica mira para otro lado y la empresa dice que no le corresponde. Nosotras lo tenemos claro, somos trabajadoras de un servicio público desplazado y la empresa contratista tiene que aplicar las medidas preventivas y todos los equipos. Está más que denunciado”.
"Barcelona en Comú llevaba en su programa electoral la remunicipalización del SAD y ahora dicen literalmente que su programa eran solo intenciones”
Como vemos, en un sector tan precario como este, las trabajadoras tienen claro quien se beneficia de todo ello. Pero también saben y denuncian de quien es la responsabilidad de la situación que están sufriendo, igual que muchos otros servicios públicos. Y es que el “Ayuntamiento del cambio” de Barcelona en Comú, como denuncian ellas, llevaba “en su programa electoral la remunicipalización del SAD y ahora dicen literalmente que su programa eran solo intenciones”.
“Como delegadas, nosotras pedimos al Departament de Treball que organizara una mesa de negocación para un convenio de nuestro sector de Barcelona, que es donde tenemos más fuerza”, empieza Ana. Pedían que se convocara al Ayuntamiento de Ada Colau, a la patronal y a los sindicatos, pero “el Ayuntamiento no se presentó”. “Ellos se aprovechan de que nuestro problema es que no disponemos de un centro de trabajo que nos ayude a aglutinar a la gente, nos cuesta mucho trabajo unificar a la plantilla y entonces subestiman que podamos organizarnos”, argumenta Araceli.
Una situación, no obstante, idéntica a la del sábado. Pasaban las horas, cada vez más gente y diferentes colectivos acudían a dar apoyo a las trabajadoras del SAD. Sin embargo, pese a estar a escasos metros del Ayuntamiento, ningún miembro de Barcelona en Comú llegó a salir para a dar la cara, para justificar su desentendimiento con un servicio público esencial. Más bien puertas cerradas, por lo que pudiera pasar.
Ana explica que “las excusas que pone Barcelona en Comú para no llevar a cabo la remunicipalicación del servicio son las presiones económicas, hasta ahora de Montoro y del Gobierno central, y que somos una plantilla muy numerosa”. Y es que, sin duda, como explica Ana, la política de los “ayuntamientos del cambio” viene siendo la del acatamiento del pago de la deuda pública, algo también diametralmente opuesto a lo que defendían durante la campaña electoral.
En este sentido, Esther apunta que “lo único que ha hecho el Ayuntamiento es ir a buscar un modelo organizativo del SAD diferente y nos quiere vender que con ese modelo creceremos. Un modelo que ya se está aplicando y que propone que ganemos más pero eliminando el servicio de coordinación y que lo hagamos nosotras mismas y esto no nos sale a cuenta ya que nos acarrea más carga de trabajo”. Y en ese punto Araceli espeta que “su modelo lo tiene que gestionar el Ayuntamiento, no lo puede gestionar ninguna empresa privada porque con las empresas no será su modelo, será el modelo mercantilista de las empresas capitalistas”. Y para zanjar el tema, Esther que aprueba las palabras de su compañera, añade que “lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es hacerse cargo de los servicios y punto pelota. Hacen estudios, estudios y estudios, están empelando un montón de dinero en estudios sobre el SAD, pero llevamos tres años y los estudios deben servir para mejorar la situación de las trabajadoras y no para meterlos en un cajón”.
Todo ello, a tres años de la llegada de los “ayuntamientos del cambio”, no es sino el fiel reflejo de la gestión de Barcelona en Comú en dirección a anteponer los intereses de las grandes empresas a las necesidades de los servicios municipales más básicos para miles de personas sin recursos económicos. Y eso se ha visto además en infinidad de sectores. En estos años el drama de los desahucios no deja de acrecentarse; los vendedores ambulantes, así como los inmigrantes y refugiados en general, uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad, son perseguidos o desatendidas sus necesidades. Y eso por no hablar del rol anti-huelga que ha tenido desde el principio con las reivindicaciones de sectores como los trabajadores de Movistar o TMB, por poner tan solo algunos ejemplos.
Sin embargo, las trabajadoras del SAD no se paran aquí a la hora de exigir responsabilidades. Los grandes sindicatos, CCOO y UGT, y que además tienen mayoría en este sector son otro de “los grandes problemas”, como dice Ana. “Cuando fuimos al Departament de Treball, la patronal dijo que estaba dispuesta a sentarse y hablar de mejores condiciones de licitación si se hubiera presentado el Ayuntamiento, sin embargo los que pusieron pegas fueron CCOO y UGT”, denunciaba Araceli.
“Tenemos que presionar para que los sindicatos hagan caso de las trabajadoras y de sus afiliados y que empiecen por convocar asambleas de trabajadores, que es el órgano principal del sindicalismo”
Y Ana, en el mismo sentido, añade que “ellos son los que nos firman los convenios. La última vez nos concentramos en las puertas de donde se estaba firmando para pedir las actas y no nos las dieron. Lo firmaron sin nuestra aprobación y sin convocar a las trabajadoras en asamblea. En cada convenio estamos perdiendo lo que no está escrito”.
“En este sector hace 16 años que los grandes sindicatos están dormidos. Ante ello, nosotras decidimos organizarnos sindicalmente, queríamos intervenir desde dentro. Nos presentamos a las elecciones en Accent Social y ganamos la mayoría desde Co.Bas, un sindicato que nos ofreció unos estatutos con los que nos sentíamos cómodas”, explica Ana. Y Araceli apunta que “conseguimos desbancar a CCOO y UGT en la empresa y luchamos por la municipalización y por un convenio de Barcelona”.
Para finalizar, las trabajadoras del SAD argumentan vehementemente que “nosotras estamos generando una lucha. Hemos empezado por intentar unificar la plantilla, algo muy difícil en nuesto sector porque no tenemos centro de trabajo y muchas ni siquiera nos conocemos” señala Ana, y añade que “si tenemos fuerza y todo parece indicar que si, porque la empresa está asustadita, podremos ir a las demás empresas y compañeras e intentar unirnos para avanzar mucho más”.
Sin embargo, las trabajadoras del SAD son conscientes de que es necesario presionar para que “los sindicatos hagan caso de las trabajadoras y de sus afiliados y que empiecen por convocar asambleas de trabajadores, que es el órgano principal del sindicalismo”, tal y como dice Ana.
“Está clarísimo que desde que entraron en vigor las ultimas reformas laborales hay una degradación total para los trabajadores en general y sin embargo CCOO y UGT llevan 40 años dedicándose a aborregar a la clase obrera”, denuncia Ana y concluye sentenciando que ”hay que derogar las reformas laboral, todas, las del PP y la anterior del PSOE. Y eso se hace levantando una huelga general indefinida”.
