La Asociación de Trabajadoras Asalariadas del Hogar «30 de Marzo» de Tarija se declara en emergencia ante la falta de trabajo que afronta este sector y la dificultad de cobrar el bono a las jefas del hogar que entrega la Gobernación. Esta misma situación se repite en todos estos sectores del país cuyas necesidades fueron históricamente desatendidas.
Domingo 19 de julio de 2020
Foto: El País
La crisis económica a raíz de la pandemia golpea con dureza sobre las y los trabajadores, quienes tienen que afrontar despidos, precarización y desempleo, cuando no deben ir a trabajar sin las mínimas condiciones de seguridad y arriesgando a contraer el virus.
Las mujeres, que representamos más del 40 % del empleo global, somos también quienes ocupamos mayoritariamente puestos precarios y en los que estamos desamparadas legalmente. En el caso de las trabajadoras del hogar en Bolivia, existe una ley de Regulación del Trabajo del Hogar, donde se establece que deberían tener los mismos derechos que cualquier trabajador, pero que, en la mayoría de los casos, ni siquiera es del conocimiento de los empleadores y las trabajadoras, tampoco existe una entidad que regule el mismo, por lo que en la mayoría de los casos no se cumple.
Las trabajadoras del hogar en nuestro país se han enfrentado a muchísimos obstáculos a lo largo de los años, desde los bajísimos salarios, hasta las condiciones de semi-esclavitud con las que se las contrataba años atrás bajo la modalidad de “empleada cama –adentro”; aún ahora algunas tienen que optar por esto ya que vienen del área rural y no tienen forma de retornar todos los días a sus hogares.
Pero fuera de eso, muchas trabajadoras del hogar aún se siguen viendo obligadas a tomar trabajos de tiempo completo -8 horas- con bajísimos salarios y sin un contrato que las ampare por la ley, ya que muchas de ellas son madres solteras y deben mantener solas a sus hijos e hijas.
Ante la situación actual que vivimos, la demanda de este sector del derecho a la salud, postergada por años, se vuelve fundamental, ya que la mayoría no tienen acceso a un seguro de salud al ser contratadas, como ya dijimos, de manera informal y sin contemplar la ley de Regulación del Trabajo del Hogar. En Tarija, por ejemplo, existe un Sistema Universal de Salud Autónomo (SUSAT) gratuito dentro del departamento, sin embargo, las trabajadoras no pueden ni siquiera ir a hacer fila por una ficha médica debido a sus horarios de trabajo por lo que algunas deben seguir trabajando en pésimas condiciones de salud.
Y a todo esto, se suma ahora la crisis económica en la que muchas de ellas se han visto privadas de sus fuentes de trabajo desde marzo, ya que la gente no quiere contratar servicios externos por miedo del virus. Reproducimos las declaraciones que la presidenta del sector de trabajadoras asalariadas del hogar 30 de marzo de Tarija, Miriam Azama, hizo para la radio Luis de Fuentes:
Con mucha pena, con bastante dolor para nuestras familias, ha empezado la pandemia en marzo, de ahí no estamos trabajando, vamos cinco meses y no tenemos de donde sacar dinero para mantener a nuestros hijos, que será de nuestras vidas, no tenemos ni siquiera para la alimentación.
Además, denuncian que el bono a las jefas del hogar que prometió el gobernador del departamento es muy difícil de cobrar y que les supone a ellas un riesgo sanitario ya que deben ir de lugar en lugar haciendo trámites para acceder al mismo. Sobre esto Miriam Amaza señaló:
Si ha dicho que iba a dar el bono jefas de hogar, mentira, basta de mentiras con el Gobernador, ya no queremos escucharle, con sus notas diciendo vayan a presentar papeles, él no se pondrá a pensar que nosotros al caminar todos los días al hacer las filas con todos para presentar papeles. Primero nos pide el Registro Único de Estudiantes (Rude), presentamos el Rude y nos dicen no tiene validez, vayan a la Defensoría para verificar si son madres solteras, no deberíamos hacer eso.
El sector de las trabajadoras del hogar no es el único que se encuentra en emergencia sanitaria y económica en este momento, sin embargo refleja nuevamente que los años de desatención y vulneración de los derechos de diversos sectores precarizados hoy toma un cariz dramático a raíz de la pandemia del cual son absolutamente responsables las autoridades y gobiernos que por años han ignorado las necesidades del pueblo trabajador, los mismos que actualmente pretenden paliar el descontento con bonos que ni siquiera alcanzan a cubrir las mínimas necesidades.
La cuarentena, sin test masivos, impuesta por Áñez y sus allegados solo ha servido para empobrecer a la población sin que se haya hecho ninguna mejora al sistema de salud o se haya propuesto un plan de contingencia ante la crisis, tanto sanitaria como económica. Por lo que la situación actual en la que vivimos tiene responsables directos.
Ante la emergencia actual seguiremos insistiendo en la necesidad de nacionalizar el sistema de la salud privada, sin indemnización y ponerla en manos de los trabajadores para que salud no sea un privilegio de quiénes tienen dinero para pagarla y esté al servicio de los sectores trabajadores precarizados que es donde más fuerte pega la pandemia y la profundización en la precarización de sus condiciones de vida.
Denunciamos que tanto las gobernaciones, como el gobierno central, nos han llevado al desastre sanitario y económico sin haber presentado ni un recurso que mínimamente garantice los derechos de las y los trabajadores a recibir su sueldo y a tener condiciones de bioserguridad, entre otros, sino que por el contrario, están destinando millonarios fondos, incluso del sistema de pensiones, para salvar a la banca, para beneficiar a los agroindustriales y para financiar la represión mientras descargan los costos de la crisis económica y de los muertos de la pandemia en las espaldas de las y los trabajadores.
