Pandemia. Trabajadoras le responden a Ginés: "Qué los recursos privados estén al servicio de la salud pública"

El ministro de Salud Ginés Gonzalez Garcia, había afirmado: “Quiero contarles además que estoy propiciando, y creo que va a salir, un DNU que va a poner de interés público a todos los recursos sanitarios de la Argentina. Podrá ser estatal o privado pero creemos que tenemos que tener un comportamiento igualitario para todos los argentinos”

Al dia siguiente, el ministro se reunió con los principales empresarios de la salud del país, y anunció que iba a dar marcha atrás con esta medida. “La Unión Argentina de Entidades de Salud valora el encuentro mantenido con el ministro de Salud” manifestaron desde esta entidad creada por Claudio Belocopitt, principal accionista de Swiss Medical Group, la misma empresa que se negó a darle licencias por paternomaternales a sus trabajadores ante la pandemia.

Está claro quién dirige. Los datos hablan por si solos: las empresas de medicina prepaga absorben un 16 % de la atención y el de las Obras Sociales, estatales y sindicales, un 44 %. Con respecto al sistema de salud público, un 40 % de la población se atiende en hospitales públicos y garantizan el tratamiento de aquellas patologías que por su poca rentabilidad son menos desarrolladas en el sector privado. Se sabe que a las empresas privadas las manejan grupos económicos cada vez más concentrados, pero igualmente cuentan con subsidios millonarios amparados por el estado. Año a año suben sus altas cuotas, donde cada vez menos familias trabajadoras pueden pagar. Sólo en el 2019, la medicina prepaga aumentó 7 veces las cuotas para sus afiliados. Es decir, plata no les falta. Podemos dar otro ejemplo de la cantidad de dinero que invierten sólo en publicidad. En plena pandemia, mientras las mayorias estamos atravesando una situación difícil, ellos están aprovechando para captar clientes y hacer negocios con otras empresas, como es el caso de Rappi, que genera lazos con UMA, la plataforma virtual de atención médica a través de videollamada de una reconocida empresa de medicina privada a domicilio.

En cuanto a recursos para amparar a los pacientes con casos de riesgo de vida y Covid-19, la totalidad de camas disponibles (del sector público y privado) en el país es de 166.000, con un total de 5.342 establecimientos con capacidad de internación. Sin embargo, solo 1.553 de esos establecimientos corresponden al sistema estatal que, como dijimos, concentra la mayor población asistida.

Siguen lucrando con nuestra salud, siguen generando ganancias y haciendo negocios a costa nuestra, mientras los empleados de los call centers, médicos a domicilio monotributistas, ambulancieros y choferes no cuentan con insumos para aplicar las normas de prevención adecuadas. Si se consiguieron, fue mediante nuestra organización desde abajo..

Los discursos oficiales del gobierno son por demás, contradictorios. Alberto Fernández dice que llegó la hora de ser solidarios y que los empresarios tienen que ganar menos, cuando a puertas cerradas de la gente les asegura que no será así, confirmando que no habrá DNU para disponer de los recursos hospitalarios del sistema privado.

La subordinación a los empresarios es mucho mayor que la voluntad de afectar sus ganancias, hasta en una situación de crisis sanitaria mundial. donde cada segundo es clave para no terminar en una situación como la de Italia, o la de Ecuador, dónde dejan morir a la gente en la calle. Es urgente la unificación del sistema de salud público y el privado, donde los trabajadores de la salud controlen hacia dónde se destinará cada peso, para evitar el lucro privado.

Ese dinero tiene que ir destinado a realizar tests masivos a toda la población y garantizar salarios que cubran la canasta familiar a todo el personal de la salud, mediante el cobro de impuestos extraordinarios y el no pago de la deuda externa, la cual el gobierno ya pagó 250 millones de dólares en plena pandemia, es la única manera de detener este crimen social que solo se lleva nuestras vidas, la de la clase trabajadora.