Continúa la crisis ambiental tras que el gobierno, mediante la Superintendencia de Medio Ambiente, formulare cargos en contra de ENAP por emergencia ambiental.
Daniel Vargas Antofagasta, Chile
Viernes 7 de septiembre de 2018
Aún no se cierra la crisis por la delicada situación ambiental que se vive en la quinta región producto de la contaminación de diversas empresas, las cuales han convertido a las comunidades de la región en una zona de sacrificio.
Estos últimos días ha dado un salto en el descontento de sus habitantes. Con tomas de establecimientos educacionales y cortes de ruta hacia el parque industrial por profesores y pobladores, un nuevo método se abre paso en la localidad.
En este marco el gobierno ha buscado dar una respuesta rápida, que sin embargo no resuelve la crisis ambiental que ha sido centro de la noticia nacional, responsabilizando exclusivamente a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), a la cual la Superintendencia de Medio Ambiente le formulará cargos.
Sin embargo los trabajadores de la estatal respondieron al gobierno que responderán a esta resolución. Según Marcos Varas, presidente del Sindicato ENAP Refinería Aconcagua, “no descartamos movilizaciones o tomar otro tipo de medidas”.
Por su parte, los trabajadores responsabilizan al gobierno de la actual crisis: “Los trabajadores podemos movilizarnos, pero para que se entienda bien, no queremos mezclar que nos vamos a movilizar por defender a ENAP, nos estamos movilizando porque aquí hay una inoperancia del Gobierno, y no hay una preocupación real por lo que está pasado en Quintero y Puchuncaví” declaró Varas.
La intervención de los trabajadores de ENAP podría dar un giro y profundizar las movilizaciones, ya que los trabajadores de las empresas involucradas han sido los grandes ausentes del debate ambiental. Ellos han de soportar las condiciones de contaminación e higiene de primera mano.
Con su entrada pueden renovarse las fuerzas para enfrentar a las empresas y el gobierno que no quieren más que cerrar rápidamente la crisis para volver a enfocarse en sus ganancias a costa de la salud de la población, y exigir de conjunto la expropiación de toda empresa que contamine, bajo el control de sus trabajadores y comunidades.
Frente a la complicidad contaminante del gobierno y los empresarios, y la denuncia testimonial y pasiva del Frente Amplio, teniendo a la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez como presidenta de la comisión de medioambiente, la única respuesta a este conflicto es la unificación en la movilización de los trabajadores, los estudiantes que toman sus colegios, el movimiento de mujeres, entre otros; para así cerrarle el paso a la contaminación empresarial.
