Los trabajadores metalúrgicos del Complejo Metalúrgico de la Oroya que pertenece a DOE RUN PERÚ en Liquidación, tomaron la carretera central en protesta por la falta de solución a la reactivación de funciones en el complejo y en salvaguarda de sus puestos de trabajo. Ellos exigen el control obrero del Complejo mediante la figura de “adjudicación directa” y dación en pago.
Rosa Zapata Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú
Viernes 4 de diciembre de 2020
Esta medida de lucha que se inició el viernes 4 de diciembre en el marco de la huelga indefinida de los trabajadores rurales, se da luego de que el Complejo Metalúrgico de la Oroya se encuentra 11 años paralizado en sus funciones por voluntad de los acreedores de la empresa privada Doe Run Perú, la cual, en todo este tiempo ha contado con la complicidad del Estado en este largo proceso concursal,
Recordemos que los trabajadores mineros de Cobriza han venido denunciando la paralización de labores en la mina desde diciembre del año 2019, y el largo proceso concursal de la empresa desde el año 2009.
La paralización de funciones en la mina Cobriza, a diferencia de la Oroya, se dio por un accidente técnico imputable a la Empresa Liquidadora en aquel entonces, la Empresa Carrizales S.R.L. Frente a esto, exigieron también la reanudación de labores y el control obrero de la mina, pues pese a los reclamos y continuas movilizaciones, el Ministerio de Energía y Minas no proponía ninguna solución, siendo cómplice con los intereses de los empresarios que conforman la Junta de Acreedores de DOE RUN PERÚ, entre ellos, una empresa vinculada a Doe Run Perú y cuya sede oficial está en las Islas Cayman, Doe Run Cayman.
De esta forma, las empresas de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú y el Estado han prolongado en exceso el proceso concursal iniciado en el año 2009, el cual involucraba también al Complejo Metalúrgico de la Oroya, para reducir el precio de la mina y del complejo (el famoso proceso del “chatarreo”) y para darlo a un mejor postor capitalista sin tomar en cuenta la recontratación de los obreros.
Responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas
Uno de los principales acreedores de las deudas de Doe Run Perú es el Estado Peruano, quien tiene el 30% de las acreencias por temas de multas ambientales, laborales y tributarias. Sin embargo, a pesar de tener la facultad de exigir la expropiación y nacionalización de la Mina de Cobriza y del Complejo de La Oroya, el Estado simplemente juega el rol de árbitro neoliberal, y espera que el mercado “solucione el problema”, “dejando hacer, dejando pasar”.
En todos estos 11 años de proceso concursal, las empresas liquidadoras que han administrado el orden de prioridad de pagos por acreencias, han ganado millonarios ingresos sin mostrar ninguna solución y, por el contrario, han favorecido la depreciación del valor del complejo y de la mina al estar totalmente paralizados.
El Estado y las liquidadoras, han esperado que venga un mejor inversor que compre ambos activos a muy buen precio, sin asegurar los puestos de trabajo. Precisamente por ello los obreros de Cobriza denunciaron desde inicios de agosto la complicidad del Ministerio de Energía y Minas con DOE RUN PERÚ y las empresas acreedoras, y exigieron el control obrero del complejo y de la mina para la reanudación de actividades.
Tanto la ciudad de La Oroya, como Extensión Cobriza, son ciudades
fundamentalmente mineras, y la paralización de labores sólo trae miseria para miles de familias que viven de este recurso, como también para los miles de agricultores que venden sus productos a la ciudad esencialmente obrera.
Control obrero sin castas políticas, y socializando los ingresos de la minería
Como muchos trabajadores mineros han podido advertir, las burocracias sindicales en minería han tenido problemas de corrupción, problemas que también se reproducen en la Federación Minera y en otras centrales obreras. Estos dirigentes están abiertamente vinculados a partidos políticos tradicionales y al financiamiento de los empresarios. En ese sentido, la lucha por el control obrero de las bases mineras frente al abandono de las empresas por parte de los propietarios, es una lucha legítima, pero que no debe ser monopolizada ni controlada por ninguna casta política. El control obrero del complejo metalúrgico y de la mina Cobriza debe ser democrático, sin la mediación de ninguna figura dirigencial.
En ese sentido, la figura de “dación en pago” que exigen los compañeros de la Oroya frente a sus deudas laborales pendientes con la empresa DOE RUN PERU, es una solución viable, sin embargo, el paquete accionarial no debe ser a título “personalísimo”, sino a nombre de todo el sindicato, y con la condición que la administración de los ingresos de la mina y del complejo puedan ser socializadas a todos los trabajadores y parte al presupuesto público, además también a toda la región, incluyendo a los comuneros campesinos que viven en la zona.
De esta forma, cobra importancia la demanda por la nacionalización de las minas y fábricas que están siendo abandonadas por los capitalistas quienes no han pagado sus deudas al Estado, bajo el control democrático de los trabajadores y en favor de socializar las ganancias industriales con los trabajadores y con el pueblo en su conjunto. Esto permitirá que los ingresos generados por la minería no se vayan a los paraísos fiscales. Todas las demandas de vivienda social, mejor infraestructura en el sistema de salud, mejor inversión en investigación técnica y científica, y un debido proceso de industrialización que satisfaga las demandas sociales pueden venir de estos ingresos en minería, si se socializan las ganancias.
