Tras la movilización de miles de estudiantes por el hallazgo sin vida del profesor Emilio Domínguez, las autoridades quieren imponer medidas reaccionarias de seguridad. ¿Qué tenemos que decir la comunidad universitaria?
Miércoles 16 de octubre de 2019
Las autoridades de la UAM Iztapalapa, encabezadas por el rector Rodrigo Díaz Cruz, intentan aprovechar la inconformidad de la comunidad estudiantil por la inseguridad en la zona para avanzar en la criminalización de los estudiantes organizados y asestar un duro golpe a los trabajadores de vigilancia de la unidad.
Desde el hallazgo sin vida del profesor Emilio Domínguez, miles de estudiantes nos organizamos y decidimos parar la universidad como manera de visibilizar la problemática de inseguridad en la que está inmersa no sólo la comunidad UAM sino todo el país.
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Pero las autoridades de la UAM, al más puro estilo de los rectores priístas de otras universidades, nos amedrentaron y se negaron a recibir el pliego petitorio y la notificación de paro de 24 horas diciendo que la asamblea estudiantil masiva era ilegitima.
Ilegitimo es el Consejo Académico y los órganos de gobierno de la UAM en los que ni estudiantes, ni académicos, ni trabajadores administrativos tenemos una representación real como para tener incidencia en el rumbo de nuestra universidad, que encima, son quienes eligen de manera antidemocrática a los rectores por unidad y al rector de la UAM.
Tras la presión que ejerció el paro, las autoridades quieren implementar medidas reaccionarias como la construcción de únicamente un acceso peatonal y dos para automóviles, credencialización obligatoria y la negativa al acceso a toda persona que no sea miembro de la comunidad.
Cerrando la universidad a la población de las colonias aledañas y a jóvenes que pese a no estar inscritos, toman clases como oyentes. Para los vigilantes esto implica una pérdida de materia de trabajo, lo que puede utilizar la UAM para justificar una movilidad o la pérdida de plazas para el sindicato.
Tras la bomba que encontraron los trabajadores de vigilancia del turno C, las autoridades han criminalizado al estudiantado organizado mediante un comunicado oficial en el que las autoridades responsabilizan de este acto terrorista a los estudiantes organizados. Una actitud por demás irresponsable por parte de las autoridades.
Nosotras, que vivimos la violencia generalizada de manera particular en el país de los feminicidios, sabemos que la respuesta no está en la militarización de la zona, como lo ha anunciado la alcaldesa Clara Brugada en Iztapalapa; al contrario, las cifras de feminicidio estallaron con la militarización del país en el sexenio de Felipe Calderón.
Es por eso que no creemos que medidas como el “sendero seguro” que sólo sirven para lavarle la cara a la administración de la Alcaldía, sea una respuesta correcta. Tampoco creemos que podamos enfrentar la problemática cerrando la universidad y volviéndola una burbuja ajena a la sociedad. La comunidad universitaria tiene que ser un factor activo en el combate de las principales problemáticas sociales que alientan el crecimiento de la delincuencia.
Creemos que las oportunidades laborales y educativas en el país ofrecen un futuro poco esperanzador para las grandes mayorías y para los pobres urbanos, en ese sentido la universidad debería recuperar su carácter público y apuntalar a ser una universidad al servicio del pueblo trabajador.
Creemos que la única manera de enfrentar la inseguridad es apropiarnos de los espacios públicos y llenarlos de actividades sociales, culturales, deportivas y académicas en nuestras explanadas y espacios verdes.
Particularmente los estudiantes podemos poner nuestros conocimientos al servicio de la población de las colonias aledañas, tejiendo un puente solidario y de apoyo mutuo.
Es por eso que desde la agrupación Pan y Rosas y la agrupación clasista Contracorriente nos pronunciamos contra toda medida de criminalización hacia los estudiantes organizados y de ataque a los derechos sindicales de los trabajadores, sólo la unidad de estudiantes, académicos y administrativos puede hacer de la universidad un espacio democrático en el que la comunidad estudiantil, mediante asambleas tripartitas, tome el rumbo de las principales decisiones de nuestra universidad.
¡Basta de represión a estudiantes y trabajadores!