Evo Morales quiere que trabajemos 9 horas. Desde la Liga Obrera Revolucionaria exigimos ¡reducción de la jornada laboral a 6 horas, cinco días a la semana, con un salario acorde a la canasta familiar! ¡Trabajar menos, para trabajar todos! Si hay crisis que la paguen los empresarios y el Estado que por años se dedicó a beneficiarlos.
Sábado 1ro de septiembre de 2018
En conferencia de prensa, el pasado 10 de agosto, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales reclamó que los obreros, el sector, o los servidores públicos “aumenten a las ocho horas (de trabajo) una horita más”, sumándose a la serie de políticas neoliberales que durante los doce años de su gobierno se preservaron. Hablamos del Estatuto del Funcionario Público que permite precarizar a empleados públicos considerándoles “consultores en línea”, manteniendo la tercerización en empresas e industrias, criminalizando a los desocupados en los centros mineros y cooptando las organizaciones sindicales transformándolas en un peso muerto sobre las espaldas de los trabajadores e impidiendo que sirvan para la defensa del salario y la estabilidad laboral.
El proceso de cambio: un recorrido de políticas pro-empresariales
Recordemos que en mayo del 2017, el presidente anunció medidas en favor del sector privado para aminorar los efectos del incremento salarial: un incentivo de 40 millones de dólares como parte del “plan de empleo urgente” (que proyectaba una inversión de $us 146,4 millones para generar más de 55 mil empleos), lo cual fue celebrado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) como “un buen inicio”. [1] Sin embargo, hasta diciembre de 2017, el desempleo se incrementó (otra vez) arriba de 4.5% en lugar de reducirlo a 2,7% como fue anunciado como “objetivo”; paso de 4.1% en 2016 a más de 4.5% para el 2018. Justificando el “fracaso” de esta política económica a la crisis internacional que “afectó a Bolivia en el precio del petróleo”.
A estos “incentivos” hay que sumar el enorme financiamiento a proyectos de exploración y exportación en favor de transnacionales sobre el territorio del TIPNIS afectando a 64 comunidades indígenas, solo para lograr que Bolivia sea un lugar de tránsito en beneficio de empresas brasileras y en los territorios del Madidi; grandes imposiciones de Mega Represas en El Bala y Chepete, Rositas y Tariquía; y como fue conocido del reciente caso de explotación minera en Sud Yungas (empresas chinas que precarizaron y despidieron a todas las familias, sin pagarles sus salarios, quitarles los servicios básicos, para expulsarlas a toda la población de la Mina Chojlla).
De un salario miserable, a un aumento de horas de trabajo
De acuerdo al estudio Economías Sombrías: ¿qué aprendimos en los últimos 20 años? del Fondo Monetario Internacional (FMI), de enero de 2018, “Bolivia tiene la economía informal más grande: 62.3%”. Pero muy lejos de la “conclusión” de los economistas del FMI., Leandro Medina y Friedrich Schneider que afirman “que la informalidad buscar evitar el pago de impuestos y todas las contribuciones a la seguridad social […] resultado de un ‘débil Estado’ de Derecho ”, la realidad de las mayorías trabajadoras y de sectores populares en Bolivia, es contraria:
1. Salarios que no cubren la canasta familiar (en sectores formales), obligando a cientos de familias a la informalidad, única salida para llegar a fin de mes, a pesar de la precariedad en las actividades de trabajo por cuenta propia (con dos o tres trabajos) que además no cuentan con beneficios sociales ni aportes a las AFP’s;
2. Una minoría de la población (un 30%) aporta a las Cajas de Salud. A la mayor parte de la población trabajadora le queda acceder a hospitales públicos donde la atención no es gratuita -deben pagar la atención médica, los medicamentos y también los días de internación, entre otros-. Si bien los hospitales públicos tienes costos menores que las clínicas privadas para las familias trabajadoras que sobreviven con el salario mínimo o dos, tres trabajos informales, les es inaccesible acceder a este derecho tan básico como es la salud pública;
3. Y que al contrario de un “débil Estado de Derecho”, la democracia burguesa se recompuso con el gobierno del MAS, suficiente para imponer medidas antipopulares de precarización: como los despidos a más de mil trabajadores en 2018 (y otros miles en años anteriores), la represión policial a los universitarios de la UPEA junto al asesinato de Jonathan Quispe, represión a sectores sociales críticos y movilizados como sucede hoy con ADEPCOCA y los cocaleros de los yungas de La Paz, persecuciones políticas, y permitiéndose tener sólo representantes en el parlamento para su sector: empresarios, ricos y poderosos.
Contra las políticas neoliberales ¡El reparto de horas, con salarios acordes a la canasta familiar!
Este panorama de precarización en aumento no fue un “fracaso de la política económica” como anuncia el presidente, fue un política dirigida a beneficiar al empresariado con 40 millones de dólares directamente (y 147 millones de dólares de manera indirecta), que ni garantizaron empleos (porque a lo mucho fueron temporales, de 6 meses, y en su lugar, subió la tasa de desempleo), pero los empresarios… ¡sí que ganaron!. Reportes de las cámaras de empresarios privados reconocieron que con el proceso de cambio los privados aumentaron sus utilidades "(...) repasando los datos, las utilidades del sector privado en 2005 eran de $us 992 millones. Hasta 2014 fue de $us 4.300 millones de utilidades. El 2005 había 19.700 empresas registradas. El 2016, eran 273.000 empresas gracias al movimiento económico" (El Deber, mayo 2017).
El objetivo es hacer frente a este incremento del desempleo y las tremendas condiciones de precariedad para cientos de miles de familias trabajadoras y poner un límite a la ambición de las patronales que durante décadas ha venido imponiendo políticas desde el Gobierno, a costa de la miseria de la mayoría trabajadora y pobre, y la única manera es la reducción de la jornada laboral a 6 horas, cinco días a la semana sin bajar el salario. ¡No queremos empresarios más ricos, exigimos trabajos dignos para todos y todas!
El planteo de reducción de las horas de trabajo, es:
1. Para acabar con el desempleo, repartiendo las horas de trabajo no sólo sin reducción salarial sino con un salario igual a la canasta familiar.
2. También busca que nadie tenga que someterse a horas extras, o a dos o tres trabajos (en actividades formales e informales) para llegar a la canasta familiar. Los trabajadores han luchado a lo largo de toda la historia del capitalismo por la reducción de jornadas de trabajo extenuantes: primero se consiguieron las 12, luego las 10 y mucho más tarde, hace más de un siglo y medio, se conquistaron las 8. Éste gobierno, en la "era de internet" y la telefonía celular, pretende desconocer esa lucha histórica, para nuevamente beneficiar a los empresarios a costa de incrementar la explotación y precarización de las miles de familias.
Entonces hay que poner la tecnología al servicio de las mayorías y no de los míseros intereses de un puñado de dueños del capital que continúan teniendo en nuestro país (y en los países de la región y mundo) grandes representaciones en el Gobierno, con el MAS, con el vieja derecha expresada en Carlos D. Mesa, Doria Medina, Rubén Costas, Tuto Quiroga, o con sus nuevas fórmulas Luis Revilla, Félix Patzi.
¡No queremos empresarios más ricos, exigimos trabajos dignos para todos y todas!
Para pelear por trabajo digno para todos y todas, debemos poner en marcha la organización política independiente de las y los trabajadores, una tarea que venimos impulsando desde la LOR-CI y a la cual te invitamos a sumarte.
Te invitamos a ver: ¿Por qué impulsamos la AAT
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[1] Declaración del presidente mayo 2017: 40 millones de dólares para generar unos 45 mil empleos. Incentivo para jóvenes profesionales, con un salario de 4.000 bolivianos: 70% cubiertos por privados, 30% por el Estado (en beneficios sociales, AFP y Caja Nacional de Salud). 9,4 millones de dólares. Fondo Capital Semilla para otorgar créditos a las micro y pequeñas empresas. 40 millones de dólares, para generar 6.600 empleos. Proyectos de Infraestructura, fabricación y colocación de losetas en calles de Oruro, Sucre, Potosí, Riberalta, Cobija y La Paz. 40 millones de dólares, para generar 5.000 empleos. Para hacer defensivos o diques en el río Grande de Tapacarí, el valle alto cochabambino, y los municipios de Sicaya y Tacopaya y la provincia Esteban Arze.
