Informe. Tras el acuerdo con el FMI los trabajadores transfirieron U$S 20.250 millones más a los empresarios

Este 25 de marzo se cumple un año desde que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el acuerdo de Facilidades Extendidas con la Argentina, que permitió en gran medida validar la fraudulenta deuda macrista con el organismo por U$S 45.000 millones. Esta nueva hipoteca arreglada previamente por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, había pasado por el Congreso en un tratamiento exprés entre el 11 de marzo de 2022 (Diputados) y el 18 de marzo (Senadores), con el voto positivo de los bloques mayoritarios y el rechazo del Frente de Izquierda.

Desde ese entonces distribución del ingreso (de toda la riqueza generada en el país por el trabajo) continuó empeorándose en forma regresiva, es decir, en contra de los trabajadores y a favor de las patronales. El resultado: una transferencia histórica de U$S 20.250 millones desde los primeros a los segundos entre el primer y el tercer trimestre de ese año, según el estudio realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas dirigido por los economistas Claudio Lozano y Ana Rameri.

Estamos hablando de un monto que equivale nada más y nada menos que a casi la mitad del monto del acuerdo con el FMI y a aproximadamente el 4,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). Se trata de una transferencia histórica, no sólo por su enorme magnitud en favor de los empresarios, sino por la velocidad con la que ocurrió. En un contexto de crecimiento económico, los trabajadores tuvieron salarios un 23 % menores que en 2015.

"La firma del acuerdo con el FMI en marzo del 2022 reanudó el contenido regresivo del funcionamiento económico", comienza expresando el informe. "Quienes viven de su fuerza de trabajo resignaron nada menos que unos 2,7 billones de pesos, que al tipo de cambio oficial del tercer trimestre 2022, equivalen a casi USD 20.250 millones. La menor masa retribuida, expresión de una mayor explotación, fue a parar principalmente al excedente en manos empresarias y otra porción para las arcas públicas conforme al recorte de subsidios al precio de la energía", es una de sus principales conclusiones.

El estudio llevado a cabo por el IPyPP se basa en los datos de Cuenta de Generación de Ingresos e insumo de mano de obra (CGII) que realiza el Indec y mide la distribución funcional del ingreso.

Cómo fue esa transferencia de ingresos

El estudio detalla que, en un primer nivel de análisis de los datos, se observa que en los meses posteriores a la firma del acuerdo, los trabajadores asalariados resignaron 2,2 puntos porcentuales del PBI en sus ingresos mientras que las "formas no asalariadas" de ingreso resignaron otros 1,7 puntos. En el mismo período, el excedente de explotación bruto (una aproximación a lo que serían las ganancias empresarias) se incrementó en 3,5 puntos porcentuales. El diferencial de 0,2 puntos se explica por la quita de subsidios a las empresas energéticas que, por otra vía, afrontaron las familias a través del impacto inflacionario de la suba de tarifas.

Pero en un segundo nivel, si en el análisis se omite la incidencia del empleo en el sector público para presentar la relación entre capital y trabajo "en forma pura", la caída en la participación de los salarios se eleva hasta 4,5 puntos porcentuales mientras las ganancias escalan 4,2 puntos porcentuales.

Así se llega al resultado de una pérdida equivalente a 2,7 billones de pesos que, a valor de dólar oficial, implican una transferencia de recursos equivalente a U$S 20.250 millones (alrededor del doble si se lo tomara al valor del dólar paralelo). De este monto, la mayoría (U$S 19.191 millones) fue embolsado por los empresarios bajo la forma de un aumento de la rentabilidad empresaria y los mil millones restantes los obtuvo el Estado por la vía de la reducción de los subsidios (y su consecuente aumento de tarifas públicas) que era parte de las metas de ajuste fiscal acordadas con el FMI.

Lo que más se destaca de este funcionamiento de la economía bajo el cogobierno con el organismo internacional es que la distribución regresiva del valor agregado de la economía se dio en el marco de un crecimiento económico. Y éste, "encuentra su fundamento principal en la sobre explotación de mano de obra", afirman en el estudio.

De una parte, más producción no significa sencillamente más empleo, sino más empleo precario. Por ello, el informe de IPYPP indica que la mayor actividad se vio acompañada por "un mayor contenido de precariedad". Y señalan que "el ritmo de aumento de los puestos de trabajo precarios e ilegales triplica el trabajo formal". De otra parte (en forma conjunta con el primero), se trata de un deterioro del poder de compra de los salarios frente a la suba de precios.

La inflación como mecanismo de transferencia de ingresos

En los procesos que operaron para que se produzca esta transferencia de ingresos invisibilizada (pero visible en los bolsillos), se encuentra el mecanismo inflacionario. "La inflación juega un papel crucial en el reparto de la producción y el ingreso, especialmente luego de la salida de Convertibilidad, a partir de lo cual los recortes
salariales y ajustes fiscales nominales fueron sustituidos por las transferencias de recursos que promueve la inflación, especialmente en nuestra economía donde pocos actores concentran poder de mercado en segmentos concretos de las cadenas de valor de buena parte de los bienes y servicios que se producen localmente".

Para el IPyPP, “la masa salarial junto con la del ingreso mixto, es decir el conjunto de ingresos que logra reunir la fuerza de trabajo -asalariada o no- perdieron cerca de 4 puntos porcentuales del producto generado, al tiempo que la productividad aumentó por debajo de esa magnitud (considerando el crecimiento económico de ese período, del 2,7%) lo que termina de explicar tal caída es la pérdida relativa del salario y los ingresos en relación con el resto de los precios de la economía”.

Ello ocurre porque en la carrera entre salarios e ingresos y los precios, “el deterioro real de las formas salariales en su conjunto (estén o no formalizadas) es del 6,1% y equivale al 5,7% para el caso de los ingresos provenientes de inserciones por fuera de la relación salarial (sea autoempleo de subsistencias, trabajo en cooperativas, etc)”.

El informe explica la relación entre el acuerdo con el FMI y los precios "tal como se señaló en diversas oportunidades, el acuerdo con el FMI acicatea aún más la tendencia estructural inflacionaria, operando desde diversos ángulos como en las presiones sobre el valor del dólar, sumado a las exigencias en materia monetaria y tarifaria".

No es posible terminar con el ajuste con el FMI en casa

El estudio también lleva este análisis más atrás y concluye el resultado de la distribución del ingreso desde el 2016 hasta el tercer trimestre del 2022. En ese período, en que la economía creció apenas un 3,5 % en forma acumulada. la
caída en la participación de la clase trabajadora fue de 7,2 puntos porcentuales, mientras que "las fracciones del capital han apropiado, incluso, en mayor cuantía (un 8 p.p.)" y esto es así porque también recibieron una mayor transferencia de recursos desde el Estado, principalmente los sectores de energía, transporte e hidrocarburos.

El informe intenta traducirlo en forma sencilla: "si en la actualidad la pauta distributiva fuera la misma que la existente al comienzos del 2016, la masa salarial debería ser de 38 billones en lugar de 31,9 billones". La totalidad de esa suma, más 4 mil millones de dólares adicionales propios del crecimiento de la economía, "engrosaron las cuentas del sector privado de las grandes firmas".

"Cada gestión de gobierno contribuyó en alguna cuantía a este balance regresivo", afirman. Y la cuenta final, entre pérdida del los salarios en favor de las ganancias empresarias y las transferencias del Estado a las patronales mediante subsidios, general la transferencia de U$S 23.358 millones cedidos entre 2016 y 2019 con la gestión de Macri y otros U$S 20.384,6 millones entre 2019 y 2022 con el Frente de Todos.

Con un enfoque similar aunque resultados distintos, desde el Centro Cifra calcularon una transferencia total de U$S 70.000 millones desde los trabajadores a los empresarios entre 2016 y 2021.

De esta forma, la minoría poseedora de los medios de producción, las fábricas, los bancos, los puertos, etc, es decir, los más ricos de la Argentina y los grandes empresarios, que son los responsables de la decadencia nacional, se apropian cada vez una mayor tajada de la riqueza, ahora también bajo la garantía del cogobierno con el FMI. Ellos se benefician de las crisis, mientras la clase trabajadora hace malabares para llegar a fin de mes.

El Frente de Todos aseguraba que era posible renegociar la fraudulenta deuda externa con los fondos privados y reestructurar el acuerdo del macrismo con el FMI y que con ello iba a terminar con el ajuste y mejorar la situación de la clase trabajadora. Se demostró, una vez más, su imposibilidad, porque bajo estas condiciones la única prioridad es asegurar la rentabilidad empresaria y eso va en contra de los intereses del pueblo trabajador.

Para romper con el círculo vicioso de la deuda, la decadencia y el atraso argentino, la salida es por izquierda. Con medidas como el rechazo al FMI, el desconocimiento soberano de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores, para reorganizar la economía en función de las grandes mayorías.

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