La escasez del agua en Puebla es un problema grave, como lo han denunciado las comunidades nahuas desde el establecimiento de Bonafont en Juan C. Bonilla, hace 30 años.
Maestra Teresa Aguilar Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase
Miércoles 23 de febrero de 2022
En México, el 70 % del agua está concesionada a un 2% de los usuarios, mientras que 41 millones de mexicanos carecen de agua diariamente y 8.5 millones ni siquiera tienen conexión a redes de agua potable.
En 1992, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, las autoridades gubernamentales han permitido el saqueo de los recursos naturales a empresas nacionales y extranjeras de manera irracional, lo que ha ido mermando los mantos acuíferos, endureciendo los periodos de sequía que hemos atravesado con mayor intensidad desde 1996 y la que seguimos atravesando desde inicios de 2021.
Según el colectivo Llegó la hora de los Pueblos, la empresa Bonafont, de Danone, se estableció hace 30 años en el municipio Juan C. Bonilla, Puebla, en la comunidad de San Mateo Cuanalá. La extracción era de un millón 640 mil litros de agua cada día, vendiéndolos en 3.28 millones de pesos diarios, lo que le dejaba a esta empresa el 38 % de las ganancias anuales en este rubro industrial.
El agua es acaparada por empresas como Femsa, con las marcas Ciel y Coca Cola, que extrae 55 mil millones de litros de agua al año; seguida por Pepsico (E-pura), con 32 mil millones de litros y Danone (Bonafont), con más de 15 mil millones de litros extraídos. Estas trasnacionales controlan 80 % del mercado de agua embotellada en México, el país con el primer lugar de consumidores de agua embotellada en el mundo.
La contaminación y la escasez de agua que generan las grandes industrias, como la minería, obligan a las familias a pagar hasta 400 veces más por agua embotellada, ante la predilección de las autoridades por privatizar el agua en lugar de garantizar el acceso de las comunidades al agua potable.
Bonafont contra el abastecimiento de agua en Puebla
Desde 1992, los 20 pueblos nahuas afectados en la región se opusieron al despojo del agua. El gobierno estatal, “con engaños burocráticos y promesas mentirosas”, como manifestaron en la protesta del 21 de febrero, impuso una alcaldía ilegítima para frenar la inconformidad.
En 2008, durante la administración de Mario Marín Torres, del PRI, bloquearon la carretera federal México-Puebla y cerraron simbólicamente la empresa Bonafont, sin obtener respuesta por parte de las autoridades. La situación no cambió con el cambio de partido en el gobierno estatal y federal.
La extracción del agua devastó los mantos acuíferos, dejando a las comunidades sin acceso al vital líquido y con un “socavón” que apareció el 29 de mayo de 2021 y alcanzó un diámetro de más de 100 metros en pocos días.
El 22 de marzo de 2021, Día Internacional del Agua, 22 comunidades organizadas en Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, clausuraron la empresa. El 8 de agosto del mismo año, en el 142 aniversario del nacimiento del general Emiliano Zapata, los pueblos nahuas ocuparon las instalaciones para convertirlas en un centro comunitario al que nombraron Altepelmecalli o La Casa de los Pueblos.
Los pobladores notaron que el agua en su región dejó de escasear durante casi un año, pero la madrugada del 15 de febrero de 2022, con un operativo gigantesco el gobierno de Puebla y el gobierno federal enviaron a la Guardia Nacional y a la policía estatal para desalojarlos y regresar las instalaciones a la trasnacional.
El problema de escasez del agua continúa en Puebla
Al menos 34 colonias de la capital carecen del servicio de agua potable de forma continua y en algunas demarcaciones incluso carecen de red hidráulica.
Para el gobernador Miguel Barbosa Huerta, del Morena, el problema “debe de resolverse de fondo con inversión para nuevas fuentes de abastecimiento”, sin aclarar si esta inversión será pública o privada. Mientras, la Conagua sigue permitiendo la extracción irracional del vital líquido para el enriquecimiento de la industria privada, sin garantizar el funcionamiento del sistema de agua público y gratuito. Lo que sólo puede ser garantizado si se pone bajo control de sus trabajadores y usuarios.
El movimiento que surgió a raíz del desalojo de La Casa de los Pueblos llama al boicot de la empresa Bonafont, dejando de consumir sus productos. Estas medidas terminan afectando más a las y los trabajadores de la empresa, a quienes les recortan sus salarios y prestaciones. Por ello, somos nosotros quienes sabemos las necesidades y carencias del recurso, y quienes, a diferencia del gobierno, no tenemos interés en beneficiar a las empresas y desarrollos inmobiliarios en contra del beneficio de la mayoría de la población.
¡Basta de represión! ¡Fuera Bonafont!
