SOBREPRECIOS. Tras reconocer que Arroyo compró alimentos con sobreprecios, Fernández ordenó “no hacerlo más”

Según los datos publicados en el Boletín Oficial, por cada botella de 1,5 litros de aceite el Gobierno le pagaría a Copacabana $ 158,67, cuando en la lista de “precios máximos” que determinó la propia Casa Rosada para aplicar desde 20 de marzo, las marcas líderes deberían vender el mismo producto por un precio de entre $ 98 y $ 123.

Lo mismo sucede con el azúcar, donde el precio que pagaría el Estado por kilo es de $ 75, mientras en “precios máximos” un paquete correspondiente a las grandes marcas se encuentra entre $ 50 y $ 56.

Precios que llegan a tener un aumento del 50 % en comparación a lo dispuesto por el propio Gobierno, que demostró una vez más que si hay un sector que se está beneficiando por sus medidas son los empresarios.

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Este lunes, cuando se dio a conocer la noticia y empezó a crecer el escándalo, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo declaró que “los productores se plantaron”. Sin embargo, salvo M.H. Accurso, que es productora de legumbres, las otras cinco empresas con las que se llevó adelante la compra no son productoras directas sino solo intermediarias que se dedican a la comercialización.

Teylem y Forain, que con esta compra recibirán $ 79,7 y $ 85,9 millones respectivamente, poseen el mismo domicilio legal, en la calle San Martín 66 de la Ciudad de Buenos Aires. En el piso 4, con tan solo un departamento de diferencia entre una y otra. Ambas pertenecen al Grupo L, presidido por Víctor Luis Luzardi, un empresario que tiene negocios millonarios con el Estado, como todo el servicio de catering del Sistema Penitenciario Bonaerense desde las épocas de Scioli y también con Vidal, entre otros negocios.

Al mismo tiempo, Sol Ganadera y Alimentos Generales tienen como socio gerente y apoderado, respectivamente, a la misma persona, Federico José Toscano. Ambas cobrarán las sumas de $ 82,8 y $ 48,7 millones.

De las seis empresas a las que acudió el Gobierno para realizar la compra, dos pares de ellas, que ni siquiera se dedican directamente a la producción de alimentos, tienen relaciones entre sí. ¿Casualidad?

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En un principio Alberto Fernández convalidó las declaraciones de su ministro Arroyo, justificando que se había tomado la decisión de aceptar esos valores debido a "la necesidad social". Pero tras una reunión este lunes por la noche en Olivos, se definió que "a partir de ahora" para cualquier compra los topes serán los precios máximos y que se revisarán las licitaciones aún no ejecutadas que superen esos máximos.

Cabe preguntarse si ese "control" tendrá la misma efectividad que el supuesto congelamiento de precios de la canasta básica a la fecha 6 de marzo que en los supermercados y negocios no se está cumpliendo.

Mientras millones de trabajadoras y trabajadores se ven afectados por la cuarentena con despidos, reducciones de salarios o quedándose directamente sin ingresos debido a la precarización laboral, los empresarios y los funcionarios juegan a pasarse la pelota sin dejar de hacer grandes negocios.

Es urgente aplicar una política de congelamiento de precios a los valores del 1 de febrero, no se puede permitir que las grandes cadenas y empresas sigan especulando con las necesidades de la mayoría de la población.