Este hecho quedó en evidencia tras una denuncia pública que se hizo conocer a través de redes sociales de vecinos del sector Los Rulos, ubicado en la comuna de San Fernando.
Lunes 24 de agosto de 2020
Este fin de semana pasado, vecinos del sector de la comuna de San Fernando, se percataron que una máquina de la empresa Áridos San Vicente se encontraba realizando trabajos de movimiento de material en el rio Tinguiririca, destruyendo el curso natural y provocando el desvió del cauce.
Pero no es solo eso, estos trabajos se realizaron sin el permiso necesario. Desde la municipalidad de San Fernando indicaron que la empresa está con su permiso suspendido por no cumplir con la normativa ambiental.
No es primera vez que sucede este tipo de hechos, ya el año pasado la municipalidad de San Fernando evaluaba recurrir a la justicia contra la misma empresa por los posibles daños ecológicos que se habría generado en la ribera sur del rio, producto de la extracción ilegal de áridos, ingresando maquinaria y extrayendo material durante la noche para evitar ser descubiertos.
Cabe señalar que el protocolo de otorgamiento del permiso de extracción de áridos de los cauces señala que primero se debe presentar un proyecto con antecedentes técnicos, de impacto ambiental, de topografía, cubicaciones de material, etc. En primera instancia estos documentos se presentan a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), una vez aprobado en dicha entidad se presentan ante la municipalidad, quien es la que finalmente decide si otorgar el permiso o no.
La extracción de áridos de los ríos es y ha sido un muy buen negocio para los dueños de las plantas de extracción de áridos. Un negocio que está instalado en todos los principales ríos y esteros del país. Donde la materia prima es renovada constantemente, producto natural de la erosión y meteorización, lo cual genera acumulación de sedimentos de rocas y arena en los cauces. El costo para las empresas privadas es mínimo en comparación con la ganancia que acumulan con la venta de material principalmente para el área de la construcción.
No solo es el impacto ambiental producido por estos trabajos en los lechos de los ríos, destruyendo ecosistemas, lugar que alberga una rica diversidad de flora y fauna. Sino también significa muchas veces problemas para canalistas y agricultores de la zona. Ya que las empresas, con permiso o no, tienen la mala practica de extraer material con la excavación de pozos dentro del lecho del río, lo que trae como consecuencia la disminución de la cota de los cauces y por ende la dificultad para los agricultores de utilizar las aguas para los riegos. Así ha quedado en manifiesto por diversas organizaciones, desde hace años distintas organizaciones de canalistas y Juntas de Vigilancia han realizado denuncias por estas prácticas.
Tanto la comunidad, agricultores y organizaciones ambientales debiesen tener poder de decisión sobre la materia, son ellos quienes se ven afectados directamente, además del ecosistema. Además debiese estar bajo control y gestión de las comunidades y trabajadores, tanto la cantidad de material a extraer, los lugares donde se realizaran el proceso, así como también para donde ira destinado dicho material, que obras deben construirse, etc.
Estas decisiones ser tomadas y estar a disposición y en pos de las comunidades, avanzando también en mejores políticas tanto con el medio ambiente, como públicas. Finalmente hay que tener en consideración y tomar conciencia que el lugar donde vivimos, nuestro entorno natural y social condiciona nuestra existencia y composición como sociedad. Por eso, si fuéramos los trabajadores junto a las comunidades quienes decidiéramos estas cosas, otro gallo cantaría, y estarían puestos todos los recursos en funcion del beneficio de la población y no de las ganancias de unas empresas.
