Maniobras de la derecha causaron más de 10 horas de retraso en la toma de posesión de Bernardo Arévalo en la presidencia y cientos de personas protestaron frente al Congreso de Guatemala para exigir el cumplimiento de la elección popular y del plazo legal para juramentar la nueva legislatura. Finalmente fue investido pasada la medianoche.
Lunes 15 de enero de 2024 08:38
Tras un día de tensión que incluyó maniobras de la derecha en el Congreso para evitar que Bernardo Arévalo fuera investido presidente y una represión a los manifestantes que estaban en la plaza esperando su asunción, finalmente el presidente de Guatemala tomó poseción de la presidencia del país en la madrugada de este lunes.
La toma de posesión estaba programada para la tarde del domingo, pero se atrasó en más de 10 horas y varios jefes de Estado dejaron el país sin poder presenciar la ceremonia.
Una jornada de tensión
Representantes del Movimiento Semilla (de Arévalo) electos al Congreso en su novena legislatura que debió juramentar por la mañana del domingo, defendían la toma de poseción a la presidencia de Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera al grito de "no al golpe de Estado".
Fue un día de gran tensión política en Guatemala y más de 10 horas de retraso en la toma de posesión presidencial de Bernardo Arévalo, a causa de la suspensión de la juramentación de diputados electos al Congreso por maniobras políticas de sectores de la derecha legislativa que conforman la comisión de credencialización y pidieron documentos que exceden los requisitos habituales, lo que frenó la calificación de credenciales de legisladores entrantes.
Con esta juramentación debió realizarse desde temprano la primera sesión del Congreso con los nuevos diputados al frente y eligiendo la presidencia directiva, cargo en disputa por la derecha para imponer a un representante del partido oficialista Vamos, afín al presidente saliente, Alejandro Gianmattei.
En una nueva maniobra de la derecha, la Corte de Constitucionalidad dictaminó el mismo domingo la suspensión del Movimiento Semilla, lo que impedía a los 23 nuevos diputados de este partido ocupar el Congreso como bancada y ser parte de la junta directiva durante el período 2024-2025, dictamen que los obliga a ser independientes sin partido durante el período 2024-2028. Además les fue negado un amparo contra esta determinación, a pesar de que la propia Corte había determinado en 2023 qué podrían ocupar el cargo del mismo modo en que fueron electos.
Según el plazo legal Bernardo Arévalo debía ocupar el cargo a la presidencia tras la apertura de la nueva legislatura, a más tardar a más 4 de la tarde, por lo que la tensión se fue haciendo cada vez más extrema ante la posibilidad de que se suspendiera la ceremonia oficial y a pesar de la presencia de las comisiones diplomáticas internacionales que aguardaban, con Gabriel Bóric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, el rey Felipe VI de España, John Antonio Briceño de Belice, entre otros.
Con el correr de las horas la mayoría de los países y la OEA emitieron comunicados llamando a que se reconozca el proceso democrático en Guatemala y que Arévalo finalmente fuera investido.
Tanto en el Congreso como en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde se esperaba la investidura de Arévalo, había una multitud de manifestantes y se registraron episodios de represión cuando la policía los atacó con gases lacrimógenos y gas pimienta.
Ante el retraso, vicepresidente de la Comisión Europea Borrell Fontelles, impulsó una declaración conjunta de representantes internacionales presentes en respaldo a Bernardo Arévalo, y también se realizó una reunión de emergencia de cancilleres donde se exigía que se avanzara en la toma de protesta.
¡Todo listo para festejar la nueva primavera en Guatemala! 🇬🇹
Nos vemos en la plaza. pic.twitter.com/v9Gu72yi6J
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) January 15, 2024
El retraso impulsado desde la derecha, y con el apoyo del ministerio público fiscal tenía el objetivo de evitar la toma de posesión de Arévalo o de que ocurra en una situación de extrema debilidad para marcarle la cancha al nuevo gobierno desde la hora cero. La propia fiscalía viene emitiendo fallos contra la bancada del partido del presidente electo, Semilla, y dejando en duda la legitimidad del propio Arévalo desde septiembre pasado.
Arévalo de León ganó las elecciones presidenciales de 2023 de la mano del partido Movimiento Semilla, nacido de las manifestaciones contra la corrupción que se registraron en Guatemala en 2015.
Para intentar restarle más legitimidad a su asunción, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, no se presentó personalmente en el Teatro Nacional para la ceremonia de traspaso e hizo llegar los símbolos institucionales por medio de su secretaria.
La ley guatemalteca estipula que el presidente debía dejar su puesto este domingo, después de asumir sus funciones hace cuatro años, el 14 de enero de 2020, en el inicio de su período como gobernante.
Giammattei hizo una entrega final de su informe final del Gobierno el pasado viernes, pese a que desde que se instauró la apertura democrática (tras los acuerdos de paz) en 1986 todos los presidentes que se despiden han asistido el 14 de enero al Congreso para ser relevados.
Lo que destrabó la maniobra que frenaba la investidura fue la negociación parlamentaria que avanzada la tarde terminó con la elección de uno de los miembros de Semilla para presidir la nueva legislatura.
El diputado del partido de Arévalo, Samuel Pérez Álvarez, fue elegido presidente del Congreso de Guatemala para el período 2024-2025, tras lograr acuerdos con distintas bancadas y sumar los 90 votos necesarios (teiendo en cuenta que el Movimiento Semilla solo cuenta con 23 diputados de los 160 que componen el Organismo Legislativo).
La planilla perdedora, con 75 votos, fue la de la diputada Sandra Jovel, del partido Valor, de la excandidata presidencial Zury Ríos, y aliada a la agrupación política Vamos, del presidente saliente, Alejandro Giammattei.
Fueron negociaciones acaloradas que terminaron en la asunción de Arévalo pero donde la derecha tradicional en el congreso y sus aliados en la justicia y la fiscalía buscaron dejar en claro que están dipuestos a poner al nuevo gobierno todos los límites desde el inicio de su mandato y que cada una de sus medidas deberá ser negociada con ellos.
