Transcurre una feroz campaña de criminalización en contra de Alejandro Echevarría, a la par que se extiende la exigencia por su inmediata libertad.
Viernes 26 de enero de 2018
Cinco profesores de Michoacán fueron trasladados al Centro de Reinserción Social "David Franco Rodríguez", conocido como "Mil Cumbres" , entre ellos Alejandro Echevarría Zarco, todos fueron detenidos el lunes durante el operativo policial contra el plantón magisterial en la Secretaría de Educación Estatal del estado.
Los trasladados son: Arturo García Martínez de 67 años, Alejandro Echeverría Zarco de 48 años, Netzahualcoyotl Rodríguez Corona de 32 años, René Zaragoza Figueroa de 32 años y Ángel Daniel Valle Trejo de 33 años.
A pesar de que las instalaciones de la secretaría estatal están visiblemente en buenas condiciones y que el plantón magisterial se encontraba fuera de éstas, los agentes del gobierno de Silvano Aureoles argumentan que las afectaciones han sido por 664 mil 500 pesos, por daños a su estructura y en cristales y puertas.
La última semana han sido varios los operativos policiales implementados por el gobierno contra los profesores en lucha, alrededor de 60 han sido detenidos y la mayoría han ido saliendo bajo fianza, pero marcados por procesos penales en curso que los mantendrán como rehenes políticos los próximos meses.
En esta dinámica lograron salir libres cuatro trabajadores de seguridad del edificio, que habían sido detenidos, pero no los cinco profesores. A Alejandro Echevarría le habían fincado los mismos cargos que a todos los liberados, daños a terceros y disturbios en la vía pública, a pesar que él se encontraba a tres calles de la Secretaría de Educación, dentro de su auto particular, acompañando a una maestra a cobrar su salario, pero al ser identificado como "el Mosh", le han fincado cargos evidentemente políticos para criminalizarlo y trasladarlo, entre ellos sabotaje.
El gobierno ha lanzado una brutal represión contra el magisterio, como respuesta a su organización y protestas contra la reforma educativa y por los salarios adeudados que la secretaría se niega a pagar. Tras este ataque inició una fuerte campaña de criminalización por parte del gobierno, políticos serviles al régimen y algunos medios de comunicación, en contra del movimiento y de Alejandro, por su reconocimiento como ex activista de la huelga de la UNAM en 1999.
Mientras se extiende la solidaridad y las protestas por la libertad de los profesores presos, la defensa ya prepara pruebas para pelear por su libertad.
